Año CV Panamá, R. de Panamá miércoles 13 de mayo de 2009

Nº 26280


CONTENIDO


MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
Resolución Nº 01
(De martes 14 de abril de 2009)

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO DGNTI -COPANIT 81-2009. SISTEMA DE BARANDAS. CONDICIONES DE SEGURIDAD”.


AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE
Reglamento Nº CNA-002-2009
(De miércoles 22 de abril de 2009)

“POR LA CUAL SE ADOPTAN LAS NUEVAS TARIFAS POR EL DERECHO DE USO DE AGUAS”.


Resolución Nº 0313
(De lunes 4 de mayo de 2009)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA ÁREA PROTEGIDA EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PABLO ARTURO BARRIOS Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES.”


INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
Resolución Nº 109 DG/DAJ
(De lunes 13 de abril de 2009)

"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº60 DG/DAJ DE 17 DE MARZO DE 2008 QUE CREA OFICIALMENTE EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL CARLOS FRANCISCO CHANGMARIN"


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Fallo Nº 431-02
(De miércoles 30 de mayo de 2007)

"DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS CARRILLO GOMILLA EN REPRESENTACION DE MIGUEL BUSH, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL CONTRATO DE CONCESION Nº245 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2001, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y LA SOCIEDAD DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A., PUBLICADO EN LA G.O 24464 DEL 4 DE ENERO DE 2002".


CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resolución Final (Cargo y Descargo) Nº 10-2008
(De lunes 21 de abril de 2008)

"DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. RESOLUCION FINAL (CARGO Y DESCARGO) NÚM.10-2008 DE 21 DE ABRIL DEL 2008, MEDIANTE LA CUAL ABSOLVIÓ DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AL SEÑOR EDEGARDO ALFARO, CON CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL NUM.8-183-836"


REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ
Nota Marginal de Advertencia Nº S/N
(De viernes 16 de mayo de 2008)

"POR LA CUAL SE ORDENA UNA NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA SOBRE LA INSCRIPCION DEL ASIENTO 14870".


COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución CNV Nº 251-08
(De martes 5 de agosto de 2008)

"POR LA CUAL SE DECLARA ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADOS QUE LA SOCIEDAD ANONIMA RITTER FUND INC., CUMPLE CON LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LOS ARTICULOS 134 Y 135 DEL DECRETO LEY Nº1 DE 8 DE JULIO DE 1999".


AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución Nº AN No.2388-ELEC
(De martes 27 de enero de 2009)

“POR LA CUAL SE ORDENA A LAS EMPRESAS DE GENERACIÓN TÉRMICA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ALMACENAMIENTO MÍNIMO DE COMBUSTIBLE”


CONSEJO MUNICIPAL DE ATALAYA / VERAGUAS
Acuerdo Municipal Nº 20
(De martes 1 de abril de 2008)

“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CANCELACIÓN DE LA MARGINAL SOBRE LA(S) FINCA(S) INSCRITA(S) EN EL REGISTRO PÚBLICO, CUYOS PROPIETARIO(S) HAYAN PAGADO LA TOTALIDAD DEL PRECIO AL MUNICIPIO DE ATALAYA”


Acuerdo Municipal Nº 21
(De martes 1 de abril de 2008)

“POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CANCELACIÓN DE LA MARGINAL SOBRE LA(S) FINCA(S) INSCRITA(S) EN EL REGISTRO PÚBLICO, CUYOS PROPIETARIO(S) HAYAN PAGADO LA TOTALIDAD DEL PRECIO AL MUNICIPIO DE ATALAYA"


AVISOS / EDICTOS

 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

REGLAMENTO TÉCNICO

DGNTI-COPANIT 81-2009

Higiene Y Seguridad Industrial

Sistema De Barandas. Condiciones De Seguridad

i.c.s.:91.060.30 / 91.120.01

Primera Actualización

PREFACIO

La Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) es el Organismo Nacional de Normalización encargado por el Estado del Proceso de Normalización Técnica, Evaluación de la Conformidad, Certificación de Calidad, Metrología y Conversión al Sistema Internacional de Unidades (SI).

El Comité Técnico es el encargado de realizar el estudio y revisión de las normas y reglamentos técnicos y está integrado por representantes del sector público y privado.

Esta norma en su etapa de proyecto, ha sido sometida a un período de Discusión Pública de sesenta (60) días, durante el cual los sectores interesados emitieron sus observaciones y recomendaciones.

El Reglamento Técnico DGNTI- COPANIT 81-2009 ha sido oficializada por el Ministerio de Comercio e Industrias mediante Resolución 01 de 14 de abril de 2009, y publicada en Gaceta Oficial Nº_____ del _____ de__________de 2009.

Miembros Participantes del Comité Técnico:

Carlos E. Saldaña

Autoridad del Canal de Panamá

Danly Vergara

Caja del Seguro Social P.S.O

Ramsés R. Ríos

Caja del Seguro Social P.S.O

Leonel Morales

Cámara Panameña de la Construcción

Gabriela A. Rojas H.

Ministerio de Trabajo

Rosalín del C. Méndez S.

Universidad Tecnológica de Panamá

Oscar A. Patiño C.

Universidad Tecnológica de Panamá

Gonzalo Córdoba

Universidad Tecnológica de Panamá

Técnica Normalizadora responsable del Comité Técnico Higiene y Seguridad Industrial. Sistema de Barandas. Condiciones Generales. Lic. Keni Odali. Vergara Fernández.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

RESOLUCIÓN N° 01 PANAMÁ 14 de Abril de 2009

La Viceministra de Industrias y Comercio

En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 93 del Título II de la Ley N° 23 de 15 de julio de 1997, la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI), del Ministerio de Comercio e Industrias, es el Organismo Nacional de Normalización, encargado por el Estado del proceso de Normalización Técnica, y la facultada para coordinar los Comités Técnicos y someter los proyectos de Normas, elaborados por la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, o por los Comités Sectoriales de Normalización a un período de discusión pública.

Que el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 81 2009. Primera publicación Higiene y Seguridad Industria Sistema de Barandas Condiciones Generales, fue a un período de discusión pública por sesenta (60) días. A partir del 12 de noviembre 2008 al 12 de enero 2009.

Que de conformidad al artículo 118 de la Ley citada, las normas técnicas deberán ser oficializadas por el Ministerio de Comercio e Industrias y tendrán vigencia una vez sean publicadas en la Gaceta Oficial.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 81 -2009. Sistema de Barandas. Condiciones de Seguridad de acuerdo al tenor siguiente:

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. SISTEMA DE BARANDAS.

CONDICIONES DE SEGURIDAD.

REGLAMENTO TECNICO

DGNTI-COPANIT 81-2009

OBJETIVO

Este Reglamento Técnico establece las especificaciones técnicas y de instalación que debe cumplir el sistema de barandas donde existe peligro de caída de persona a distinto nivel.

ALCANCE

El presente Reglamento Técnico rige en todo el territorio nacional y aplica en los lugares de trabajo donde se requiera un sistema de barandas para la protección contra la caída de personas, desde una altura de 1,80 m (6 pies) o mayor.

Este Reglamento Técnico se refiere a las barandas de seguridad requeridas en los bordes y huecos de losa, fosos de escaleras y elevadores, rampas de acceso y pasarelas, así como los perímetros de excavaciones.

Este Reglamento Técnico solo aplica a barandas temporales utilizadas para la industria en general y la construcción.

3. NORMAS PARA CONSULTAR

- Guía para la seguridad en la construcción (Compañía de seguros ASSA), III Edición, septiembre de 2000, autores: Arq. Francisco V. Miguez y Arq. Gonzalo J. Barrios D.

- Norma de seguridad sobre protección contra caídas 2600 ess 109, Autoridad del Canal de Panamá.

DEFINICIONES

Para los fines del presente Reglamento Técnico se aplican las siguientes definiciones:

4.1 Sistema de barandas: sistema opcional utilizado en la seguridad colectiva, que tiene por objetivo proteger contra peligros de caída de personas a distinto nivel. Dicho sistema debe estar compuesto como mínimo por los siguientes elementos: Baranda superior, baranda intermedia, rodapiés y postes.

4.2 Baranda superior: elemento superior horizontal que resista las cargas para las que fue diseñado y destinada a proporcionar sujeción utilizando la mano.

4.3 Baranda intermedia: elemento horizontal situado entre la plataforma de trabajo o superficie de tránsito y la baranda superior, asegurando una protección suplementaria.

4.4 Postes: elemento vertical que permite la sustentación del conjunto de elementos horizontales (baranda superior, baranda intermedia y rodapié) del sistema de barandas.

4.5 Rodapié: elemento horizontal sobre la plataforma de trabajo que impide la caída de objetos.

4.6 Peligro: fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de estas.

4.7 Lugares de trabajo: todo aquel lugar, cualquiera sea su denominación, en el que se realicen actividades de producción, comercialización, o prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

4.8 Caída de persona a distinto nivel: caída vertical desde una altura igual o mayor a 1,80 m (6 pies) a un plano inferior al de sustentación.

4.9 Mallas de advertencia: elemento de señalización utilizado para indicar y delimitar las áreas donde exista peligro de caída de persona a distinto nivel.

4.10 Sistema de protección contra caídas: toda guarda de seguridad fija o móvil que se utilice en los lugares de trabajo para la protección individual o colectiva contra caída de personas a distinto nivel.

4.11 Factor de seguridad: la relación entre la resistencia máxima a ruptura o falla de un miembro, pedazo de material, o equipo y la carga de trabajo normal o segura durante el uso.

5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE BARANDAS.

5.1 Contar con la capacitación y entrenamiento sobre los sistemas de barandas, lo cual debe ser comprobado.

5.2 Conocer y cumplir con los requisitos de instalación y desinstalación del sistema de barandas.

5.3 Efectuar la operación de mantenimiento preventivo al sistema de barandas y reemplazar los elementos cuando se observe deterioro.

5.4 Al momento de instalar y desinstalar el sistema de barandas el trabajador responsable debe utilizar el sistema de protección contra caídas, de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento establecidos por el fabricante y las normas y reglamentos vigentes.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE BARANDAS

6.1 El sistema de barandas debe ser de materiales que garanticen resistencia e integridad estructural tales como: acero, aluminio, madera u otros materiales. Estos sistemas deben ser diseñados por un ingeniero idóneo y competente.

6.2 En caso de fabricar barandas con piezas de madera, éstas deben estar libres de rajaduras, nudos, sin pandeos y libres de todo material o sustancia que afecte su resistencia. Cuando el sistema de baranda sea de madera, los postes deben ser de piezas de 0.05 m x 0.10 m como mínimo (2 plg x 4 plg).

6.3 La altura de la baranda superior del sistema de barandas deberá ser como mínimo 1,07 ± 0.07 m (42 ± 3 plg) a partir de la superficie de trabajo.

6.4 Entre la baranda superior y la superficie de trabajo deben colocarse barandas intermedias; la cual debe estar instalada a la mitad de la distancia entre la baranda superior y la plataforma de trabajo o superficie de tránsito.

6.5 Podrán colocarse adicionalmente mallas, pantallas o elementos verticales entre los postes. Cuando se utilicen adicionalmente mallas o pantallas, deberán colocarse entre la baranda superior y el rodapiés a todo lo largo de la baranda, entre los postes. Cuando se instalen elementos verticales entre los postes, tendrán una separación máxima de 0.50 m (19 plg).

6.6 El rodapiés estará formado por un elemento continuo y sólido, en caso de tener aberturas, éstas serán menores de 2,54 cm (1 plg); su altura estará entre 0.09 a 0.15 m (3,5 plg a 6 plg), con una separación de la superficie de trabajo de 0,60 m (1/4 plg) como máximo. Este debe soportar una fuerza de trabajo horizontal hacia fuera o vertical hacia abajo de 23 kg (50 lbs).

6.7 El sistema de barandas deberá tener un acabado sin aristas vivas que proteja a los trabajadores de punzadas, cortes y laceraciones, además debe evitar el enganche de la ropa.

6.8 Las terminaciones laterales de las barandas no deben sobrepasar los extremos de los postes a menos que las mismas no representen ningún peligro.

6.9 La baranda superior, barandas intermedias y rodapié deben de estar fijados a la parte interior de los postes, para su efectivo funcionamiento en caso de impacto contra el mismo.

6.10 La baranda superior debe ser capaz de soportar sin falla, una fuerza de trabajo mínima de por lo menos 100 kg. (200 libras) aplicadas tanto hacia afuera como hacia abajo, independientemente. En el caso de la fuerza horizontal, esta debe aplicarse dentro de los 5,0 m (2 plg) del tope del borde superior; y en el caso de la fuerza vertical, esta se aplica sobre cualquier punto a lo largo de la baranda hacia abajo.

6.11 La baranda intermedia debe resistir sin falla una fuerza estática de trabajo mínima de 70 kg. (150 libras) aplicada en cualquier punto a lo largo de la baranda, tanto hacia afuera como hacia abajo, independientemente.

6.12 Cuando la fuerza se aplica hacia afuera horizontalmente, la deflexión del poste no será mayor de 0.02 H, donde H es la altura de la baranda donde se aplica la fuerza. En el caso de las barandas cuando se aplique la fuerza, hacia afuera o hacia abajo, la deflexión no será mayor de L/360, donde L es la distancia libre entre los postes.

6.13 El sistema de baranda debe tener un factor de seguridad FS = 2,5 con respecto a las fuerzas de trabajo indicadas para la baranda superior. Esto significa que la baranda no puede colapsar con una fuerza menor de 250 kg (500 libras).

7. OTRAS DISPOSICIONES

7.1 En el Anexo Informativo A, de este documento, se presentan ejemplos de sistemas que cumplen con las disposiciones de esta norma.

7.2 El sistema de barandas debe ser instalado como mínimo a 0,60 m (24 plg) horizontalmente desde el punto donde exista peligro de caída de personas a distinto nivel.

7.3 Las mallas de advertencia no son consideradas un sistema anticaídas, sino una señalización de zonas que representan peligros de caídas de personas a distinto nivel.

7.4 Se podrá colocar sistemas de barandas en el borde de la losa, siempre y cuando sean de elementos prefabricados y cuenten con un dispositivo mecánico manual que le permita arriostrarse de forma segura y rígida a la estructura con las instrucciones del fabricante o lo especificado por el ingeniero estructural.

7.5 El sistema de barandas se removerá sólo en aquellos casos que se requiera el paso de personas, equipos o herramientas, traslado de materiales o cuando inicie una actividad específica, y deberá ser reinstalado en su lugar una vez finalice la actividad que dio lugar a su remoción temporal. Para ello se debe señalizar el área de trabajo y el trabajador usar el sistema de protección contra caída durante la remoción (arnés, cuerda salva vida, línea de vida y puntos de anclaje).

7.6 En sistema de baranda debe conectar rígidamente a los postes de la baranda a la estructura de soporte. El anclaje puede realizarse con alguna de las siguientes opciones:

botas con pernos de anclaje

platos y muletillas de madera

platos soldados a postes con pernos de anclaje

prensas, u

otros mecanismos funcionales que cumplan con el punto 7.7 de este Reglamento Técnico.

7.7 El sistema de anclaje debe garantizar la resistencia a la fuerza de 100 Kg. (200 libras), aplicadas al sistema de barandas, según el Reglamento Técnico. En este caso, los anclajes deben diseñarse con un factor de seguridad de 2,5.

8. BIBLIOGRAFÍA

Nota técnica NTP-123: Barandillas, redactor: Juan J. Bellmunt Bellmunt Arquitecto técnico, ibermutuamur.

Convención colectiva de trabajo celebrada entre capac y suntracs (2002 2006), tomo III, reglamento de seguridad y salud ocupacional.

Code of Federal Regulation 29CFR -1926 Construction.

Code of Federal Regulation 29 CFR 1910 General Industry.

Diccionario ilustrativo océano, de la lengua española.

Océano uno color Diccionario enciclopédico, edición 1999.

ANEXO INFORMATIVO A

BARANDAS Y RODAPIES ACEPTADOS INDUSTRIALMENTE

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ARTICULO SEGUNDO: Corresponde al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y a la Caja de Seguro Social (CSS), realizar las verificaciones de cumplimiento de lo establecido en este Reglamento Técnico; y aplicar las sanciones según lo establecido en el Código de Trabajo de Panamá, en el Reglamento de seguridad de la Construcción Decreto Ejecutivo No. 2 de 15 de febrero de 2008 y en el Reglamento General de Higiene y Seguridad de la Caja del Seguro Social según aplique.

ARTICULO TERCERO: El Laboratorio de la Universidad Tecnológica de Panamá es el autorizado para realizar las pruebas de verificación de las especificaciones técnicas de los Sistemas de Barandas establecidos en este Reglamento Técnico.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARÍA INES CASTILLO DE SANMARTIN

Viceministra de Industrias y Comercio

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ

CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE

RESOLUCIÓN CNA No. 002-2009.

Por la cual se adoptan las nuevas tarifas por el derecho de uso de aguas

EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE,

en uso de sus facultades legales y,

C O N S I D E R A N D O:

Que la Constitución Política de la República de Panamá, establece, en su artículo 118 el deber fundamental del Estado de garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana.

Que el artículo 5 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, crea la Autoridad Nacional del Ambiente como la entidad autónoma rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional del ambiente.

Que el artículo 14 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, crea el Consejo Nacional del Ambiente, que tendrá como parte de sus funciones la de fijar las tarifas por el uso de los recursos hídricos propuestas por el Administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente.

Que el artículo 81 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, señala que el agua es un bien de dominio público en todos sus estados. Su conservación y uso es de interés social. Sus usos se encuentran condicionados a la disponibilidad del recurso y a las necesidades reales del objeto a que se destinan.

Que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), como entidad autónoma rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, es la encargada de otorgar el derecho de uso o descarga de aguas, que estén fuera de jurisdicciones especiales, siguiendo el proceso descrito en el Decreto Ejecutivo 70 de 27 de julio de 1973.

Que el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (PNGIRH) constituye uno de los elementos centrales para la modernización del marco instrumental constituyendo la cuenca hidrográfica como la unidad de planificación ambiental para desarrollar la Estrategia de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, desde una perspectiva multidisciplinaria con un enfoque integral.

