Año CIV Panamá, R. de Panamá martes 11 de diciembre de 2007

Nº 25937


CONTENIDO


ASAMBLEA NACIONAL
Ley Nº 50
(De lunes 10 de diciembre de 2007)

"QUE REFORMA LA LEY 16 DE 1995 QUE REORGANIZA EL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES"


MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Contrato de Compraventa Nº 006-2006
(De viernes 7 de abril de 2006)

" COMPRAVENTA SUSCRITA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y VIELKA DEL CARMEN JARAMILLO DE DE LEON"


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Resuelto Nº 2185
(De lunes 10 de diciembre de 2007)

“POR EL CUAL SE RESTABLECE EN SU VIGENCIA EL RESUELTO 2075 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2000”.


MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Resolución Nº 221
(De jueves 31 de mayo de 2007)

"POR LA CUAL SE RECONOCE A LA ORGANIZACION DENOMINADA ASOCIACION PANAMA VERDE COMO ASOCIACION SIN FINES DE LUCRO"


CAJA DE SEGURO SOCIAL
Resolución Nº 39,977-A-2007-J.D.
(De jueves 11 de octubre de 2007)

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL"


COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Resolución CNV Nº 235-07
(De lunes 17 de septiembre de 2007)

"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL REGISTRO DE LOS VALORES DE LA SOCIEDAD ENERGY CORPORATION"


CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resolución Nº DRP No. 319-2001
(De jueves 5 de octubre de 2006)

"POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCION FINAL DE CARGO Y DESCARGO No. 43-2000 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2000, EN LO QUE RESPECTA AL SEÑOR CARLOS RAMOS, CON CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL No. 7-49-810"


Resolución Nº DRP-543-2006
(De viernes 17 de noviembre de 2006)

"POR LA CUAL SE DECLARA QUE NO EXISTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL IMPUTABLE A LOS CIUDADANOS GUADALUPE MARTINEZ DE BERRIOS, ENRIQUE BROOKS Y FERNANDO GITTENS."


ALCALDÍA DE SANTIAGO / VERAGUAS
Acuerdo Nº 22
(De jueves 11 de octubre de 2007)

“POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA UN CRÉDITO SUPLEMENTARIO DE INGRESOS Y GASTOS POR UN MONTO DE B/. 25,400.00 (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 00/100) PARA REFORZAR RENGLONES CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO VIGENTE”.


AVISOS / EDICTOS

 

LEY No. 50

De 10 de diciembre de 2007

Que reforma la Ley 16 de 1995,

que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 16 de 1995 queda así:

Artículo 1. El Instituto Nacional de Deportes se denominará Instituto Panameño de Deportes, en adelante PANDEPORTES y, como máximo organismo del deporte, constituye una entidad de Derecho Público con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interno.

Este Instituto se regirá por las disposiciones de la presente Ley y quedará sujeto a las políticas de desarrollo económico y social del Gobierno, a la orientación del Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, y a la fiscalización de la Contraloría General de la República, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia. Además, fomentará el desarrollo de la cultura física, atendiendo los preceptos constitucionales, la cual incluye la actividad física, la recreación y el deporte.

Artículo 2. El artículo 4 de la Ley 16 de 1995 queda así:

Artículo 4. Para el cumplimiento de sus fines, PANDEPORTES tendrá las siguientes funciones:

Elaborar y ejecutar el plan nacional para el fomento y desarrollo de la actividad física, la recreación y el deporte en la población panameña.

Coordinar con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos el otorgamiento de las becas deportivas.

Construir y mantener útiles y accesibles las instalaciones deportivas que forman parte de su patrimonio.

Lograr que la educación física se imparta en todos los grados de escolaridad previos al grado universitario como materia obligatoria y continua.

Procurar y supervisar que las organizaciones deportivas ejecuten sus planes anuales de actividades deportivas y recreativas, tendientes a la difusión y al estímulo del deporte competitivo en la población panameña.

Fomentar la integración social, a través del deporte adaptado para las personas con discapacidad, en las actividades físicas, la recreación y el deporte.

Lograr la participación justa, equitativa y decisoria de la mujer en todos los aspectos relacionados con la actividad física, la recreación y el deporte.

Reconocer las modalidades de cada disciplina deportiva y recreativa.

Apoyar la investigación científica y técnica en las ciencias aplicadas al deporte.

Autorizar la representación oficial de Panamá en eventos internacionales que correspondan a su jurisdicción y competencia, y colaborar con el Comité Olímpico de Panamá en la participación de los atletas que representarán al país en las competencias y juegos regionales del