Que el Plan Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos presenta una oportunidad a Panamá, para consolidar el uso de instrumentos económicos en la gestión del agua.

Que el establecimiento de una tasa por uso del agua, su actualización, y la implementación de un instrumento legal para instaurar la figura de la tasa ambiental por vertidos permitirán generar los recursos necesarios para conocer la oferta de agua, administrar este recurso, y pagar por la protección de la cuenca hidrográfica. Al mismo tiempo enviará la señal correcta a los usuarios en el sentido de que el agua tiene valor lo que promoverá su uso más efectivo y la conservación del recurso.

Que parte del componente de valorización económica del recurso hídrico determinó, que la actual tarifa del uso del agua esta subvalorada, en cuanto al uso hidroeléctrico, industrial y turístico.

Que la consultoría titulada Propuesta de Régimen Económico y Financiero del Uso del Agua en Panamá fechada 10 de marzo de 2003, señala que El actual régimen de tarifas sobre el agua cruda existente en Panamá necesita reformarse .

Que las tarifas por el derecho de uso de aguas, se encuentran establecidas en la Resolución AG-0247-2005 Por la cual se adoptan, de manera transitoria, las tarifas por el derecho de Uso de Aguas de fecha veintiocho (28) de abril de 2005 y publicada el diez (10) de junio de 2005.

Que para el otorgamiento de permisos y concesiones se requiere del cobro por el derecho de utilización del recurso, por lo que se han establecido tarifas en concepto de uso de aguas.

Que se hace necesario establecer de manera formal las tarifas que la Autoridad Nacional del Ambiente, aplicará para el otorgamiento del derecho de uso de aguas, por lo que se adoptarán aquellas que se plantean en la parte resolutiva de la presente Resolución.

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1: Adoptar las siguientes tarifas por el derecho de Uso de Aguas:

No.

Actividad

Valor establecido por unidad de medida

1

Uso Industrial

B/. 0.00330 m3

2

Generación hidroeléctrica

B/. 0.0000318 m3

3

Uso Acuícola

B/. 3.00 /hectárea

4

Uso Agrícola

B/ 1.00/hectárea

5

Uso Doméstico (JAAR-Autoconsumo)

B/.0.000330 m3

6

Doméstico Comercial (urbanizaciones)

B/. 0.00330 m3

7

Uso Pecuario

B/. 0.00330 m3

8

Uso Avícola

B/. 0.00330 m3

9

Turístico y Recreativo

B/.0.00330 m3

10

Bellezas Escénicas (no consuntivo)

B/.0.0000106 m3

ARTÍCULO 2: Esta Resolución deja sin efecto la Resolución N° AG-0247-2005, del veintiocho (28) de abril de 2005.

ARTÍCULO 3: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su promulgación en Gaceta Oficial.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 41 de 1998; Decreto Ley No. 35 de 1966, Decreto Ejecutivo No. 70 de 1973, y demás normas concordantes y complementarias.

Panamá veintidós (22) de abril de dos mil nueve (2009).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

JOSE SIMPSON HIU

Ministro de Economía y Finanzas, Encargado

Presidente del Consejo Nacional del Ambiente, Encargado

RAFAEL MEZQUITA

Ministro de la Presidencia Ministro de la Presidencia

Miembro del Consejo Nacional del Ambiente

ROSARIO TURNER

Ministra de Salud

Miembro del Consejo Nacional del Ambiente

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE

RESOLUCIÓN AG-0313-2009

Por medio de la cual se declara área protegida el Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios y se establecen otras disposiciones

La Suscrita Ministra en asuntos relacionados con la conservación del ambiente y Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 120 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia .

Que la Ley 6 de 3 de enero de 1989 por la cual se ratificó la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar) establece que cada Parte Contratante de la Convención deberá designar los humedales adecuados de su territorio, que se incluirán en la lista de zonas húmedas de importancia internacional .

Que el Municipio de Pedasí mediante Acuerdo Municipal 4 de 11 de febrero de 1992, publicado en Gaceta Oficial No. 22,148 de 21 de octubre de 1992, declaró como Refugio de Vida Silvestre un sector del área y litoral del distrito de Pedasí que incluyen los corregimientos de Mariabé, Pedasí y Purio, al cual denominó Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios, en honor de quien fuera un gran defensor de la naturaleza.

Que la Resolución de Junta Directiva del INRENARE (actual Autoridad Nacional del Ambiente) JD-09-94 de 28 de junio de 1994, en su artículo tercero, establece cada una de las categorías de manejo de las áreas protegidas, y entre ellas define Refugio de Vida Silvestre como aquel que provee la protección de hábitat específicos para la existencia o bienestar sostenido de las especies de flora y faunas migratorias o residentes de importancia nacional o global. El tamaño del área y el manejo especial requerido en ciertas circunstancias estacionales dependerá de los requerimientos de hábitat o características especificas de las especies que serán protegidas .

Que el artículo 4 numeral 3 de la Ley 24 de 7 de junio de 1995 sobre Vida Silvestre de la República de Panamá, establece la competencia de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en el establecimiento y administración de áreas protegidas para la conservación de la vida silvestre.

Que la Convención de Diversidad Biológica ratificada por la República de Panamá a través de la Ley 2 de 12 de enero de 1995, establece la importancia de las áreas protegidas, junto con las iniciativas de conservación, utilización sostenible y restauración del paisaje terrestre y marino general, como componentes fundamentales de las estrategias nacionales y mundiales de conservación de la diversidad biológica.

Que la Ley 9 de 12 de abril de 1995 por la cual se aprueba el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, cuyo objetivo es conservar al máximo posible la diversidad biológica, terrestre y costero-marina, de la región centroamericana, para el beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Que mediante la Ley 41 de 1 de julio de 1998, se crea la Autoridad Nacional del Ambiente, como la entidad autónoma rectora del Estado, en materia de recursos naturales y del ambiente, para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional del ambiente.

Que el artículo 22 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente, establece que la Autoridad Nacional del Ambiente, promoverá el establecimiento del ordenamiento ambiental del territorio nacional y velará por los usos del espacio físico en función de sus aptitudes ecológicas, sociales y culturales, su capacidad de carga, el inventario de recursos naturales renovables y no renovables y las necesidades de desarrollo.

Que la Ley 41 de 1 de julio de 1998 en su artículo 66 crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), conformado por todas las áreas protegidas legalmente establecidas, o que se establezcan por leyes, decretos, resoluciones o acuerdos municipales y delega en la Autoridad Nacional del Ambiente la regulación de dichas áreas protegidas.

Que el Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios tiene una gran importancia ecológica, económica y social sobre el desarrollo de actividades de pesca artesanal de subsistencia, deportiva, además de los múltiples atractivos turísticos que son fuente de las actividades económicas de subsistencia para el corregimiento de Pedasí y poblados aledaños.

Que parte de la zona del litoral de esta área protegida, presenta condiciones muy especiales de fragilidad por sus angostas dunas de arena fina que son formaciones raras y escasas en la zona costeras panameñas y que actúan como barreras naturales contra la erosión; evitando también la salinización en tierra adentro.

Que la conservación y uso sostenible de los recursos de esta área protegida es de suma importancia para resguardar su biodiversidad, manteniendo los procesos ecológicos de los cuales dependen muchas especies de interés comercial de subsistencia y que son la base del sustento de muchas familias en el distrito de Pedasí y alrededores.

Que cientos de pobladores del Municipio de Pedasí enviaron comunicación a la ANAM, solicitando la designación del área protegida Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios como área protegida nacional, elevando su declaratoria de nivel municipal a nivel nacional, como reconocimiento a su excepcional valor y fortaleciendo su protección.

Que las comunidades pertenecientes al Municipio de Pedasí justifican su solicitud en la importancia de regular, controlar, ordenar los recursos y la conservación de dicha área protegida, como generadora de bienes y servicios ambientales que garantizan una vida económica y socialmente próspera para los moradores de esta área.

Que en vista de lo antes expuesto, es necesario fortalecer las acciones de conservación, protección, uso racional y manejo de los ecosistemas y especies que allí habitan, a través de su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

RESUELVE:

Artículo 1: Declarar como área protegida el Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios.

Artículo 2: Ordenar la incorporación del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá que administra la Autoridad Nacional del Ambiente.

Artículo 3: Establecer como Categoría de Manejo, para la gestión administrativa y ambiental del área protegida creada mediante el artículo Primero de la presente Resolución, la de Refugio de Vida Silvestre.

Artículo 4: Establecer como límites del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios los ambientes terrestres, fluviales, estuarinos y marino costeros de la porción de la costa ubicada en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, que colinda al norte con parte del río Purio y el Golfo de Panamá, al este con el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana y el Golfo de Panamá, al sur con Punta Mala y el Océano Pacífico y al oeste con parte de los corregimientos de Purio, Mensabé y Pedasí. El área protegida tiene una extensión de quince mil veintiséis hectáreas con cuatro mil cuatrocientos ocho metros cuadrados aproximadamente (15,026 Ha + 4,408 m2), de las cuales mil ciento diez hectáreas con tres mil quinientos noventa y nueve metros cuadrados (1,110 Ha + 3,599 m2) corresponden a la superficie terrestre, y trece mil novecientos catorce hectáreas con cinco mil cincuenta y siete metros cuadrados aproximadamente (13,914 Ha + 5,057 m2) corresponden a la superficie marina, la cual tiene treinta y cinco punto veinticuatro millas náuticas (35.24 mn), comprendidas entre los siguientes límites:

Inicia en el Punto Nº 1 ubicado en un banco de arena localizado en la desembocadura del Río Purio con coordenada 602918.71 Este y 845205.27 Norte; se continúa en línea recta en dirección Norte 88°35 25 Este una distancia de 627.54 metros, hasta encontrar el Punto Nº 2 con coordenada 603546.06 Este y 845220.72 Norte; continuamos con un rumbo Norte 88°39 52 Este una distancia de 6279.42 metros, hasta localizar la primera boya en superficie marina que representa el Punto Nº 3 con coordenada 609823.77 Este y 845367.06 Norte; desde este punto se prosigue en dirección Sur 00°42 01 Este una distancia de 1531.09 metros hasta la boya que el Punto Nº 4 con coordenada 609842.48 Este y 843836.08 Norte, que es común con el límite de la Reserva de Vida Silvestre (RVS) de Isla Iguana; posteriormente se sigue en dirección Sur 00°07 55 Este una distancia de 1596.96 metros hasta llegar a la boya que es el Punto Nº 5 con coordenada 609846,16 Este y 842239,12 Norte, punto en común con el límite de RVS de Isla Iguana; desde aquí continuamos en dirección Norte 89°52 02 Este una distancia de 919.32 metros encontrando la boya que es el Punto Nº 6 con coordenada 610765,47 Este y 842241.25 Norte, el cual es común con el límite de la Reserva de Vida Silvestre (RVS) de Isla Iguana; desde este punto se prosigue en dirección Norte 89º20 09 Este una distancia de 1634.53 metros hasta encontrar la boya que es el Punto Nº 7 con coordenada 612399.89 Este y 842260.20 Norte; continuamos en línea recta en dirección Sur 28°27 36 Este una distancia de 2498.41 metros encontrando la boya que es el Punto Nº 8 con coordenada 613590.50 Este y 840063.72 Norte; seguimos en dirección Sur 13°55 42 Este una distancia de 2643.72 metros localizando la boya que es el Punto Nº 9 con coordenada 614226.87 Este y 837497.73 Norte; se continúa en dirección Sur 32º00 20 Este una distancia de 5228.80 metros hasta encontrar la boya que es el Punto Nº 10 con coordenada 616998.13 Este y 833063.72 Norte; continuamos en dirección Sur 24º53 28 Este una distancia de 2828.76 metros hasta llegar a la boya que es el Punto Nº 11 con coordenada 618188.74 Este y 830497.73 Norte; ; desde este punto seguimos en dirección Sur 15º45 43 Oeste una distancia de 2644.90 metros hasta la boya que es el Punto Nº 12 con coordenada 617470.27 Este y 827952.28 Norte; se prosigue en línea recta con dirección Sur 06º54 41 Oeste una distancia de 2729.51 metros hasta localizar la boya que es el Punto Nº 13 con coordenada 617141.82 Este y 825242.60 Norte; posteriormente se sigue en dirección Sur 89º49 43 Oeste una distancia de 6856.33 metros encontrando el Punto Nº 14 con coordenada 610285.52 Este y 825222.08 Norte, ubicado en tierra firme al sur de Puta Mala; desde aquí continuamos en dirección Norte 41º15 42 Oeste una distancia de 264.63 metros localizando el Punto Nº 15 con coordenada 610111.00 Este y 825421.00 Norte; continuamos en línea recta con dirección Norte 29º25 16 Oeste una distancia de 197.47 metros hasta llegar al Punto Nº 16 con coordenada 610014.00 Este y 825593.00 Norte; se continua en línea recta en dirección Norte 39°03 37 Oeste una distancia de 535.45 metros, próximo al Río Caldera hasta el Punto Nº 17 con coordenada 609676.59 Este y 826008.77 Norte; desde este punto seguimos en dirección Sur 77º48 54 Oeste una distancia de 483.64 metros, próximo al Río Caldera hasta localizar el Punto Nº 18 con coordenada 609203.85 Este y 825906.69 Norte; desde este punto se prosigue en dirección Norte 39º59 07 Oeste una distancia de 675.16 metros cruzando el cauce del Río Caldera y encontrando el Punto Nº 19 con coordenada 608770.00 Este y 826424.00 Norte; continuamos en línea recta en dirección Norte 54°05 23 Este, una distancia de 571.35 metros, cruzando del cauce de La Quebrada La Charcona hasta llegar al Punto Nº 20 con coordenada 609232.76 Este y 826759.11 Norte; seguimos en dirección Norte 80º58 32 Este una distancia de 793.08 metros hasta el Punto Nº 21 con coordenada 610016.02 Este y 826883.51 Norte; se continúa en línea recta en dirección Norte 03°59 40 Este una distancia de 975.33 metros hasta llegar al Punto Nº 22 con coordenada 610083.96 Este y 827856.47 Norte; de aquí seguimos en dirección Norte 04°44 16 Este una distancia de 854.17 metros para encontrar el Punto Nº 23 con coordenada 610154.51 Este y 828707.72 Norte; continuamos en dirección Norte 27º24 49 Oeste una distancia de 565.82 metros hasta encontrar el Punto Nº 24 ubicado a orillas de la Quebrada El Labarto con coordenada 609894.00 Este y 829210.00 Norte; se prosigue en dirección Norte 27º41 43 Este una distancia de 726.83 metros hasta llegar al Punto Nº 25 con coordenada 610231.81 Este y 829853.56 Norte; desde este punto se prosigue en dirección Norte 56º05 45 Este una distancia de 812.41 metros, cerca a la playa La Garita hasta el Punto Nº 26 con coordenada 610906.09 Este y 830306.73 Norte, cerca de playa La Garita; luego se continúa en línea recta en dirección Norte 11º41 51 Oeste una distancia de 700.83 metros, hasta localizar el Punto Nº 27 con coordenada 610764.00 Este y 830993.00 Norte; posteriormente se prosigue en dirección Norte 27º29 42 Oeste una distancia de 707.34 metros, hasta encontrar el Punto Nº 28 con coordenada 610437.44 Este y 831620.45 Norte; desde este punto continuamos en dirección Norte 50º46 21 Oeste una distancia de 668.44 metros localizando el Punto Nº 29 con coordenada 609919.64 Este y 832043.17 Norte; desde este punto se sigue en dirección Norte 15º48 14 Oeste una distancia de 343.83 metros hasta encontrar el Punto Nº 30 con coordenada 609826.00 Este y 832374.00 Norte; de aquí se continúa en línea recta en dirección Norte 26º49 03 Oeste una distancia de 1269.75 metros para encontrar el Punto Nº 31 con coordenada 609253.15 Este y 833507.19 Norte; seguimos en dirección Norte 36º10 45 Oeste una distancia de 1132.80 metros hasta encontrar el Punto Nº 32 con coordenada 608584.44 Este y 834421.56 Norte; continuamos en dirección Norte 30º48 40 Oeste una distancia de 715.41 metros localizando el Punto Nº 33 con coordenada 608218.00 Este y 835036.00 Norte; se continúa en dirección Norte 41º03 26 Oeste una distancia de 1172.33.metros, encontrando el Punto Nº 34 cerca del Río Pedasí con coordenada 607448.00 Este y 835920.00 Norte; desde este punto se sigue en línea recta en dirección Sur 04º11 57 Oeste una distancia de 550.23 metros hasta el Punto Nº 35 con coordenada 607407.71 Este y 835371.25 Norte; continuamos en dirección Norte 38º14 59 Oeste una distancia de 431.75 metros hasta localizar el Punto Nº 36 con coordenada 607140.42 Este y 835710.31 Norte; seguimos en dirección Sur 41º16 48 Oeste una distancia de 641.80 metros, localizando el Punto Nº 37 con coordenada 606717.00 Este y 835228.00 Norte; desde este punto se continúa en dirección Norte 27º31 53 Oeste una distancia de 418.14 metros, a orillas de La Quebrada Uvero hasta encontrar el Punto Nº 38 con coordenada 606523.72 Este y 835598.79 Norte; desde aquí se continúa en dirección Norte 54º21 23 Este una distancia de 570.08 metros hasta encontrar el Punto Nº 39 con coordenada 606987.00 Este y 835931.00 Norte; se prosigue en dirección Norte 17º31 57 Este una distancia de 544.37 metros hasta encontrar el Punto Nº 40, con coordenada 607150.99 Este y 836450.08 Norte, en la Playa Cocuyo; se continua en línea recta con dirección Norte 26º40 43 Oeste una distancia de 690.42 metros hasta el Punto Nº 41 con coordenada 606841.00 Este y 837067.00 Norte; seguimos en dirección Norte 31º17 07 Oeste una distancia de 788.66 metros hasta encontrar el Punto Nº 42 con coordenada 606431.45 Este y 837740.98 Norte; seguimos en dirección Norte 49º14 11 Oeste una distancia de 612.61 metros hasta el Punto Nº 43 con coordenada 605967.45 Este y 838140.98 Norte; se continúa en línea recta en dirección Norte 18º48 22 Este una distancia de 470.12 metros,, hasta localizar el Punto Nº 44 con coordenada 606119.00 Este y 838586.00 Norte; se prosigue en dirección Norte 21º54 53 Este una distancia de 499.97 metros, hasta llegar al Punto Nº 45 con coordenada 606305.60 Este y 839049.84 Norte; continuamos en dirección Norte 33º29 24 Este una distancia de 406.68 metros hasta localizar el Punto Nº 46 con coordenada 606530.00 Este y 839389.00 Norte; continuamos en dirección Norte 25º13 26 Oeste una distancia de 1494.60 metros, entre las Quebrada La Tina y La Pita hasta el Punto Nº 47 con coordenada 605893.07 Este y 840741.09 Norte; desde este punto continuamos en dirección Norte 29º20 21 Oeste una distancia de 1018.56 metros, hasta llegar al Punto Nº 48 con coordenada 605394.00 Este y 841629.00 Norte; seguimos en dirección Norte 33º19 57 Oeste una distancia de 595.00 metros hasta el Punto Nº 49 con coordenada 605067.05 Este y 842126.12 Norte; se continúa en dirección Norte 26º25 49 Oeste una distancia de 809.74 metros hasta encontrar el Punto Nº 50 con coordenada 604706.63 Este y 842851.22 Norte; continuamos en dirección Norte 03º41 43 Este una distancia de 912.94 metros hasta localizar el Punto Nº 51 con coordenada 604765.47 Este y 843762.26 Norte; seguimos en dirección Norte 70º36 46 Oeste una distancia de 607.80 metros, próximo a una Quebrada Sin Nombre localizando el Punto Nº 52 con coordenada 604192.13 Este y 843964.02 Norte; se prosigue en dirección Norte 78º13 30 Oeste una distancia de 646.74 metros, próximo al cauce de la Quebrada Sin Nombre, encontrando el Punto Nº 53 con coordenada 603559.00 Este y 844096.00 Norte; desde este punto se continúa en dirección Norte 70º06 16 Oeste una distancia de 558.32 metros, hasta el Punto Nº 54 con coordenada 603034.00 Este y 844286.00 Norte; ; seguimos en dirección Sur 12º33 59 Oeste una distancia de 330.93 metros hasta localizar el Punto Nº 55 con coordenada 602962.00 Este y 843963.00 Norte; se continúa en dirección Sur 75º18 32 Oeste una distancia de 454,36 metros hasta llegar al Punto Nº 56 con coordenada 602522.49 Este y 843847.77 Norte; continuamos en dirección Sur 65º44 00 Este una distancia de 787.98 metros, hasta encontrar el Punto Nº 57 con coordenada 603240.85 Este y 843523.92 Norte; desde este punto se prosigue en dirección Sur 24º06 37 Este una distancia de 1363.91 metros hasta localizar el Punto Nº 58 con coordenada 603798.00 Este y 842279.00 Norte; seguimos en dirección Sur 03º08 55 Oeste una distancia de 509.77 metros próximo a una Quebrada Sin Nombre Afluente del Río Mariabé hasta encontrar el Punto Nº 59 con coordenada 603770.00 Este y 841770.00 Norte; se continua en línea recta con dirección Sur 11º19 08 Oeste una distancia de 1088.29 metros hasta el Punto Nº 60 con coordenada 603556.40 Este y 840702.88 Norte; desde este punto continuamos en dirección Norte 89º34 35 Oeste una distancia de 447.80 metros, próximo al cauce del Río Mariabé hasta llegar al Punto Nº 61 con coordenada 603108.61 Este y 840706.19 Norte; continuamos en dirección Norte 36º10 00 Oeste una distancia de 309.44 metros hasta encontrar el Punto Nº 62 con coordenadas 602926.00 Este y 840956.00 Norte; se prosigue en dirección Norte 13º37 59 Oeste una distancia de 551.54 metros, localizando el Punto Nº 63 con coordenadas 602796.00 Este y 841492.00 Norte; de este punto se continúa en línea recta con dirección Norte 08º32 17 Oeste una distancia de 774.58 metros hasta encontrar el Punto Nº 64 con coordenadas 602681.00 Este y 842258.00 Norte; se continúa en línea recta con dirección Norte 25º25 37 Oeste una distancia de 742.97 metros, próximo a una Quebrada Sin Nombre afluente del Río Mariabé hasta encontrar el Punto Nº 65 con coordenada 602362.00 Este y 842929.00 Norte; de este punto se continúa en línea recta con dirección Norte 27º03 42 Oeste una distancia de 877.02 metros, próximo al Río Purio hasta encontrar el Punto Nº 66 con coordenadas 601963.00 Este y 843710.00 Norte; se continúa en línea recta con dirección Sur 68º35 55 Oeste una distancia de 452.18 metros próximo al Río Purio hasta encontrar el Punto Nº 67 con coordenadas 601542.00 Este y 843545.00 Norte; de este punto se continúa en línea recta con dirección Norte 08º06 40 Este una distancia de 425.25 metros, cruzando el Río Purio y la Quebrada Tempisque hasta encontrar el Punto Nº 68 con coordenadas 601602.00 Este y 843966.00 Norte; se continua en línea recta en dirección Norte 61º26 38 Este una distancia de 57.93 metros, hasta encontrar el Punto Nº 69 con coordenadas 601652.88 Este y 843938.31 Norte, en la intersección entre la Quebrada Tempisque, Quebrada Moja Pollo y el Rió Purio, para luego seguir por todo el margen inferior del Río Purio, el cual es límite de Distrito, hasta llegar a su desembocadura y luego se prosigue hasta el Punto Nº 1 con coordenadas 602918.71 Este y 845205.27 Norte, punto que sirvió de origen de esta descripción.

Artículo 5: Establecer como objetivo general del Área Protegida Pablo Arturo Barrios, la conservación y protección de los ecosistemas marino-costeros, (incluyendo playas, dunas, albinas, esteros y manglares), fomentando el uso racional de sus recursos naturales a fin de mantener los procesos evolutivos, ecológicos y culturales, que son la base de los bienes y servicios que este ecosistema nos ofrece para beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Artículo 6: Establecer como objetivos específicos del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios:

Proteger el ecosistema de manglar como fuente de la economía pesquera de las comunidades locales, sin menoscabar la importancia de los demás bienes y servicios que estos nos ofrecen y que son reconocidos como de vital importancia para mantener la calidad de vida de todos los habitantes y la seguridad ambiental del país.

Conservar y proteger la fauna y flora marino-costeras, y los hábitat asociados.

Promover el establecimiento de una red de conectividad que propicie un corredor marino-costero entre las áreas protegidas ubicadas en la costa de la provincia de Los Santos.

Fomentar el desarrollo socioeconómico y cultural de las comunidades relacionadas al área protegida, promoviendo buenas prácticas ambientales de uso de los recursos naturales, con la finalidad de efectuar un aprovechamiento sostenible de los recursos marino-costeros del área protegida.

Promover actividades científicas, investigativas, recreativas y/o educativas con énfasis en la conservación y protección del ecosistema marino costero y de las especies de flora y fauna presentes en el área.

Promover la participación ciudadana de manera activa y transparente en la gestión del área protegida, con el fin de que reconozcan que la misma contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de todos los lugareños.

Artículo 7. Considerar las tierras, bosques y aguas que se encuentran dentro de los límites señalados en el Artículo Cuarto de esta Resolución, como parte del patrimonio natural del país.

Artículo 8. Advertir que las actividades que se realicen en el Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios deberán ser compatibles con la política de protección y conservación de los recursos naturales y culturales que se establece en la legislación vigente y en el Plan de Manejo del área protegida, y deben garantizar el mantenimiento de las características ecológicas de los ecosistemas del área.

Artículo 9. Advertir que las personas con títulos de propiedad y derechos posesorios reconocidos por la autoridad competente, que se encuentren dentro de los límites señalados por la presente Resolución, deberán adoptar las disposiciones sobre uso de la tierra y otras medidas destinadas a proteger la vida silvestre, los suelos, el régimen hidrológico y demás funciones del área protegida.

Artículo 10. Ordenar la adscripción del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios a la Administración Regional de la Autoridad Nacional del Ambiente de Los Santos, a fin de que ésta lleve a cabo, en coordinación con la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la ANAM, la gestión del área protegida y sus recursos naturales.

Artículo 11. Prohibir dentro de los límites del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios aquellas actividades incompatibles con los objetivos detallados en los Artículos Quinto y Sexto de la presente Resolución, así como:

La remoción, tala, desmonte, relleno, desecación, extracción de recursos naturales, así como cualquier otra actividad que afecte el flujo hidrológico de los manglares y demás ecosistemas marino costeros presentes en el área protegida.

La roza y quema de rastrojos mayores de 5 años.

La pesca, salvo la pesca artesanal o de subsistencia debidamente autorizada por la Autoridad Nacional del Ambiente y reglamentada por el Plan de Manejo.

La recolección, captura, caza, transporte y/o comercialización de especimenes, productos y subproductos de la fauna silvestre.

La introducción de especies exóticas.

La extracción o colecta de especies de flora y fauna, excepto para investigaciones autorizadas por la ANAM.

La exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos.

La extracción de objetos arqueológicos, excepto aquellas autorizadas por la Autoridad Nacional del Ambiente y el Instituto Nacional de Cultura.

El establecimiento de actividades e infraestructuras que atenten contra la integridad ecológica, los fines de conservación y uso sostenible del área protegida, salvo las que permita el plan de manejo.

El vertimiento de sustancias que contaminan las aguas marinas y fluviales, tales como agroquímicos, hidrocarburos, aguas servidas (industriales, riego, agropecuarias y domésticas) y otras, sin el debido tratamiento y autorización.

El depósito de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos, y de aguas residuales en cualquier parte del área protegida, excepto en los lugares señalados para tal fin en el Plan de Manejo, previo tratamiento y manejo de los mismos, de conformidad con las normas ambientales establecidas por la Autoridad Nacional del Ambiente.

Cualquier otra actividad que, en base a informes técnicos de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), pueda causar daños al área protegida, a sus ecosistemas marino costeros, ecosistemas asociados o interferir con las acciones de manejo del área protegida.

Artículo 12. Advertir que todo aquel que ejecute actos en contra de la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y vida silvestre del área protegida creada mediante la presente Resolución o contravenga las disposiciones ambientales, será sancionado de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

Artículo 13. Advertir que toda actividad que se realice dentro de los límites del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios, deberá regirse según lo establecido en el Plan de Manejo y/o la normativa de la Autoridad Nacional del Ambiente.

Artículo 14. Advertir que las concesiones de servicios a otorgarse dentro de los límites del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios, además de los requisitos establecidos por la normativa vigente, deberán contar con estudios técnicos previos que demuestren que dichas actividades serán de bajo impacto, que no afectarán negativamente la biodiversidad y ecosistemas del área protegida y que no desmejorarán el paisaje de la misma. De igual manera, las concesiones de servicios en el Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios deberán asegurar el desarrollo socioeconómico y cultural de las comunidades relacionadas al área protegida.

Artículo 15. Establecer, para la conservación, protección, manejo y ordenamiento del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios, los lineamientos y conceptos de uso racional y enfoque ecosistémico definidos por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar).

Artículo 16. Establecer como parte integral de la presente Resolución, el mapa descriptivo con los límites del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios.

Artículo 17. Ordenar la elaboración del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios en un plazo no mayor de dos años a partir de la promulgación de la presente Resolución.

Artículo 18. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

Fundamento de Derecho: Constitución Política de la República de Panamá, Ley 41 de 1 de julio de 1998, Ley 24 de 7 de junio de 1995, Ley 2 de 12 de enero de 1995, Ley 6 de 3 de enero de 1989, Ley 9 de 12 de abril de 1995, Acuerdo Municipal 4 de 11 de febrero de 1992, Resolución de Junta Directiva del INRENARE JD-09-94 de 28 de junio de 1994 y demás normas concordantes y complementarias.

Dado en la ciudad de Panamá, a los __cuatro____ (4) días del mes de __mayo___ de dos mil nueve (2009).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Ligia C. de Doens

Ministra en Asuntos relacionados

con la Conservación del Ambiente

Administradora General

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REPÚBLICA DE PANAMÁ

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

RESOLUCIÓN Nº 109 DG/DAJ DE 13 DE ABRIL DE 2009

"Por la cual se modifica la Resolución Nº 060 DG/DAJ de 17 de marzo de 2008 que crea oficialmente el Premio Nacional

de Literatura Infantil Carlos Francisco Changmarín"

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO,

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES

CONSIDERANDO:

Que corresponde al Instituto Nacional de Cultura (INAC), promover y desarrollar las actividades destinadas a difundir y estimular la Cultura en el territorio nacional, conforme lo establece la Ley No. 63 de 6 de junio de 1974 "Por la cual se crea el Instituto Nacional de Cultura".

Que conforme a lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 3 de la Ley No. 63 de 6 de junio de 1974, es función del Instituto Nacional de Cultura (INAC) crear y adjudicar premios oficiales en materia cultural y artística.

Que mediante Resolución Nº 060-08 DG/DAJ de 17 de marzo de 2008, se crea oficialmente el Premio Nacional de Literatura Infantil Carlos Francisco Changmarín.

Que la Resolución Nº 060-08 DG/DAJ de 17 de marzo de 2008, en su resuelve Primero, establece lo siguiente: "Reconocer oficialmente el Premio Nacional de Literatura Infantil Carlos Francisco Changmarín, en homenaje a tan insigne escritor, folclorista y pintor panameño"; y en su Segundo resuelve: "Otorgar al ganador (a) del Premio Nacional de Literatura Infantil Carlos Francisco Changmarín, la cantidad de Dos Mil Balboas con 00/100 (B/.2,000.00) y un diploma. El (la) ganador (a) será escogido por un jurado compuesto por tres personalidades de reconocidos méritos, designados por el INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INAC)".

Que se requiere modificar el resuelve Primero y Segundo de la Resolución Nº 060-08 DG/DAJ de 17 de marzo de 2008, para cambiar el nombre del concurso.

Por lo antes expuesto, el Suscrito Director General Encargado del Instituto Nacional de Cultura,

RESUELVE:

PRIMERO: Modificar el resuelve Primero y Segundo de la Resolución Nº 060-08 DG/DAJ de 17 de marzo de 2008, los cuales quedarán así:

"PRIMERO: Reconocer oficialmente el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín, en homenaje a tan insigne escritor, folclorista y pintor panameño".

"SEGUNDO: Otorgar al ganador (a) del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín, la cantidad de Dos Mil Balboas con 00/100 (B/.2,000.00) y un diploma. El (la) ganador (a) será escogido por un jurado compuesto por tres personalidades de reconocidos méritos, designados por el INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INAC)".

SEGUNDO: Los puntos del resuelve de la Resolución Nº 060 DG/DAJ de 17 de marzo de 2008 no contemplados en la presente Resolución quedan vigentes e inalterados, todos y cada uno de ellos.

TERCERO: Remitir copia de la presente Resolución a las instancias administrativas correspondientes dentro de la Institución.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Ley No. 63 de 6 de junio de 1974 "Por la cual se crea el Instituto Nacional De Cultura", numerales 3 y 14.

Ley 15 de 8 de agosto de 1994 "Por la cual se aprueba la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y se dictan otras disposiciones".

Decreto 261 de 3 de octubre de 1995 "Por medio de la cual se Reglamenta la Ley 15 de 8 de agosto de 1994 sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos".

Resolución Nº 060-08 DG/DAJ de de 17 de marzo de 2008 "Por la cual se crea oficialmente el Premio Nacional de Literatura Infantil Carlos Francisco Changmarín".

Dado en la ciudad de Panamá, a los trece (13) días del mes de abril de dos mil nueve (2009).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GENARO VILLALAZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

 

REPUBLICA DE PANAMA

ORGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Panamá, treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007)

V I S T O S:

El licenciado Carlos E. Carrillo, actuando en nombre y representación de MIGUEL BUSH, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso administrativa de nulidad con el fin de que se declare nulo, por ilegal, el Contrato de Concesión No.245 de 5 de noviembre de 2001, suscrito por la Nación, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y la sociedad Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A.

La presente demanda fue admitida por medio del auto de 30 de septiembre de 2002 (fs. 232), se le solicitó al Ministro de Economía y Finanzas que rindiera un informe de conducta y se le corrió traslado de la misma a la Procuraduría de la Administración.

Cabe destacar que mediante resolución de 28 de agosto de 2002 (fs.228-230), los Magistrados que integran la Sala Tercera no accedieron a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del Contrato de Concesión No.245 de 5 de noviembre de 2001, suscrito por la Nación, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y la sociedad Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A.

I. La pretensión y su fundamento.

El objeto de la presente demanda lo constituye la declaratoria de ilegalidad del Contrato de Concesión No.245 de 5 de noviembre de 2001, celebrado entre la Nación (a través del Ministerio de Economía y Finanzas) y la sociedad Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A. (DUASA), en la que se le otorga a esta sociedad la concesión de tres (3) globos de terreno nacionales, consistentes en fondo marino con una cabida superficiaria de 5 HAS + 1,162.62 m2, área de ribera de playa con una cabida superficiaria de 5,247.10 m2 y un área costanera con una cabida superficiaria de 1,207.78 m2 que forman parte de la finca No.5005, propiedad de la Nación ubicada en la bahía de Manzanillo, corregimiento de Barrio Norte, Distrito y Provincia de Colón.

Según el recurrente el acto impugnado infringe los artículos 1230 y 1235 del Código Fiscal; los artículos 48 y 52 (numeral 4) de la Ley 38 de 31 de julio de 2000; los artículos 7 (numeral 4), 9 (numeral 1), 10, 16 (numeral 6) y 23 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995; los artículos 26, 27, 29 y 30 de la Ley 41 de 1998; el numeral 2 del artículo 11 de la Ley No.32 de 8 de noviembre de 1984; el numeral 13 del artículo 32 del Decreto Ley No.7 de 10 de febrero de 1998 y el numeral 4 del artículo 16 de la Ley 36 de 6 de julio de 1995.

La primera de estas disposiciones que se considera infringida es el artículo 1230 del Código Fiscal que preceptúa lo siguiente:

Artículo 1230. Las resoluciones y demás actos administrativos que afecten directamente o particularmente a una persona le serán notificadas por correo certificado como acuse del recibo, dentro del término máximo de diez días hábiles a contar desde la fecha en que fueron dictados.

A juicio del recurrente la norma en mención fue conculcada de forma directa por omisión porque no se le notificó personalmente al señor Talal Darwiche, quien también solicitó la concesión sobre la finca dada en concesión, así como tampoco al Ministerio de Educación, pues dentro del área otorgada en concesión se encuentran ubicados dos colegios que con el proyecto se verán afectados. Además, indica que con el edicto con el cual se pretendía dar por notificado a las partes interesadas y que de una u otra manera se vieran afectadas con la ejecución del proyecto, adolece de errores porque no consta diligencias de notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo como lo dice la norma citada y porque las áreas que colindan con el terreno pedido en concesión no fueron mencionados en el edicto.

Otra de las disposiciones citadas como vulnerada por el acto impugnado es el artículo 1235 del Código Fiscal que señala:

Artículo 1235. Cuando la persona que haya de ser notificada en la forma que establece el artículo 1230 de este Código no fuese encontrada, se hará constar esta circunstancia en el expediente.

En este caso, la notificación se hará por edicto, que debe fijarse en la oficina correspondiente durante un plazo de diez días hábiles.

El edicto contendrá la expresión de asunto de que se trate, la fecha y la parte dispositiva de la resolución o del acto administrativo. Una vez hecha así la notificación se agregará el edicto al expediente con la expresión del día y de la hora de su fijación y desfijación.

Desde la fecha y hora de la desfijación se entenderá hecha la notificación .

Argumenta el recurrente que la norma citada fue quebrantada de forma directa por omisión, ya que la solicitud de concesión a favor de Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A., debió notificarse personalmente o por correo certificado al señor Talal Darwiche, así como tampoco existe constancia de que se haya oficiado al Ministerio de Educación para que emitiera su concepto respecto al proyecto que al momento de su ejecución va a afectar varios ejidos de dicho Ministerio. De igual forma, indica que el Edicto No.36 de 21 de julio de 1999 adolece de errores ya que no señala las estructuras físicas colindantes, como lo son los colegios Rufo Garay y José Guardia Vega, ni de la parte que tiene en concesión el señor Talal Darwiche.

De igual forma se estima infringido el artículo 48 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 que dispone:

Artículo 48. Las entidades públicas no iniciarán ninguna actuación material que afecte derechos o intereses legítimos de los particulares, sin que previamente haya sido adoptada la decisión que le sirve de fundamento jurídico. Quien ordene un acto de ejecución material, estará en la obligación, a solicitud de parte, de poner en conocimiento del afectado el acto que autorice la correspondiente actuación administrativa.

Sostiene el recurrente que la norma en mención fue conculcada de forma directa por omisión, dado que no se notificó a los terceros interesados que se vieran afectados por la realización de dicho proyecto. También señala que no se había agotado la vía gubernativa en cuanto a la oposición presentada por el señor Talal Darwiche a la solicitud de concesión otorgada a favor de Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A. y la entidad contratante ordenó la firma y publicación del Contrato de Concesión No.245.

El numeral 4 del artículo 52 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 establece lo siguiente:

Artículo 52. Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados, en los siguientes casos:

1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal;

2. Si se dictan por autoridades incompetentes;

3. Cuando su contenido sea imposible o sea constitutivo de delito;

4. Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales que impliquen violación del debido proceso legal; ...

Afirma la parte actora que la norma citada fue violada de forma directa por omisión, toda vez que el plano aprobado por las autoridades competentes tienen errores y a pesar de ello fue aprobado. Además, el edicto que pretende notificar a los terceros interesados al señalar los límites de cada área, no identifica la estructura física existente producto del contrato de concesión 87 de 3 de agosto de 1995, ni se mencionó como lindero los colegios secundarios José Guardia Vega y Rufo Garay.

También se cita como quebrantado por el acto impugnado el numeral 4 del artículo 7 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 7. Competencia del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

El sistema de contratación pública será realizado en forma descentralizada por las entidades contratantes. El Ministerio de Hacienda y Tesoro, no obstante, será la entidad normativa y fiscalizadora del sistema, sin perjuicio de las funciones de control fiscal que deba ejercer la Contraloría General de la República.

En consecuencia, corresponde al Ministerio de Hacienda y Tesoro:

...

....

....

Ordenar la realización de trámites fijados por los distintos procedimientos de selección de contratista que hayan sido omitidos, u ordenar la corrección o el cese de aquellos realizados en contravención a esta Ley o a su reglamento, de oficio o a petición de cualquiera de los participantes en tales procedimientos. ...

A juicio de la parte actora, la norma transcrita fue quebrantada de forma directa por omisión, ya que se omitió oficiar al Ministerio de Educación. De igual forma, señala que es del conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas que no se había agotado la vía gubernativa sobre la oposición que se había presentado sobre dicha solicitud, por lo que debieron ser suspendidos todos los actos administrativos y sus efectos jurídicos hasta que se resolviera dicho recurso.

Por su parte, el recurrente afirma que el acto demandado vulnera el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995:

Artículo 9. Derechos y obligaciones de las entidades estatales contratantes:

Obtener el mayor beneficio para el Estado o los intereses públicos, cumpliendo con las disposiciones de la presente Ley, su reglamento y el pliego de cargos.

Afirma la parte actora que la norma citada fue conculcada directamente por omisión, puesto que el costo fijado en el contrato de concesión No.245 de 5 de noviembre de 2001 a favor de la sociedad Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A. es de ocho centavo por metro cuadrado, costo inferior a los ya fijados, a pesar de encontrarse ésta en áreas contiguas y cuyas características topográficas del terreno son similares.

Otra disposición que el actor considera como infringido es el artículo 10 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995 que dispone lo siguiente:

Artículo 10. Derechos y obligaciones de las entidades estatales contratantes.

Para la consecución de los fines de que trata el artículo 8, será obligación de las entidades contratantes, obtener el mayor beneficio para el Estado o los intereses públicos, cumpliendo con las disposiciones de la ley, su reglamento y el pliego de cargos.

Sostiene el recurrente que el acto atacado viola directamente por omisión el artículo transcrito, ya que es evidente el perjuicio que va a sufrir el Estado, pues a la empresa Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A. se le fijó un canon de arrendamiento por ocho centésimos de balboa (B/.0.08) por metro cuadrado en perjuicio del Estado, cuando en la concesión otorgada a TALAL ABDHALLA DARWICHE el arrendamiento por metro cuadrado se fijó en cuarenta y cinco centésimos de balboa (B/0.45), estando a un costado de la nueva concesión pedida.

También el recurrente considera que se ha infringido el numeral 6 del artículo 16 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995 que dice:

Artículo 16. Principio de transparencia.

6. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley; igualmente, les será prohibido eludir procedimientos de selección de contratistas y los demás requisitos previstos en la presente ley.

Indica el actor que la norma en mención fue infringido de forma directa por omisión porque no se ha hecho constatar en el expediente de solicitud de concesión a favor de Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A., informes que sustenten que se realizaron diligencias personales de notificación. También indica el recurrente que los informes de avalúo de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales y de ka Contraloría General de la República fijaron un costo por metro cuadrado de ocho centésimos de dólar para el Contrato de Concesión No.245 de 5 de noviembre de 2001 suscrito con Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A., cuando en el mismo área de desarrollo de la Provincia de Colón, el costo por metro cuadrado se ha fijado en precios más altos.

El artículo 23 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998 preceptúa lo siguiente:

Artículo 23. Las actividades, obras o proyectos, públicos y privados, que por su naturaleza, características, efectos, ubicación o recursos pueden generar riesgo ambiental, requerirán de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución de acuerdo con la reglamentación de la presente Ley. Estas actividades, obras o proyectos, deberán someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental, inclusive aquellos que se realicen en la cuenca del Canal y comarcas indígenas.

Afirma la parte actora que el acto impugnado viola de manera directa por omisión el artículo en mención, pues no existe constancia en el expediente que se haya presentado el referido informe de impacto ambiental por parte de la sociedad Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A., ni existe constancia del procedimiento utilizado por la Autoridad Nacional del Ambiente para la aprobación de dicho estudio de impacto ambiental. También señala que el estudio de impacto aprobado excluye una superficie aproximada de 6,199 m2, por lo que no puede aprobarse un proyecto de tal magnitud que no corresponda al área pedida en concesión ni a la otorgada.

El artículo 26 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998 preceptúa:

Artículo 26. Los estudio de impacto ambiental serán elaborados por personas idóneas, naturales o jurídicas, independientes de la empresa promotora de la actividad, obra o proyecto, debidamente certificadas por la Autoridad Nacional del Ambiente.

Indica el recurrente que la norma citada fue quebrantada de forma directa por omisión porque no consta en autos el informe del estudio del impacto ambiental, así como tampoco la Resolución IA-011-97 de 6 de febrero de 1997, emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente, no señala el nombre de la empresa que elaboró el mismo, ni que la misma sea una empresa certificada para elaborar este tipo de informe.

Por su parte, el artículo 27 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998 establece lo siguiente:

Artículo 27. La Autoridad Nacional del Ambiente hará de conocimiento público la presentación de los estudios de impacto ambiental, para su consideración, y otorgará un plazo para los comentarios sobre la actividad, obra o proyecto propuesto, que será establecido en la reglamentación de acuerdo con la complejidad del proyecto, obra o actividad.

Sostiene la parte actora que la norma transcrita fue infringida de forma directa por omisión, dado que no consta la presentación del informe de estudio de impacto ambiental.

El artículo 29 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998 indica lo siguiente:

Artículo 29. Una vez recibido el estudio de impacto ambiental, la Autoridad Nacional del Ambiente procederá a su análisis, aprobación o rechazo. El término para cumplir, ampliar y presentar los estudios de impacto ambiental, será establecido mediante reglamentación de la presente Ley.

El recurrente manifiesta que la disposición en mención fue vulnerada de forma directa por omisión, puesto que la Resolución IA-011-97 de 6 de febrero de 1997, emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente, no incluye un área de aproximadamente 6,199 m2, razón por la cual no debió acogerse dicho informe.

El artículo 30 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998 señala:

Artículo 30. Por el incumplimiento en la presentación o ejecución del estudio de impacto ambiental, la Autoridad Nacional del Ambiente podrá realizar las actividades del proyecto e imponer sanciones según corresponda.

De acuerdo con el demandante, la norma aludida fue infringida directamente por omisión, toda vez que no existe documentación alguna que demuestre que se haya presentado el informe de impacto ambiental requerido, ni para la parte pedida en la solicitud original de concesión de la empresa Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A., ni para los globos identificados como B y C, tal como lo manifiesta la nota de la Autoridad Nacional del Ambiente, por lo que se debe ordenar la suspensión de la obra y la anulación del Contrato de Concesión No.245 de 5 de noviembre de 2001.

El numeral 2 del artículo 11 de la Ley No.32 de 8 de noviembre de 1984 prevé:

Artículo 11. Para el cumplimiento de su misión, la Contraloría General ejercerá las siguientes atribuciones:

...

Fiscalizará, regulará y controlará todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que tales actos se realicen con corrección y según lo establecido en las normas jurídicas respectivas.

La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que ejercerá este último. Esta determinación se hará mediante resolución escrita que expedirá el Contralor General. ...

A juicio del recurrente la norma en mención fue violada directamente por omisión, puesto que la Contraloría General de la República debió haber fiscalizado los bienes dados en concesión de forma más estricta a fin de evitar el perjuicio que se ha causado al Estado como consecuencia de los informes de avalúo que se dieron en los diferentes Contratos de Concesión otorgados.

El recurrente considera como conculcado el numeral 13 del artículo 32 del Decreto Ley No.7 de 10 de febrero de 1998:

Artículo 32. Son funciones de la Dirección General de Recursos Marinos y Costeros:

13. Velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia ambiental y relativas al manejo, conservación, recuperación y explotación del medio ambiente marino. ...

El demandante aduce que se ha quebrantado de forma directa por omisión la disposición transcrita porque no consta en autos el estudio de impacto ambiental ni el procedimiento utilizado por la Autoridad Nacional del Ambiente para aprobar el mismo.

Finalmente, el recurrente considera que se ha infringido el numeral 4 del artículo 16 de la Ley 36 de 6 de julio de 1995:

Artículo 16. Modifícase el numeral 2 y adiciónase los numerales 3 y 4 al Artículo 1 de la Ley 35 de 1963 así:

En general, cualquier otro uso cuya concesión no le corresponda a otra entidad pública.

El Ministerio de Hacienda y Tesoro, al tramitar las solicitudes de concesión, de acuerdo con su naturaleza, consultará y coordinará con el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), o con otras entidades públicas.

Los contratos de concesión deberán ser suscritos por el Ministerio de Hacienda y Tesoro o por el Director General de la Autoridad Portuaria Nacional, según corresponda y refrendados por el Contralor General de la República.

El recurrente considera que la norma transcrita fue infringida de forma directa por omisión, puesto que no se ofició al Ministerio de Educación para que se pronunciara al respecto.

II. Intervención de los terceros interesados.

Observa la Sala que mediante auto de 17 de junio de 2003 se tiene al licenciado Miguel Octavio Miranda Samudio como parte interesada para actuar como tercero coadyuvante en la presente demanda.

En su escrito el licenciado Miranda Samudio le solicita a la Sala que se acojan las declaraciones pedidas en la demanda y se declare la nulidad del Contrato de Concesión No.245 de 5 de noviembre de 2001, suscrito entre la Nación y la sociedad DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ATLÁNTICO, S.A. (DUASA).

Por su parte, el licenciado Martín Ruiz, apoderada judicial de DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ATLÁNTICO, S.A. (DUASA), se opuso a las pretensiones del demandante señalando que, mediante solicitud de 11 de octubre de 1996, se le solicitó al entonces Ministerio de Hacienda y Tesoro la concesión de 5 hectáreas con 8,492.32 m2 consistentes en playa, ribera, fondo de mar y área costera de la finca 5005 del tomo 394 de la Provincia de Colón. Agrega que a raíz de dicha solicitud, la Nación y DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ATLÁNTICO, S.A. celebran el Contrato No.245 de 5 de noviembre de 2001 (G.O.#24,464 de 4 de enero de 2002).

Indica que la Ley 35 de 29 de enero de 1963 no establece los procedimientos de notificación, por lo que es falso que la solicitud de concesión, compra o arrendamiento debe ser notificada personalmente, dado que se desconoce qué personas puedan considerarse.

Por otra parte señala que no existe en el expediente que contienen el trámite aplicado a la concesión impugnada, ninguna solicitud por parte del Ministerio de Educación que solicite dichas áreas en Uso y Administración . Añade que algunos de los terrenos que pretenden ser comparados con los terrenos asignados a DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ATLÁNTICO, S.A. (DUASA), presentan mejoras, plusvalías, condiciones y características categóricamente superiores a los terrenos que les fueron otorgados a DUASA, por lo que no puede homologarse el canon asignado a una u otra concesión.

III. El informe de conducta del Ministro de Economía y Finanzas.

Mediante la Nota No. 102-01-782 DVMF de 11 de octubre de 2002 (fs.235-241, el entonces Vice Ministro de Finanzas rindió su informe de conducta en el que señala que la Ley 35 de 29 de enero de 1963, no establece los procedimientos de notificación, pero la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, en aras de brindarle transparencia al acto ha utilizado para este y otros procesos de concesión, compra y arrendamiento sometido a su consideración como norma supleoria, los artículos 1230 y 1235 del Código Fiscal. Añade que ninguna solicitud de concesión, compra o arrendamiento es notificada personalmente a terceros, dado que se desconoce qué personas pueden considerarse afectadas. Señala que para la notificación de la presente concesión se expidió el Edicto No.36 de 21 de julio de 1999 el cual fue fijado en las oficinas administrativas de Catastro, en la Alcaldía Municipal del Distrito de Colón y publicado tanto en la Gaceta Oficial como en un diario de circulación nacional, por lo que surte efectos de publicidad para informar a la ciudadanía en general del trámite solicitado para poder ser otorgado a personas con legítimo derecho con el fin de que hagan valer los mismos o, en su defecto, el derecho a interponer los recursos legales respectivos. También indica que la Autoridad Nacional del Ambiene evaluó el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A. (DUASA) y no objetó que el área que fuera solicitada en concesión formara parte integral del proyecto originalmente aprobado. Agrega que el fundamento legal para áreas inadjudicables, como es el caso de las áreas solicitadas por la empresa Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A. (DUASA), es la Ley Nº35 de 29 de enero de 1963, reglamentada por el Decreto No.58 de 3 de abril de 1964 y reformada por la Ley No.21 de 16 de febrero de 1974, la Ley No.20 de 30 de diciembre de 1985 y la Ley No.36 de 6 de julio de 1995. Manifiesta que las normas citadas son la base y sustento jurídico para el trámite de todas las concesiones solicitadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas, como norma de carácter especial que regula tales contrataciones y no la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, en cuanto al procedimiento de selección de contratistas, normas disímiles en cuanto al objeto de lo que se contrata.

Finalmente, indica que el demandante reiteradamente hace alusión a que el Ministerio de Economía y Finanzas viola el artículo 48 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, pero pierde de vista que el artículo 209 de dicha Ley señala que la misma comienza a regir a partir del 1º de marzo del año 2001, es decir, mucho tiempo después de haberse surtido la publicación de los edictos que publican la solicitud de concesión de la empresa Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A. (DUASA).

IV. La Vista de la Procuradora de la Administración.

El Procurador de la Administración, mediante la Vista No.495 de 28 de diciembre de 2005, le solicitó a los Magistrados que integran la Sala Tercera que declaren que no es ilegal el Contrato de Concesión Nº245 de 5 de noviembre de 2001, dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas. A su juicio ello es así, pues se cumplió con el procedimiento de publicidad establecido en el artículo 1235 del Código Fiscal para que la persona que estimara afectado su derecho se opusiera dentro del término de los diez días hábiles, lo cual no ocurrió, pues nadie presentó escrito de oposición alguno.

Aunado a lo anterior, señala que se realizaron los trámites administrativos correspondientes para evaluar la solicitud de concesión previstos en la Ley Nº35 de 29 de enero de 1963, reglamentada por el Decreto No.58 de 3 de abril de 1964, modificada por la Ley No.36 de 6 de julio de 1995 y reformada por la Ley No.21 de 16 de febrero de 1974. Además, indica que a la fecha de fijación del Edicto 36 de 1999, la Ley de Procedimiento Administrativo General no había entrado en vigencia, ya que el Libro Primero y Título XV del Libro Segundo de la Ley 38 de 2000 comenzaron a regir cuando fue publicada en la Gaceta Oficial 24,109 el 2 de agosto de 2000 y el resto del Libro Segundo entró a regir el 1º de marzo de 2001.

También señala que los colegios José Guardia Vega y Rufo Garay no pueden oponerse a la solicitud de concesión de la sociedad Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A., ya que según el informe de conducta rendido por el Ministerio de Economía y Finanzas los mismos jamás solicitaron la concesión de las tierras que actualmente ocupan y que son de carácter nacional y, por lo tanto, estos colegios no ostentan derecho alguno que pueda afectarse con el Contrato de concesión impugnado.

Manifiesta que el Ministerio de Economía y Finanzas consideró los avalúos practicados por la Dirección de Catastro y la Contraloría General de la República para determinar el precio por metro cuadrado en el Contrato de Concesión 245 de 2001, por lo que no han sido infringidos el numeral 1 del artículo 9 ni el artículo 10 de la Ley 56 de 1995.

V. Decisión de la Sala.

Cumplidos los trámites correspondientes, la Sala procede a resolver la presente controversia, previa las siguientes consideraciones.

El acto administrativo impugnado lo constituye Contrato de Concesión No.245 de 5 de noviembre de 2001, celebrado entre la Nación (a través del Ministerio de Economía y Finanzas) y la sociedad Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A. (DUASA), en la que se le otorga a esta sociedad la concesión de tres (3) globos de terreno nacionales, consistentes en fondo marino con una cabida superficiaria de 5 HAS + 1,162.62 m2, área de ribera de playa con una cabida superficiaria de 5,247.10 m2 y un área costanera con una cabida superficiaria de 1,207.78 m2 que forman parte de la finca No.5005, propiedad de la Nación ubicada en la bahía de Manzanillo, corregimiento de Barrio Norte, Distrito y Provincia de Colón.

Tal y como lo señala el entonces Viceministro de Finanzas en su informe de conducta, la Ley Nº35 de 29 de enero de 1963, reglamentada por el Decreto No.58 de 3 de abril de 1964, modificada por la Ley No.36 de 6 de julio de 1995, reformada por la Ley No.21 de 16 de febrero de 1974, la ley No.20 de 30 de diciembre de 1985 y la Ley No.36 de 6 de julio de 1995, que son la base y sustento jurídico para el trámite de todas las concesiones sobre áreas inadjudicables (concesión de ocupación de playas), no establece el procedimiento de notificación de las mismas, razón por la cual se utilizan para este propósito como normas supletorias el procedimiento contenido en los artículos 1230 y 1235 del Código Fiscal.

La Sala considera que se cumplió con el principio de publicidad, conforme al procedimiento de notificación dispuesto en el artículo 1235 del Código Fiscal para que la persona que estimara afectado su derecho se opusiera en el término de diez (10) días hábiles, tal como lo dispone la norma en mención. Esto es así, pues la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el Edicto No.36 de 21 de julio de 1999 que fue fijado en los estrados de dicha dirección, en el Municipio de Colón y en la Gaceta Oficial 23,894 de 27 de septiembre de 1999, notificó a los particulares en general de la solicitud efectuada por la sociedad Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A. (DUASA).

En este orden de ideas, cabe señalar que el fundamento legal para la celebración de los contratos de concesión sobre áreas inadjudicables, como es el caso de las áreas solicitadas por la sociedad Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A. (DUASA), es la Ley Nº35 de 29 de enero de 1963, reglamentada por el Decreto No.58 de 3 de abril de 1964, modificada por la Ley No.36 de 6 de julio de 1995, reformada por la Ley No.21 de 16 de febrero de 1974, la ley No.20 de 30 de diciembre de 1985 y la Ley No.36 de 6 de julio de 1995, razón por la que no es aplicable la Ley No.56 de 27 de diciembre de 1995.

En este sentido, la Sala considera oportuno citar parte del fallo de 24 de octubre de 1997, en el que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación a este tema, señaló lo siguiente:

...Ello es así por cuanto mediante la Ley 35 de 29 de enero de 1963 se reglamenta los contratos de concesiones sobre playas. La misma ha sido modificada en distintas ocasiones, la más reciente la constituye la Ley 36 de 1995, que en su artículo 16 modifica el numeral 2 y adiciona los numerales 3 y 4 del artículo 1º de la Ley 35 de 1963, de manera que autoriza al Órgano Ejecutivo a celebrar contratos de concesión de 'obras calificadas de interés público por el Consejo de Gabinete, que también señalará el área de extensión de la concesión, así como el término de su duración' y es precisamente eso lo que hace la resolución de gabinete declarar de interés público un proyecto. También es importante mencionar el artículo 17 de dicha ley que adiciona el artículo 1-A a la Ley 35 de 1963 y que se refiere a la 'ocupación y utilización de las playas, riberas y fondos del mar', por lo que a nuestro juicio la Resolución de Gabinete No. 131 del 13 de junio de 1996 no infringe el Artículo 153 numerales 9 y 15 de la Constitución Nacional, pues la Asamblea Legislativa no tiene que aprobar o improbar un contrato de concesión que ya ha sido previamente reglamentado por dicha Asamblea. No procede, pues, el presente cargo.

Se observa, pues, que la norma que se alega infringida no guarda relación con la resolución impugnada, por cuanto esta última se refiere a un contrato de concesión y no a una obra pública adjudicada bajo licitación o exceptuada de ésta, por lo que no le es dable al demandante alegarla como infringida. Se desestima, pues, el presente cargo.

De esta forma, queda probado que los artículos 7 (numeral 4), 9 (numeral 1), 10, 16 (numeral 6) y 23 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995 que se invocan como infringidos, no son aplicables al supuesto cuestionado, de allí que no hayan podido ser transgredidos.

Por otro lado, es importantísimo destacar que al inicio del trámite de notificación, es decir, al momento en que se fija el Edicto No.36 de 1999, la Ley 38 de 31 de julio de 2000 (Ley de Procedimiento Administrativo General) no había entrado en vigencia, pues el Libro Primero y Título XV del Libro Segundo de la Ley en mención comenzó a regir cuando fue publicada en la Gaceta Oficial #24,109 el 2 de agosto de 2000, y el resto del Libro Segundo comenzó a regir el 1º de marzo de 2001, en atención a lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley 38 de 2000. Por lo tanto, no prosperan los cargos endilgados a los artículos 48 y 52 (numeral 4) de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, pues al momento de fijarse el Edicto No.36 de 21 de julio de 1999 no se encontraban vigentes los artículos en mención al conformar parte del articulado del Titulo I y II del Libro Segundo de la Ley 38 de 2000.

La Sala considera que tampoco se ha producido la supuesta infracción de los artículos 26, 27, 29 y 30 de la Ley 41 de 1998, toda vez que las actuaciones administrativas se ajustaron al procedimiento legal contenido en dicha Ley. Esto es así, pues a foja 316 del expediente reposa la Nota DINEORA-DEIA-131 de 28 de enero de 2002, suscrita por el Director Nacional de la Autoridad Nacional del Ambiente, en la que certifica que la sociedad Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A. sometió a evaluación el 3 de diciembre de 1996 el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto urbanístico Costa Marina que consistía en un relleno de aproximadamente 5 Has. + 1418 m2 que estaba proyectado a construirse sobre el lecho de la Bahía Manzanillo en el distrito y provincia de Colón y, además, certifica que el referido estudio fue aprobado a través de Resolución No.IA-011-97 de 27 de febrero de 1997 y en la actualidad se encuentra vigente. De igual forma, la Autoridad Nacional del Ambiente, mediante la Nota No.DINEPA-181 de 4 de febrero de 2000, le informa al la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales que sobre los Globos B y C no existe objeción que los mismos pasen a formar parte integral del proyecto en mención, siempre y cuando cumplan con todas las normas legales.

Tampoco se ha infringido el numeral 2 del artículo 11 de la Ley No.32 de 8 de noviembre de 1984, ya que la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales envió, mediante Nota 501-01-2489 de 5 de noviembre de 2001, la información obtenida con la solicitud de refrendo del Contrato de Concesión 245 de 2001, el cual fue devuelto con su respectiva aprobación por medio de la Nota No.4961-Leg. de 22 de noviembre de 2001, por lo que se infiere claramente que previo al refrendo del Contrato de Concesión 245 de 2001, la Contraloría General de la República verificó que el Ministerio de Economía y Finanzas cumplió con el procedimiento de concesión para la ocupación de playas y que el avalúo catastral para establecer el canon de arrendamiento fuera de interés público.

En cuanto a la supuesta infracción del numeral 13 del artículo 32 del Decreto Ley No.7 de 10 de febrero de 1998, la Sala considera que la misma no se ha producido porque la Dirección Nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales cumplió con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 35 de 1963, modificado por la Ley 36 de 1995, pues consultó y coordinó con la Autoridad Nacional del Ambiente el trámite para la aprobación del proyecto a desarrollar por la sociedad Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A.. Esta norma en mención le deja a la Dirección Nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales a su discreción someter a consulta la solicitud de concesión a otras entidades públicas que guarden relación con la actividad a realizar por la peticionaria, lo cual hizo al solicitar al Director General de la Autoridad Portuaria Nacional que exprese sus comentarios técnicos en el área de su competencia sobre el proyecto denominado Costa Marina .

Finalmente, la Sala considera que el Contrato de Concesión 245 no viola el numeral 4 del artículo 16 de la Ley 36 de 6 de julio de 1995, ya que al surtirse los efectos de la publicación del Edicto 36 de 1999, cualquier persona podía oponerse, hecho que no ocurrió, pues el Ministerio de Educación nunca solicitó la concesión de los terrenos nacionales que ocupan los colegios ubicados en esa área, por lo que no hay derecho alguno que pudiese afectarse. Tal como lo señaló el Viceministro de Finanzas en su informe de conducta, el artículo 8 del Código Fiscal dispone que la administración de los bienes nacionales corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas que los asigna en uso y administración a los diferentes Ministerios, por lo que los terrenos ocupados por los colegios pertenecen a la Nación y no al Ministerio de Educación, quien no solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas el uso y administración sobre dichas áreas que le fueron dadas en concesión a la sociedad Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A.

En virtud de lo antes señalado, la Sala considera que el Contrato de Concesión No.245 de 5 de noviembre de 2001 no infringe los artículos 1230 y 1235 del Código Fiscal; los artículos 48 y 52 (numeral 4) de la Ley 38 de 31 de julio de 2000; los artículos 7 (numeral 4), 9 (numeral 1), 10, 16 (numeral 6) y 23 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995; los artículos 26, 27, 29 y 30 de la Ley 41 de 1998; el numeral 2 del artículo 11 de la Ley No.32 de 8 de noviembre de 1984; el numeral 13 del artículo 32 del Decreto Ley No.7 de 10 de febrero de 1998 y el numeral 4 del artículo 16 de la Ley 36 de 6 de julio de 1995.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Contrato de Concesión No.245 de 5 de noviembre de 2001, suscrito por la Nación, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y la sociedad Desarrollo Urbanístico del Atlántico, S.A.

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL,

VICTOR L. BENAVIDES P.

WINSTON SPADAFORA F.

ADÁN ARNULFO ARJONA L.

JANINA SMALL

Secretaria

 

RESOLUCION FINAL N°10-2008

(CARGO Y DESCARGO)

DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE DOS MIL OCHO (2008).

PLENO

LOURDES I. ARIAS

Magistrada Sustanciadora

VISTOS:

Mediante Resolución de Reparos N°29-2002 de 21 de octubre del 2002, esta Dirección ordenó el inicio del trámite para determinar y establecer la responsabilidad que pueda corresponder a los ciudadanos Edgardo Alfaro y Mauro Salinas, de generales conocidas en autos, por lesión al patrimonio del Estado.

El proceso de responsabilidad patrimonial tuvo como fundamento el Informe de Antecedentes N°09-26-2000/DGA-DEAE, contentivo del resultado de la investigación del proceso de autorización, adquisición, recepción, registro, custodia y utilización de los bienes y los servicios del Fondo de Autogestión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá.

La auditoría fue autorizada por el Contralor General de la República mediante Resolución N°119-2003-DAG de 18 de febrero del 2003, cubriendo el periodo del 1° de enero al 28 de febrero del 2003.

En el presente proceso no se ha omitido el cumplimiento de solemnidades sustanciales que podrían dar lugar a su nulidad, por lo que a tenor del literal a) del artículo 36 del Decreto N°65 de marzo de 1990, se procede a emitir la correspondiente sentencia, previo el siguiente análisis de las constancias procesales.

Conforme a la investigación contenida en el Informe de Antecedentes N°540-190-2005-DAG-DASS de 24 de julio del 2006, existieron irregularidades en el manejo del Fondo de Autogestión descrito como N°05-98-0002-7.

Los auditores exponen lo siguiente:

la pérdida de una cámara fotográfica marca VIVITAR, modelo 4000m por B/. 209.00 asignada al centro de estudiantes y consta su existencia en el Acta de inventario s/n del 9 de marzo y se adquirió con el cheque Num. 1368 del 4 de octubre del 2,001.

Pérdida de una cámara de video filmadora marca SONY por B/. 419.99, modelo CCDTR-4517 y s/n de placa de inventario, asignada al centro de estudiantes y consta en el acta de inventario s/n del 9 de marzo y se adquirió con el cheque Num. 1369 del 4 de octubre del 2,001.

Hurto de equipo de multimedia (DATA SHOW), marca INFOCUS modelo LP-340B por B/. 2,975.00 más ITBM B/. 148.75, totalizando B/. 3,123.75 y de acuerdo a denuncia interpuesta por el Secretario Administrativo, el profesor Edgardo Alfaro este equipo estaba ubicado en el auditorio Gil Blas Tejeira de la Facultad.

Cabe mencionar en este caso lo que establece el código fiscal en el libro 1 capítulo 1 (de la administración) artículo Núm.10.

Las personas que tengan a su cargo la administración de bienes nacionales serán responsables por su valor monetario en caso de pérdida o daño causado por negligencia o uso indebido de tales bienes, aún cuando estos no hayan estado bajo el cuidado inmediato de la persona responsable al producirse la pérdida o el daño De igual forma, a lo que establece la Ley Núm. 11 del 8 de junio de 1981, en el capítulo VI relativo al personal Administrativo, en el artículo Núm. 54 relativo a los deberes de los empleados administrativos en el acápite Núm.6..: Respetar, proteger y conservar el patrimonio universitario .

El informe de antecedentes vinculó al señor Edgardo Alfaro, quien fungía como Secretario Administrativo de la Facultad de Comunicación Social, por no establecer los controles necesarios para la salvaguarda de los activos que ocasionaron la pérdida de un equipo multimedia (data show), sin embargo, la Resolución de Reparos excluyó de la lesión patrimonial este equipo, por considerar que no hubo negligencia ni uso indebido de parte del señor Alfaro.

Al señor Mauro Salinas se le vincula por la pérdida de activos asignados al Centro de Estudiantes, consistente en una cámara de video marca SONY que, según nota Num. 098/SACS/04 emitida por el señor Edgardo Alfaro, fue entregada a una estudiante que a la fecha no ha devuelto este equipo; y, por ser responsable de la custodia de equipos, mobiliarios y enseres del Centro de Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. Tanto al señor Alfaro como al señor Salinas, se les llamó a proceso por la pérdida de las cámaras de video y fotográficas.

Las disposiciones particulares para el manejo de fondos de autogestión, en la Universidad de Panamá están contenidas en el Manual de Procedimientos para el Manejo y Fiscalización de Fondos de Autogestión en la Universidad de Panamá , emitido por la Contraloría General de la República en marzo de 1995, el cual fue implementado mediante Resolución Núm.6/96-GSP del Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá.

El Informe de Antecedentes incorpora los documentos que sustentan que los equipos extraviados eran propiedad de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, entre ellos una cámara fotográfica profesional modelo 4000m marca VIVITAR con un valor de B/. 209.00; una video cámara marca SONY modelo CCDTR - 4517 de un valor de B/.419.99; ambas que se mantuvieron bajo custodia del Centro de Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social.

Los auditores practicaron distintas diligencias encaminadas a esclarecer los hechos que hoy nos ocupan, tales como el interrogatorio escrito que se le suministró al señor Edgardo Alfaro (foja 60), quien manifestó que dentro de sus funciones tenía asignada la custodia de dichos equipos, pero que para garantizar la funcionalidad de alguno de estos equipos como el reproductor multimedia se ordenó la instalación del mismo en el techo del Auditorio Gil Blas Tejeira, dentro de una caja de metal, con su respectiva cerradura y que las llaves de éste y otros candados o lugares de acceso se encuentran en la Secretaría Administrativa de la Facultad, ya que dicho equipo estaba destinado al uso de todo el personal docente y estudiantes; que fue la única pérdida reportada como hurto y de la que se presentó la respectiva denuncia ante la Policía Técnica Judicial. La pérdida de dicho equipo, sin embargo, no fue considerado lesión patrimonial en la Resolución de Reparos.

Respecto a las cámaras de video y fotográfica, manifestó que según información obtenida del Centro de Estudiantes, la cámara fotográfica le fue entregada a una estudiante que la perdió, pero en su lugar la estudiante repuso la cámara PENTAX (foja 25). Este hecho no ha sido acreditado. Y, la cámara de video le fue prestada a otro estudiante que no ha sido localizado ni la ha devuelto.

A la señora Yuli Yim, quien fungiera como secretaria de la Secretaría Administrativa de la Facultad, se le envió nota de comunicación N°727-2006-DAG-DASS, y respondió que tenía acceso a las referidas llaves por la función que desempeñaba, pues en la Secretaría Administrativa se guardaban bajo seguridad las llaves de la Facultad, del Auditorio, entre otros y que apoyaba en ocasiones abriendo algún salón (fojas 73 a 75).

De igual forma se menciona a la señora Ileana Fuentes, quien fungiera como trabajadora manual de la Secretaría Administrativa de la facultad y que mediante nota de comunicación N°728-2006-DAG-DASS se le informara sobre la irregularidad. Ella contestó que su responsabilidad diaria solo era de facilitar las llaves para abrir la facultad y las distintas oficinas, exceptuando el decanato y los laboratorios. Con respecto al auditorio Gil Blas Tejeira, manifestó que solo facilitaba las llaves al personal de limpieza, los docentes y estudiantes, y que no tiene la obligación sobre lo que allí se encuentre, solo que el mismo quede cerrado.

Daniel Alfonso, quien fungiera como Supervisor de Mantenimiento de la Facultad, recibió la nota de comunicación N°729-2006-DAG-DASS, la cual contestó señalando que sus funciones eran referentes al mantenimiento de la infraestructura, mas no del equipo técnico que era de uso constante de los profesores y los estudiantes de la Facultad, y que solo se percataron de que un buen día el proyector no se encontraba en el lugar acostumbrado, por consiguiente procedieron a informar a las autoridades correspondientes (foja 80 a 82).

Luis Domínguez, del Departamento de Mantenimiento de la Facultad de Comunicación Social, a quien se le enviara nota de comunicación N°728-2006-DAG-DASS, respondió que para la fecha del extravío de los equipos ya no laboraba en la Universidad y, por ende, desconoce sobre el hecho, lo poco que sabe lo supo mediante la nota que se le envió (foja 83 a 93).

Bárbara De León estaba encargada de los equipos del laboratorio incluyendo el data show extraviado en el auditorio Gil Blas Tejeira. Explica que dicho equipo fue instalado en el citado Auditorio, al cual ella no tenía acceso, es decir, que fue excluida de su custodia.

De estas declaraciones se logra constatar, que en efecto al señor Edgardo Alfaro Jiménez, como Secretario Administrativo de la Facultad de Comunicación Social, le correspondía tomar las medidas y los controles necesarios para garantizar la tutela de los bienes (fojas 63-64).

Por otro lado, el señor Mauro Salinas, estudiante de la Escuela de Publicidad de la Facultad de Comunicación Social fue designado representante del Centro de Estudiantes, tal como consta de foja 106-108. Recibió nota de comunicación N°2119-2005-DAG-DASS y no ha dado respuesta e, incluso, no se le ha podido ubicar. Como encargado del Centro de Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social tenía la custodia y control de las cámaras fotográficas marca Vivitar y la videocámara marca Sony extraviadas.

El profesor Edgardo Alfaro por intermedio de su apoderado judicial, presentó sendos escritos de descargo y explicaciones, en los que dejó consignados los esfuerzos de su administración para lograr el control de los bienes y finanzas de la Facultad de Comunicación Social, detallando las labores y esfuerzos realizados en conjunto con el Decano y Vicedecano de dicha Facultad.

Aportó, igualmente 14 notas en fotocopias, las cuales contienen una serie de medidas tomadas durante su administración para la salvaguarda de bienes en general y los asignados al Centro Estudiantil de la citada facultad.

Sin embargo, las citadas notas, a pesar que revelan preocupación por la aplicación de un control interno, son posteriores a los hechos investigados y cuestionados en este proceso, con excepción de las notas de fojas 123 y 203 que no se refieren al caso concreto que nos ocupa.

Las declaraciones testimoniales solicitadas por su apoderado judicial no se practicaron por la ausencia del abogado, quien tampoco dejó interrogatorio escrito. Adicionalmente, aportó copia del auto de sobreseimiento emitido a su favor en la jurisdicción penal.

No obstante lo anterior, debe tomarse en consideración que el faltante de las cámaras de video no se dio como consecuencia de la gestión del señor Alfaro. En este sentido, es sabido que la Facultad de Comunicación Social, a petición de los estudiantes, provee al Centro de Estudiantes de equipo idóneo para el desempeño de sus tareas e investigaciones, lo que constituye un aporte de la Universidad de Panamá a favor del estudiantado. En este caso, dicha afirmación quedó corroborada en el Informe de Antecedentes mediante las notas de petición de parte de los estudiantes y las actas de provisión y entrega correspondientes.

El Centro de Estudiantes es atendido por un representante estudiantil escogido bajo la supervisión y fiscalización del respectivo organismo electoral de la Universidad y sus integrantes son reconocidos formalmente por las autoridades de dicha Casa de Estudios. De ahí que el Informe de Antecedentes no cuestione la asignación del equipo al Centro de Estudiantes a cargo del señor Mauro Salinas, quien sí tenía la custodia inmediata de los bienes.

Es por ello, que acorde a las conclusiones del Informe de Antecedentes, debe excluirse de responsabilidad al señor Edgardo Alfaro, por no haberse probado negligencia o uso indebido de su parte, de la cámara digital y de video investigados.

En lo que concierne al señor Mauro Salinas, aunque no es funcionario tenía a su cargo la custodia de bienes públicos, por lo que es considerado un agente de manejo, en atención a lo que establece el artículo 17 de la Ley 32 de 1984. Por lo que, habiéndose acreditado la pérdida de las cámaras de video y filmadora en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, por negligencia en el control de uso, a cargo del prenombrado Salinas, esta Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley;

R E S U E L V E:

Primero: DECLARAR responsable al ciudadano Mauro Salinas, con cédula de identidad personal N°8-84-114, localizable en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, por lesión al patrimonio del Estado, por la suma de setecientos cuarenta y seis balboas con cuarenta y cuatro centésimos (B/.746.44), que comprende la lesión patrimonial de seiscientos veintiocho balboas con noventa y nueve centésimos (B/.628.99) más el interés por la suma de ciento diecisiete balboas con veinticinco centésimos (B/.117.25) calculados a partir de la fecha de la lesión patrimonial ocasionada hasta la fecha de emisión de la presente resolución.

Segundo: ABSOLVER de responsabilidad patrimonial al señor Edgardo Alfaro, con cédula de identidad personal Nº8-183-836, localizable en la Secretaría Administrativa de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá.

Tercero: REMITIR copia autenticada de esta Resolución una vez ejecutoriada y firme, a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas para que proceda a hacer efectivo el cobro de la lesión patrimonial causada, mediante los trámites del juicio de jurisdicción coactiva, tal como lo ordena el artículo 16° del Decreto de Gabinete N°36 de febrero de 1990. En tal sentido, las medidas cautelares ordenadas en el presente proceso son declinadas para que sean asumidas en todos sus efectos legales por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuarto: ADVERTIR al señor Mauro Salinas que cuenta con el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente Resolución, para interponer Recurso de Reconsideración contra la misma.

Quinto: ADVERTIR al señor Mauro Salinas que la presente Resolución también puede ser impugnada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante acción contencioso administrativa de plena jurisdicción. La interposición del recurso a que se refiere el ordinal anterior, no es indispensable para agotar la vía gubernativa.

Sexto: ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares impuestas sobre el patrimonio del señor Edgardo Alfaro, con cédula de identidad personal Nº8-183-836.

Séptimo: OFICIAR a las entidades bancarias y asociaciones de ahorro y préstamos de la localidad, a los tesoreros municipales del país, a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y a la Dirección General del Registro Público, para las anotaciones de rigor y demás fines correspondientes.

Octavo: ORDENAR la notificación de la presente Resolución Final en los términos que establecen los artículos 9° y 17º del Decreto de Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990.

Noveno: ORDENAR el cierre y archivo del expediente, una vez que esta Resolución quede ejecutoriada.

Fundamento de Derecho: artículos 1, 2, 4, 5 y 38 del Decreto 65 de marzo de 1990. Artículos 2, 12, 15, 16 y 17 del Decreto de Gabinete Nº36 de febrero de 1990.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LOURDES I. ARIAS

Magistrada Sustanciadora

LASTENIA DOMINGO

Magistrada

OSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado

MARÍA CRISTINA DOVAL

Secretaria General

 

NOTA MARGINAL DE ADVERTENCIA

REGISTRO PÚBLICO: Panamá, dieciséis (16) de mayo de dos mil ocho (2008).

Se ha presentado Memorial por parte la Lcda. Flor María Vega Carvajal, el día 23 de noviembre de 2007 en el que se advierte de irregularidades en las inscripciones que pesan sobre Finca 2503, inscrita al Tomo 488, folio 562, de la Sección de Propiedad Provincia de Herrera.

De acuerdo al Memorial presentado y según las constancias registrales, se comprueba que al momento de inscribir el Asiento 14870 Tomo 2007, del Diario, bajo el cual ingresa la Escritura Pública 185 de 21 de enero de 2007, de la Notaría de Herrera, por la cual el Banco de Desarrollo Agropecuario concede facilidades crediticias a favor de Víctor De Gracia Navarro y Noemí Isabel De Gracia Rodríguez, por la suma de B/ 13.500.00, inscrito al Documento 1077725, el 31 de enero de 2007, por error se inscribe dicha Hipoteca sobre la totalidad de la finca, cuando, Víctor De Gracia Navarro, solo era propietario de una cuota parte de dicha finca..

Cabe señalar, que en virtud del hecho anterior se comprueba que, la inscripción del Asiento 14870 Tomo 2007, del Diario, se realizó contraviniendo las constancias registrales

POR TAL MOTIVO, ESTE DESPACHO ORDENA: Colocar una Nota Marginal de Advertencia solamente sobre la inscripción del Asiento 14870 Tomo 2007 del Diario, inscrito al Documento 1077725, desde el 31 de enero de 2007, que pesa sobre la finca No.2503, inscrita al Tomo 488, Folio 562, de la Sección de Propiedad, Provincia de Herrera, con fundamento el Artículo 1790 del Código Civil.

Esta Nota Marginal no anula la inscripción, pero restringe los derechos del dueño de tal manera, que mientras no se cancele o se practique, en su caso, la rectificación, no podrá hacerse operación alguna posterior, relativa al asiento de que se trata. Si por error se inscribiera alguna operación posterior, será Nula.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 1795 y 1790 del Código Civil.

CUMPLASE Y PUBLÍQUESE.

Lcdo. Álvaro L. Visuetti Z.

Director General

Katiuska I. Sucre A.

Secretaria de Asesoría Legal/hp

 

REPUBLICA DE PANAMA

COMISION NACIONAL DE VALORES

RESOLUCION CNV No. 251-08

De 05 de agosto de 2008

La Comisión Nacional de Valores, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 define SOCIEDAD DE INVERSIÓN PRIVADA como aquellas sociedades de inversión administradas en la República de Panamá o desde ésta, cuyas cuotas de participación no sean ofrecidas en la República de Panamá y cuyo pacto social, instrumento de fideicomiso o documento constitutivo contenga una de las siguientes disposiciones:

Una disposición que limite la cantidad de propietarios efectivos de sus cuotas de participación a cincuenta, o que obligue a que las ofertas se hagan mediante comunicación privada y no a través de medios públicos de comunicación.

Una disposición que establezca que sus cuotas de participación sólo se podrán ofrecer a Inversionistas calificados en montos mínimos de inversión inicial de cien mil balboas (B/.100,000.00).

Que el artículo 136 del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 establece que antes de iniciar operaciones en la República de Panamá, las sociedades de inversión privada deberán notificar a la Comisión Nacional de Valores del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 134 y 135 del citado Decreto Ley.

Que el día 26 de junio de 2008 la firma forense ALFARO, FERRER & RAMIREZ actuando en su calidad de apoderados legales de la sociedad RITTER FUND INC., presentó ante la Comisión Nacional de Valores formal Notificación de cumplimiento de los artículos 134 y 135 del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999.

Vista la opinión de la Unidad Técnica de Pensiones y Sociedades de Inversión, según informe de fecha 21 de julio de 2008 que reposa en el expediente.

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR estar debidamente notificados que la sociedad anónima RITTER FUND INC., cumple con los requisitos contenidos en los artículos 134 y 135 del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, así como los contenidos en el capítulo VII del Acuerdo No. 5-2004 de 23 de julio de 2004, siendo por ende, una Sociedad de Inversión Privada.

SEGUNDO: ADVERTIR a la sociedad anónima RITTER FUND INC., así como la firma forense ALFARO, FERRER Y RAMIREZ en su calidad de representante de la Sociedad de Inversión Privada, que deberá observar y cumplir con las disposiciones del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 que le sean aplicables, así como los contenidos en el capítulo VII del Acuerdo No. 5-2004 de 23 de julio de 2004.

TERCERO: ADVERTIR al público en general que la presente Resolución no implica que la sociedad de inversión privada se considera como una persona registrada en la Comisión Nacional de Valores, ni se encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión.

CUARTO: ADVERTIR que si la sociedad de inversión privada deja de cumplir con sus obligaciones con arreglo a este Decreto-Ley y sus reglamentos, o si la Comisión lo estima necesario para salvaguardar los intereses del público inversionista, mediante resolución de Comisionados, la Comisión podrá ordenarle a cualquier persona que tenga relación con dicha sociedad de inversión privada que termine dicha relación con el fin de que dicha sociedad de inversión privada deje de ser administrada en la República de Panamá o desde ésta, podrá ordenarle al representante en la República de Panamá que termine su relación con dicha sociedad privada de inversión y podrá ordenar la disolución y la liquidación de dicha sociedad de inversión privada en caso de que ésta estuviese constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá.

QUINTO: ADVERTIR a la sociedad de inversión privada RITTER FUND INC., que podrá operar desde la República de Panamá a partir de la fecha de notificación de la Resolución en la que la Comisión se declara notificada de su existencia.

FUNDAMENTO LEGAL: Título IX, Capítulo III del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 y Capítulo VII del Acuerdo 5-2004 de 23 de julio de 2004.

Se advierte a la parte interesada que contra esta Resolución cabe el recurso de Reconsideración que deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la fecha de su notificación.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JUAN MANUEL MARTANS S.

Comisionado Presidente

ROSAURA GONZALEZ MARCOS

Comisionada Vicepresidente, a.i.

MARELISSA Q. DE STANZIOLA

Comisionada, a.i.

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución AN N° 2388 Elec Panamá, 27 de enero de 2009

Por la cual se ordena a las empresas de generación térmica la adopción de medidas para garantizar el almacenamiento mínimo de combustible

El Administrador General,

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Ley 10 de 22 de febrero de 2006, se reestructuró el Ente Regulador de los Servicios Públicos, bajo el nombre de Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, como organismo autónomo del Estado, con competencia para regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, electricidad, radio y televisión, así como los de transmisión y distribución de gas natural;

Que la Ley No. 6 de 13 de febrero de 1997, modificada por el Decreto Ley No. 10 de 26 de febrero de 1998, "Por la cual se dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad", establece el régimen al que se sujetarán las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, destinadas a la prestación del servicio público de electricidad, así como las actividades normativas y de coordinación consistentes en la planificación de la expansión, operación integrada del sistema interconectado nacional, regulación económica y fiscalización;

Que el artículo 3 de la Ley 6 en referencia, establece que la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma permanente, se consideran servicios públicos de utilidad pública;

Que de acuerdo al numeral 3 del artículo 4 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, el Estado podrá intervenir en los servicios públicos de electricidad para asegurar su prestación eficiente, continua e ininterrumpida;

Que el numeral 1 del artículo 20 de la Ley 6 de 1997, otorga a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (en adelante la ASEP) la función de regular el ejercicio de las actividades del sector de energía eléctrica, para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos y de viabilidad financiera; así como propiciar la competencia en el grado y alcance definidos por dicha Ley;

Que, siendo Panamá un país con clima tropical húmedo, experimenta cambios importantes en la intensidad de las precipitaciones a lo largo de un año, lo cual provoca que en los meses en los cuales se produce escasez de lluvias, los recursos hidráulicos del país mantienen niveles mínimos para operar las centrales hidroeléctricas existentes;

Que el hecho anteriormente planteado ha producido situaciones de emergencia que han puesto en riesgo la continuidad del Servicio Público de Electricidad, afectándose el suministro a los usuarios finales, razón por la cual la ASEP en su calidad de Autoridad Reguladora del servicio público de electricidad tiene el deber de tomar las medidas necesarias que eviten o disminuyan el riesgo de un racionamiento de energía y aseguren el suministro permanente e ininterrumpido del servicio público de electricidad en aras de salvaguardar el interés de la colectividad;

Que dentro de las medidas que se deben adoptar está, entre otras, la de comprometer a las unidades de generación térmica a asegurar, a través de contratos de suministro de combustible, al menos el 50% de dicho requerimiento en el período comprendido entre la semana 1 a la 24, garantizando con ello el abastecimiento de combustible en el período antes mencionado, de acuerdo a la generación estimada para cada unidad de generación térmica realizada por el CND para el período antes mencionado;

Que estas medidas deberán estar vigentes hasta tanto se aprueben los cambios correspondientes en el Reglamento de Operación, de acuerdo a los procedimientos existentes;

Que el numeral 25 del artículo 20 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, establece, entre las atribuciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, realizar en general, todos los actos necesarios para el cumplimiento de las funciones que le asigne la ley, por lo que, el Administrador General,

RESUELVE:

PRIMERO: ORDENAR a las empresas de generación térmica presentar ante el Centro Nacional de Despacho, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la ejecutoría de la presente resolución, un contrato de suministro de combustible que garantice el abastecimiento correspondiente al 50% del consumo resultante de la generación prevista para cada planta, de acuerdo a la estimación de generación realizada por el CND, para el período comprendido entre la semana 1 a la semana 24.  

SEGUNDO: ORDENAR a las empresas de generación térmica que en los años subsiguientes deberán presentar ante el Centro Nacional de Despacho, en los primeros 15 días hábiles del mes de enero, un contrato de suministro de combustible que garantice el abastecimiento correspondiente al 50% del consumo resultante de la generación prevista para cada planta, de acuerdo a la estimación de generación realizada por el CND, para el período comprendido entre la semana 1 a la semana 24.  

TERCERO: ESTABLECER que lo dispuesto en la presente resolución se mantendrá vigente hasta tanto sea modificado el Reglamento de Operación para el cumplimiento de la disposición contenida en el Resuelto PRIMERO de la presente Resolución.

CUARTO: COMUNICAR que la presente Resolución rige a partir de su notificación y la misma admite el Recurso de Reconsideración dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

Fundamento De Derecho: Ley 26 de 29 de enero de 1996, modificada por el Decreto 10 de 22 de febrero de 2006, Ley 6 de 3 de febrero de 1997; Decreto Ley 10 de 26 de febrero de 1998; Decreto Ejecutivo 22 de 19 de junio de 1998.

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE,

VICTOR CARLOS URRUTIA G.

Administrador General

 

ACUERDO Nº 20

De 1 de abril de 2008

Por medio del cual se ordena la cancelación de la marginal sobre la(s) finca(s) inscrita(s) en el Registro Público, cuyos propietario(s) hayan pagado la totalidad del precio al Municipio de Atalaya.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ATALAYA,

En uso de sus facultades delegadas,

CONSIDERANDO:

Que este Concejo Municipal del Distrito de Atalaya, por mandato legal debe velar por el cumplimiento específico de los fines señalados en el Artículo 230 de la Constitución Nacional, referente al desarrollo social y económico de su población.

Que mediante Acuerdo Municipal No. 19 de 6 de agosto de 2003 por el cual se reglamenta el procedimiento de adjudicación de lotes de terreno a favor de sus ocupantes en el Distrito de Atalaya, dentro de la metodología única del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), se establece que sólo podrá cancelarse la marginal inscrita en el Registro Público mediante Acuerdo Municipal, previa certificación del Tesorero Municipal donde conste que el propietario de la finca ha pagado la totalidad del precio al Municipio de Atalaya.

Que este Concejo Municipal, previa presentación de la certificación de la Tesorería Municipal, procede a ordenar la cancelación de la marginal en beneficio del solicitante.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar, como en efecto se ordena, la cancelación de la marginal que pesa sobre la siguiente finca inscrita en la Sección de Propiedad del Registro Público; en atención a certificación presentada por el Tesorero Municipal donde consta la cancelación del precio a favor del Municipio de Atalaya, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 19 de 6 de agosto de 2003:

PROPIETARIO

FINCA

CODIGO

DOCUMENTO

CERTIFICACIÓN

TESORERIA

AIDA ISABEL ANDRADE MARIN

51840

9005

1160795

397

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de este Acuerdo Municipal autenticada por la Secretaría del Concejo al Registro Público, mediante oficio que será confeccionado igualmente por la Secretaría del Consejo Municipal y firmado por el Presidente del Concejo Municipal y el Alcalde del Distrito de Atalaya.

ARTICULO TERCERO: Este Acuerdo Municipal empezará a regir a partir de su sanción.

APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ATALAYA.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal del Distrito de Atalaya a los seis (1) días del mes de ABRIL de dos mil OCHO (2008).

H.R. JUAN POVEDA

Presidente del Concejo Municipal

del distrito de Atalaya.

DEYANIRA ALMENGOR

Secretaria

Sancionado por el Honorable Alcalde del Municipio de Atalaya hoy primero (1) de abril de dos mil ocho (2008):

CELESTINO GONZALEZ

ALCALDE

YELENYS QUINTERO

SECRETARIA

 

ACUERDO Nº 21

De 1 de abril de 2008

Por medio del cual se ordena la cancelación de la marginal sobre la(s) finca(s) inscrita(s) en el Registro Público, cuyos propietario(s) hayan pagado la totalidad del precio al Municipio de Atalaya.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ATALAYA,

En uso de sus facultades delegadas,

CONSIDERANDO:

Que este Concejo Municipal del Distrito de Atalaya, por mandato legal debe velar por el cumplimiento específico de los fines señalados en el Artículo 230 de la Constitución Nacional, referente al desarrollo social y económico de su población.

Que mediante Acuerdo Municipal No. 19 de 6 de agosto de 2003 por el cual se reglamenta el procedimiento de adjudicación de lotes de terreno a favor de sus ocupantes en el Distrito de Atalaya, dentro de la metodología única del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), se establece que sólo podrá cancelarse la marginal inscrita en el Registro Público mediante Acuerdo Municipal, previa certificación del Tesorero Municipal donde conste que el propietario de la finca ha pagado la totalidad del precio al Municipio de Atalaya.

Que este Concejo Municipal, previa presentación de la certificación de la Tesorería Municipal, procede a ordenar la cancelación de la marginal en beneficio del solicitante.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar, como en efecto se ordena, la cancelación de la marginal que pesa sobre la siguiente finca inscrita en la Sección de Propiedad del Registro Público; en atención a certificación presentada por el Tesorero Municipal donde consta la cancelación del precio a favor del Municipio de Atalaya, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 19 de 6 de agosto de 2003:

PROPIETARIO

FINCA

CODIGO

DOCUMENTO

CERTIFICACIÓN

TESORERIA

LUCECITA ARGELIS NIETO CARBAJAL, ALEXIS MENDOZA

46505

9001

867850

396

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de este Acuerdo Municipal autenticada por la Secretaría del Concejo al Registro Público, mediante oficio que será confeccionado igualmente por la Secretaría del Consejo Municipal y firmado por el Presidente del Concejo Municipal y el Alcalde del Distrito de Atalaya.

ARTICULO TERCERO: Este Acuerdo Municipal empezará a regir a partir de su sanción.

APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ATALAYA.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal del Distrito de Atalaya a los seis (1) días del mes de ABRIL de dos mil OCHO (2008).

H.R. JUAN POVEDA

Presidente del Concejo Municipal

del distrito de Atalaya.

DEYANIRA ALMENGOR

Secretaria

Sancionado por el Honorable Alcalde del Municipio de Atalaya hoy primero (1) de abril de dos mil ocho (2008):

CELESTINO GONZALEZ

ALCALDE

YELENYS QUINTERO

SECRETARIA


Avisos

Aviso de Disolucion. Mediante el presente aviso se informa al público en general que mediante Escritura Pública No. 6487 de 5 de mayo de 2009 de la Notaria Novena del Circuito Notarial de Panamá e inscrita a la ficha 297212, documento 1574504 de la Sección Mercantil del Registro Público el día 11 de mayo de 2009, ha sido declarada DISUELTA la sociedad anónima panameña denominada SOLYCLARO, S.A. Publicar una vez L 201-317890.

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Contrato de compra-venta Entre los suscritos a saber Antonio A. Aparicio, varòn panameño con cedula de identidad personal No 6-49-2565, propietario del registro No 3372, expedido por el Ministerio de Comercio e Industria de la Repùblica de Panamá, cuyo nombre comercial se denomina BAR APARICIO registrado en el Registro Comercial el dîa 26 de mayo de 2003, en adelante el vendedor y Marianela Anais Ureña Navarro mujer panameña con cedula de identidad personal No 6-713-2061, en adelante la compradora, establecen lo siguiente, Primero: El Vendedor da en venta a la compradora el negocio antes mencionado con todos los derechos establecidos en la ley. Pedro Alberto Aparicio 6-49-2565 Firmado el Vendedor. Hoy 22 de abril de 2009 Tercera Publicación. L 201-317618.

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AVISO Para cumplir con el artìculo 777 del Código de Comercio, se hace constar que el Aviso de Operación 7-65-721-2008-141368, expedido a favor de SEBASTIÁN BARRÍA MARTÍNEZ, panameño, con cédula de identidad personal 7-65-721, DV 29. Local Comercial denominado BAR LA PASADITA , ubicado en Los Santos, Macaracas, corregimiento de Llano de Piedra, fue comprado por el Señor JOSÉ PÍO SOLÍS PERALTA, panameño, con cedula de identidad personal 7-94-1270 Segunda Publicación. L. 201-317845.


 

Edictos

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. REGIÓN No. 6, BUENA VISTA COLÓN DEPARTAMENTO DE REFORMA AGRARIA EDICTO No. 3-74-09. El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Colón al público, HACE SABER: Que el señor (a) GAZY WAKED HATUM, con cédula de identidad personal No. N-19-624, vecino del corregimiento de Barrio Norte, distrito de Colón, provincia de Colón, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 3-149-06 de 27 de Abril de 2006 y según plano aprobado No. 301-11-5310 de 16 de enero de 2009, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra patrimonial adjudicable, con una superficie de 0 Has. + 5520.10 mts2, segregado de la Finca 216, rollo 24,816, doc. 3, propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. El terreno esta ubicado en la localidad de Santa Rita Arriba, corregimiento de Sabanitas distrito y Provincia de Colón y se ubica dentro de los siguientes linderos: Norte: David Muñoz Arias. Sur: Hilario Tamayo, Quebrada sin nombre, Eliseo Huertas y otros. Este: Eliseo Huertas y otros, quebrada sin nombre. Oeste: Ahmad Mohamed Waked Feres, servidumbre. Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía de Colón y/ o en la corregiduría de Sabanitas y copia del mismo se le entregará al interesado para que lo haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Buena Vista, a los 6 días del mes de mayo de 2009. (fdo.) Licdo. JUAN ALVAREZ. Funcionario Sustanciador. (fdo.) SOLEDAD MARTINEZ CASTRO. Secretaria Ad-Hoc. L.201-317875.

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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO REGION No 6 BUENA VISTA COLON DEPARTAMENTO DE REFORMA AGRARIA EDICTO No 3-76-09 El suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria en la Provincia de Colòn al pùblico. HACE CONSTAR: Que el señora, MAYRA ESTHER LEZCANO DE RODRÍGUEZ, con Cedula de Identidad personal No. 4-152-825, vecino del Corregimiento de Arraijan, Distrito Arraijan, Provincia de Panamá, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria mediante solicitud de adjudicación No 3-390-07de 30 de julio de 2007, según plano aprobado No. 303-01-5466 del 8 de agosto de 2008, la adjudicación a tìtulo oneroso de una parcela de tierra nacional adjudicable, con una superficie de 6 Has. +3,943.23 Mts. 2, El terreno esta ubicada en la localidad de Mellizos, Corregimiento de Miguel de la Borda, Distrito de Donoso, Provincia de Colòn y comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Mayra Esther Lezcano de Rodríguez, Camino de 10.00 Mts, Ricardo Arturo Porras Nieto, Guillermo Eliécer Gòmez Arauz, Fredy Pereira Gòmez. SUR: Ángel Núñez. ESTE: Ángel Núñez, Fredy Pereira Gòmez OESTE: Mayra Esther Lezcano de Rodríguez, Ángel Núñez. Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este Despacho en la Alcaldía de Colòn o en la corregidurìa de Sabanitas y copia del mismo se entregaran al interesado para que las haga publicar en los òrganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artìculo 108 del código Agrario. Este edicto tendrà una vigencia de (15) dìas hàbiles a partir de la ùltima publicación. Dado en Buena Vista , a los 7 dìas del mes de mayo 2009. Danelys R. de Ramìrez Secretaria Ad- Hoc Licdo. Juan Alvarez Funcionario Sustanciador. Unica publicaciòn. L 201-317783

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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO REGION No 6 BUENA VISTA COLON DEPARTAMENTO DE REFORMA AGRARIA EDICTO No 3-77-09 El suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria en la Provincia de Colòn al pùblico. HACE CONSTAR: Que el señora, ANAYANSI DEL CARMEN ANDERSON DE JOSEPHS, con Cedula de Identidad personal No. 3-74-2278, vecino de Nuevo Méjico, Corregimiento de Sabanitas , Distrito Colòn, Provincia de Colòn, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria mediante solicitud de adjudicación No 3-442-08 de 12 de diciembre de 2008, según plano aprobado No. 303-01-5495 del 19 de septiembre de 2008, la adjudicación a tìtulo oneroso de una parcela de tierra nacional adjudicable, con una superficie de 0 Has. +3,244.16Mts. 2, El terreno esta ubicada en la localidad de Mellizos, Corregimiento de Miguel de la Borda, Distrito de Donoso, Provincia de Colòn, comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Camino de 10.00 Mts, Guillermo Eliécer Gòmez Arauz. SUR: Mayra Esther Lezcano de Rodríguez. ESTE: Fredy Pereira Gòmez, Guillermo Eliécer Gòmez Arauz OESTE: Mayra Esther Lezcano de Rodríguez, Anayansi del Carmen Anderson de Josephs. Para los efectos legales se fija este Edicto en lugar visible de este Despacho en la Alcaldía de Colòn o en la corregidurìa de Sabanitas y copia del mismo se entregaran al interesado para que las haga publicar en los òrganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artìculo 108 del código Agrario. Este edicto tendrà una vigencia de (15) dìas hàbiles a partir de la ùltima publicación. Dado en Buena Vista , a los 7 dìas del mes de mayo 2009. Danelys R. de Ramìrez Secretaria Ad- Hoc Licdo. Juan Alvarez Funcionario Sustanciador. Unica publicaciòn. L 201-317784

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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA REGION Metropolitana. EDICTO No 8- AM-058-09 El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Panamá al pùblico. HACE CONSTAR: Que el Señor (a) TILSIA IRENE JORDAN DE HERNANDEZ, Vecinos (a) de SAN VICENTE, Corregimiento CHILIBRE del Distrito de PANAMÁ, Provincia de PANAMA Portadora de la cèdula de identidad personal No 9-124-639, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria mediante solicitud No 8-065-94 del 18 de FEBRERO DE 1994 segùn plano aprobado No 807-15-13627 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1998. la adjudicación del tìtulo oneroso de una parcela de tierra patrimonial adjudicables con una superficie total de 0 Has + 511.39ms que forman parte de la Finca No 6420, inscrita al tomo 206 Folio 252, Propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecurio. El terreno esta ubicado en la localidad de SAN VICENTE, Corregimiento CHILIBRE, Distrito de PANAMÁ Provincia de PANAMA, comprendida dentro de los siguientes linderos. NORTE: CALLE DE TIERRA DE 10.00 METROS DE ANCHO. SUR: ALEJANDRO AIZPRUA. ESTE: SEVERO CHAVEZ. OESTE: GUILLERMINA GUTIERREZ DE GALLARDO. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de PANAMA, o en la Corregidurìa de CHILIBRE y copia del mismo se le entregarà al interesado para que los haga publicar en los òrganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artìculo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrà una vigencia de 15 (15) dìas a partir de la ùltima publicación. Dado en PANAMÁ a los 30 dìas del mes de Abril de 2009. fdo. SRA. JUDITH E. CAICEDO S. Secretaria Ad- Hoc. ING. PABLO E. VILLALOBOS D. Funcionario Sustanciador Unica publicaciòn. L 201-317748

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REPUBLICA DE PANAMA ALCADÌA MUNICIPAL DE PARITA PALACIO MUNICIPAL ERASMO PINILLA CHIARI EDICTO No 012/09 El Suscrito Alcalde Municipal de Parita, al Pùblico hace Saber: Que a èste Despacho se presentò el señor JOSE MERCEDES LOPEZ LOPEZ; con cèdula de identidad personal No 8-264-112, para solicitar la compra de un lote de terreno Municipal, localizado en el Corregimiento de PARITA, Distrito de Parita, Provincia de Herrera, con una superficie de 0 Has.+225.99 mts.2 y que serà segregado de la Finca No. 10071, Tomo No 1335, Folio No. 86 Propiedad del Municipio de Parita, y serà adquirido por JOSE MERCEDES LOPEZ LOPEZ. Los linderos son: Norte: Esther Rodríguez Sur: Gabino Calderón Este: Calle 2 Oeste: Judith Marìa Porcell. Sus Rumbos y medidas son: Estaciò 1-2 Distancia 5.65 Rumbos S 02ª 30 00 W. Estació 2-3 Distancia 9.80 Rumbos N 85ª59 32 W. Estanciò 3-4 Distancia 2.83 Rumbos N 73ª 12 42 W Estanciò 4-5 Distancia 15.48 N 66ª 43 19 W Estaciò 5-6 Distancia 13.42 N 64ª20 55 W Estaciò 6-7 Distancia 5.28 Rumbos N 37ª14 07 E Estaciò 7-8 Distancia 28.46 Rumbos S67ª04 01 E Estaciò 8-9 Distancia 9.68 Rumbos S 84ª40 48 E Con base a lo que dispone el Acuerdo Municipal No 7 del 6 de mayo de 1975, reformado por el Acuerdo Municipal No. 6 de julio de 1976, se fija el Edicto Emplazatorio por 30 dìas, para que dentro de ese plazo de tiempo puedan presentarse las quejas de personas que se encuentra involucradas o afectadas y aleguen algún derecho sobre el lote de terreno solicitado en compra. Copia del presente Edicto se envía a la Gaceta Oficial, Medios de Comunicación para su debida publicaciòn. Dado en Parita a los 6 dìas del mes de marzo 2009 FIDEL ARAUZ F. ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PARITA. EVA E. AVILA DE RIOS SECRETARIA. Unica publicaciòn. L 201-314585

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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO REGION No.2, VERAGUAS EDICTO No.112-2009 EL SUSCRITO SUSTANCIADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS AL PÙBLICO HACE SABER Que el señor (A) JUAN CAMARENA JIMENEZ, vecino de LA PEÑA No.2, Corregimiento LA PEÑA, Distrito de SANTIAGO, Provincia de VERAGUAS, portador de la cèdula No. 9-92-322, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 9-691, plano aprobado No. 910-03-13833, adjudicación de un titulo oneroso de una parcela de tierras baldìas Nacionales, adjudicable, con una superficie de 33 HAS+ 7884.88 M2 ubicadas en LA SUBIDITA, Corregimiento de LA PEÑA, Distrito SANTIAGO, Provincia de VERAGUAS, comprendido dentro de los siguientes linderos. Norte: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMA, DARRYL ALBERTO LOPEZ ABREGO Sur: JUVENCIO CAMARENA Este: JUVENCIO CAMARENA Oeste: CAMINO DE 15.00 MTS. DE ANCHO A OTRS LOTES A LA SUBIDITA. Para los efectos legales se fija este edicto en un lugar visible de este despacho y en la alcaldía del Distrito de SANTIAGO y copia del mismo se entregara al interesado para que las hagan publicar en los òrganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artìculo 108 del código agrario este edicto tendrà una vigencia de 15 dìas hàbiles a partir de la ùltima publicación. Dado en la ciudad de Santiago, 8 dìas del mes de Abril de 2009. MGTER. ABDIEL ABREGO CEDEÑO Funcionario Sustanciador. SRA. ERIKA B. BATISTA Secretaria. Unica publicaciòn L 9023591

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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO REGION No.2, VERAGUAS EDICTO No.111-09 EL SUSCRITO SUSTANCIADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS AL PÙBLICO HACE SABER Que el señor (A) ANDRES AGUSTÍN LOPEZ PEREZ, vecino de LAS AMERICAS No.2, Corregimiento CANTO DEL LLANO, Distrito de SANTIAGO, Provincia de PANAMA portador de la cèdula No. 9-98-351, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 9-782, plano aprobado No. 910-03-13838, adjudicación de un titulo oneroso de una parcela de tierras baldìas Nacionales, adjudicable, con una superficie de 33 HAS+ 8636.49 M2 ubicadas en SAN PEDRITO, Corregimiento de LA PEÑA, Distrito SANTIAGO, Provincia de VERAGUAS, comprendido dentro de los siguientes linderos. Norte: ISIDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JUVENCIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, QUEBRADA LAJAS, CAMINO DE 9.00 MTS DE ANCHO A SAN PEDRITO A ASIENTO BONITO Sur: ROBERTO BERMUDES CAMPOS, ISIDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, AGUSTINA GARCIA JIMENEZ Este: EMILIO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ Oeste: CAMINO DE 9.00 MTS DE ANCHO A SAN PEDRITO A ASIENTO BONITO. Para los efectos legales se fija este edicto en un lugar visible de este despacho y en la alcaldía del Distrito de SANTIAGO y copia del mismo se entregara al interesado para que las hagan publicar en los òrganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artìculo 108 del código agrario este edicto tendrà una vigencia de 15 dìas hàbiles a partir de la ùltima publicación. Dado en la ciudad de Santiago, 8 dìas del mes de Abril de 2009. MGTER. ABDIEL ABREGO CEDEÑO Funcionario Sustanciador. SRA. ERIKA B. BATISTA Secretaria. Unica publicaciòn L 9023380

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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO REGION No.2, VERAGUAS EDICTO No.113-09 EL SUSCRITO SUSTANCIADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS AL PÙBLICO HACE SABER Que el señor (A) DARRYL ALBERTO LOPEZ ABREGO, vecino de LA PEÑA, Corregimiento de LA PEÑA, Distrito de SANTIAGO, Provincia de VERAGUAS, portador de la cèdula No. 9-731-1621, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 9-773, plano aprobado No. 910-03-13823, adjudicación de un titulo oneroso de una parcela de tierras baldìas Nacionales, adjudicable, con una superficie de 5 HAS+ 1724.17 M2 ubicadas en LA SUBIDITA, Corregimiento de LA PEÑA, Distrito SANTIAGO, Provincia de VERAGUAS, comprendido dentro de los siguientes linderos. Norte: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMA Sur: JUAN CAMARENA JIMENEZ Este: JUAN CAMARENA JIMENEZ Oeste: CAMINO A OTROS LOTES A LA SUBIDA, DE 15.00 MTS. DE ANCHO Para los efectos legales se fija este edicto en un lugar visible de este despacho y en la alcaldía del Distrito de SANTIAGO y copia del mismo se entregara al interesado para que las hagan publicar en los òrganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artìculo 108 del código agrario este edicto tendrà una vigencia de 15 dìas hàbiles a partir de la ùltima publicación. Dado en la ciudad de Santiago, 8 dìas del mes de Abril de 2009. MGTER. ABDIEL ABREGO CEDEÑO Funcionario Sustanciador. SRA. ERIKA B. BATISTA Secretaria. Unica publicaciòn L 9023602

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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO REGION No.2, VERAGUAS EDICTO No.114-09 EL SUSCRITO SUSTANCIADOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS AL PÙBLICO HACE SABER Que el señor (A) ANDRES AGUSTÍN LOPEZ PEREZ, vecino de LAS AMERICAS No2, Corregimiento de CANTO DEL LLANO, Distrito de SANTIAGO, Provincia de VERAGUAS, portador de la cèdula No. 9-98-351, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 9-580, plano aprobado No. 909-03-13835, adjudicación de un titulo oneroso de una parcela de tierras baldìas Nacionales, adjudicable, con una superficie de 2 HAS+ 0193.62 M2 ubicadas en EL ALTO, Corregimiento de EL ALTO, Distrito SANTA FE, Provincia de VERAGUAS, comprendido dentro de los siguientes linderos. Norte: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROFORESTAL LA PUENTE Sur: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROFORESTAL LA PUENTE, CAMINO DE 12.00 MTS. DE ANCHO A LA GOLONDRINA A ALTO DEL PITO. Este: CAMINO DE 12.00 MTS DE ANCHO A LA GOLONDRINA A ALTO DEL PITO Oeste: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROFORESTAL LA PUENTE. Para los efectos legales se fija este edicto en un lugar visible de este despacho y en la alcaldía del Distrito de SANTA FE y copia del mismo se entregara al interesado para que las hagan publicar en los òrganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artìculo 108 del código agrario este edicto tendrà una vigencia de 15 dìas hàbiles a partir de la ùltima publicación. Dado en la ciudad de Santiago, 8 dìas del mes de Abril de 2009. MGTER. ABDIEL ABREGO CEDEÑO Funcionario Sustanciador. SRA. ERIKA B. BATISTA Secretaria. Unica publicaciòn L 9023608

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EDICTO No 28 DIRECCION DE INGENIERIA MUNICIPAL DE LA CHORRERA- SECCION DE CATASTRO. ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. EL SUSCRITO ALCALDE DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, HACE SABER QUE EL SEÑOR (A) LEYLA JAEN DE DOMINGUEZ, mujer, panameña, mayor de edad, casada, oficio Estilista de Belleza, residente en Altos del Hipódromo, Calle E , Casa No 130, portadora de cèdula de identidad personal No. 7-83-357. En su propio nombre en representación de su propia persona Ha solicitado a este Despacho que se le adjudique a titulo de plena propiedad, en concepto de venta de un lote de terreno Municipal Urbano, localizado en el lugar denominado CALLE JORGE Y CALLE LEYLA, de la Barriada NUEVA PARC. EL CHORRO, Corregimiento BARRIO COLON, donde SE LLEVARA ACABO UNA CONSTRUCCION distingue con el numero ·············· y cuyo linderos y medidas son las siguientes: NORTE: CALLE JORGE CON: 30.00 mts. SUR: RESTO LIBRE DE LA FINCA 6028 TOMO 194 FOLIO 104 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CHORRERA CON: 30.00 mts. ESTE: CALLE LEYLA CON: 15.00 MTS. OESTE: RESTO LIBRE DE LA FINCA 6028 TOMO 194 FOLIO 104 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA CHORRERA CON: 15.00 mts. AREA TOTAL DE TERRENO CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (450.00MTS.2) con base a lo que dispone el Artìculo 14 del Acuerdo Municipal No.11-A, del 6 de marzo de 1969, se fija el Edicto en un lugar visible al lote de terreno solicitado, por el DIEZ (10) dìas para que dentro dicho plazo o termino pueda oponerse la (s) que se encuentran afectadas. Entrégueseles senda copia del presente Edicto al interesado, para su publicación por una sola vez. En un periódico de gran circulación y en la Gaceta Oficial. La Chorrera 16 de abril de dos mil nueve. ALCALDE LICDO. LUIS A. GUERRA M. JEFE DE LA SECCION DE CATASTRO. SRTA. IRISCELYS DIAZ G. Es fiel copia de su original. La Chorrera, dieciseis (16) de abril de dos mil nueve. SRTA. IRISCELYS DÌAZ G. JEFE DE LA SECCION DE CATASTRO MUNICIPAL Publicar una vez. 201-317622

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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA REGION Metropolitana. EDICTO No 8- AM-061-09 El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Panamá al público. HACE CONSTAR: Que el Señor (a) AMELIA DENIS SÁNCHEZ PINEDA, Vecinos (a) de VILLA GRECIA, Corregimiento de LAS CUMBRES del Distrito de PANAMÁ, Provincia de PANAMA Portadora de la cèdula de identidad personal No 9-139-26 ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria mediante solicitud No AM-267-2006 del 12 de OCTUBRE DE 2006, segùn plano aprobado No 808-16-19245 DEL 11 DE ABRIL 2008, la adjudicación del tìtulo oneroso de una parcela de tierra patrimonial adjudicables con una superficie total de 0 Has + 0,863.29ms que forman parte de la Finca No 19755, inscrita al tomo 475 Folio 338, Propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecurio. El terreno esta ubicado en la localidad de VILLA GRECIA, Corregimiento LAS CUMBRES, Distrito de PANAMÁ Provincia de PANAMA, comprendida dentro de los siguientes linderos. NORTE: QUEBRADA CALDERA. SUR: VEREDA DE 3.25 MTS. DE ANCHO. ESTE: RESTO DE LA FINCA No 19755 OCUPADO POR: MARIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ DE WALLACE. OESTE: RESTO DE LA FINCA 19755- OCUPADO POR: MIGUEL LOPEZ CARRASCO Y VEREDA DE 3.00 MTS. DE ANCHO. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de PANAMA, o en la Corregidurìa de LAS CUMBRES y copia del mismo se le entregarà al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrà una vigencia de 15 (15) dìas a partir de la última publicación. Dado en PANAMÁ a los 05 dìas del mes de MAYO de 2009. fdo. SRA. JUDITH E. CAICEDO S. Secretaria Ad- Hoc. ING. PABLO E. VILLALOBOS D. Funcionario Sustanciador Única publicación. L 201-317883

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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA REGIÓN 5 PANAMA OESTE EDICTO No195-DRA-2009 El suscrito Funcionario de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de PANAMÁ al público. HACE CONSTAR: Que el señor(a) MICHAEL HORT. vecino (a) de BELLA VISTA Distrito de PANAMÀ, Provincia de PANAMÁ portador de la cédula de identidad de personal No E-8-95079 respectivamente han solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria mediante solicitud No 8-5-320-2006 del 5 de JUNIO de 2006 según plano aprobado No 803-07-19015, la adjudicación del título oneroso de una parcela de tierra patrimonial adjudicable con una superficie de 18HAS.+9302.77m2 ubicado en la localidad de CERRO VIEJO Corregimiento de CACAO distrito de CAPIRA Provincia de PANAMÁ, comprendida dentro de los siguientes linderos: GLOBO A NORTE: CAMINO DE TIERRA HACIA CARRETERA PRINCIPAL DE CAIMITO Y A HACIA VISTA ALEGRE. SUR: CELESTINA FERNÁNDEZ CERRO EL VIEJO MANUEL ANTONIO PEREZ. ESTE: JUSTINO MARTINEZ Y QUEBRADA SIN NOMBRE Y CAMINO DE TIERRA HACIA CALLE PRINCIPAL DE CAIMITO. OESTE: HUMBERTO MORAN Y CARRETERA A VISTA ALEGRE. GLOBO B NORTE: BLASINO FERNÁNDEZ Y QUEBRADA SIN NOMBRE. SUR: CAMINO DE 10.00 MTS A VISTA ALEGRE Y A CARRETERA PRINCIPAL DE CAIMITO.ESTE: BENJAMÍN SÁNCHEZ GOMEZ Y QUEBRADA SIN NOMBRE. OESTE: BLASINO FERNÁNDEZ. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de CAPIRA o en la Corregiduría de CACAO Y copia del mismo se le entregará al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicación correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrà una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en CAPIRA, a los 8 del mes de MAYO de 2009. ANIBAL TORRES Secretario Ad-Hoc. Ing. MIGUEL MADRID Funcionario Sustanciador. Publicar una vez L 201-317826.

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REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA REGIÓN No. 5, PANAMÁ OESTE. EDICTO No. 196-DRA-2009. El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Panamá al público. HACE CONSTAR: Que el señor (a) MICHAEL HORTH, vecinos (as) de Bella Vista del Distrito de Panamá, provincia de Panamá, portador de la cédula de identidad personal No. E-8-95079, han solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 8-5-605-2006 del 1 de Noviembre del 2006, según plano aprobado No. 803-02-19014, la adjudicación a título oneroso de una parcela de tierra baldía nacional adjudicable, con una superficie de 1 Has. + 9123.94 M2, ubicada en la localidad de Valdeza, corregimiento Caimito_ distritos de Capira_ Provincia de Panamá comprendido dentro de los siguientes linderos. Norte: MICHAEL HORTH. Sur: MICHAEL HORTH. Este: MICHAEL HORTH. Oeste: MICHAEL HORTH. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del distrito de Capira, o en la corregiduría de Cacao_ copia del mismo se le entregará al interesado para que lo haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Capira a los 8 días del mes de mayo de 2009. (fdo.) ING. MIGUEL MADRID. Funcionario Sustanciador. (fdo.) ANÍBAL TORRES. Secretario Ad-Hoc. L. 201-317827.

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REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA REGIÓN No. 5, PANAMÁ OESTE. EDICTO No. 161-DRA-2009. El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Panamá al público. HACE CONSTAR: Que el señor (a) ERIC ENRIQUE DE LEON PINZON, vecinos (as) Residencial La Loma_ del distrito de La Chorrera provincia de Panamá, portador de la cédula de identidad personal No. 8-273-565, respectivamente han solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 8-5-063 2008 del 12 de Febrero del 2008, según plano aprobado No. 804-03-19692, la adjudicación del título oneroso de una parcela de tierra patrimonial adjudicable, con una superficie de 0 Has. + 1000.72 M2, ubicado en la localidad de_ Buena Vista_ Corregimiento Buenos Aires_ distritos de Chame_ Provincia de Panamá, comprendido dentro de los siguientes linderos. Norte: Servidumbre de 10.00 mts de ancho hacia carretera principal y hacia otros lotes. Sur: Antigua Moran. Este: Antigua Moran. Oeste: Antigua Moran. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del distrito de Chame, o en la corregiduría y Buena Vista_ copia del mismo se le entregará al interesado para que lo haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Capira a los 14 días del mes de abril de 2009. (fdo.) ING. MIGUEL MADRID. Funcionario Sustanciador. (fdo.) ANÍBAL TORRES. Secretario Ad-Hoc. L.201-316801.

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REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA REGIÓN No. 2, VERAGUAS. EDICTO No. 043-2009. El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en la provincia de Veraguas al público. HACE SABER: Que el señor (a) EFRAIN ESCOBAR PERALTA, vecino (a) de San Martín, corregimiento de San Martín, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, portador de la cédula de identidad personal No. 7-122-159, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No. 9-556 del 27 de agosto 2007, según plano aprobado No. 912-03-13749, la adjudicación de título oneroso, de una parcela de tierra patrimonial adjudicable, con una superficie de 56 Has + 7042.42 M2, que forma parte de la finca No. 135, rollo No. 14218, documento 12, propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. El terreno está ubicado en la localidad de Cobachon, corregimiento de El Cacao, distrito de Santiago, provincia de Veraguas, comprendido dentro de los siguientes linderos. Norte: Carmelo Morales Barrios. Sur: Efrain Escobar Peralta, Rio Cobachon. Este: Efrain Escobar Peralta. Oeste: Rio Cobachon, camino servidumbre de 10.00 metros de ancho a otros lotes. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho y en la Alcaldía del distrito de Mariato y copia del mismo se le entregará al interesado para que lo haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de 15 días hábiles a partir de la última publicación. Santiago, 9 de febrero de 2009. (fdo.) Magíster ABDIEL ÁBREGO. Funcionario Sustanciador. (fdo.) ENEIDA DONOSO A. Secretaria Ad-Hoc. L.9009044.

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EDICTO No. 187 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DE LA CHORRERA.- SECCIÓN DE CATASTRO ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. EL SUSCRITO ALCALDE DEL DISTRITO DE LA CHORRERA, HACE SABER: QUE EL SEÑOR (A) LUIS GONZALO TREJOS JUSTINIANI, panameño, mayor de edad, casado, operador de máquina con residencia en la calle 5 de Noviembre, cédula 2-33-805, en su propio nombre o representación de su propia persona, ha solicitado a este Despacho que se le adjudique a Título de Plena Propiedad, en concepto de venta de un lote de terreno Municipal Urbano, localizado en el lugar denominado Correg. De Guadalupe, del barrio de Guadalupe de este distrito, donde se llavara a cabo una distinguida con el numero_____ construcción y cuyos linderos y medidas son los siguientes: Norte: terreno municipal con 30.00 metros Sur: Predio de Rafael Adames con 30.00 metros. Este: Predio de Olga Santanah de Vasquez con 20.00 metros Oeste: Calle primera con: 20.00 mts. Área total del terreno seiscientos metros cuadrados (600.00). Con base a lo que dispone el Artículo 14 del Acuerdo Municipal No. 11-A del 6 de marzo de 1969, se fija el presente Edicto en un lugar visible al lote de terreno solicitado, por el término de diez (10) días, para que dentro de dicho plazo o término pueda oponerse la (s) que se encuentran afectadas. Entréguesele, sendas copias del presente Edicto al interesado, para su publicación por una sola vez en un periódico de gran circulación y en la Gaceta Oficial. La Chorrera, 3 de abril de mil novecientos setenta y dos. El Alcalde (fdo.) TEMISTOCLES ARJONA V. Jefe del departamento de Catastro Municipal (fdo.) DORIS E. BARAHONA. Es fiel copia de su original. La Chorrera, diecinueve (3) de abril de mil novecientos setenta y dos. Doris E. Barahona T. Jefe de la Sección de Catastro Municipal. L. 201-317442.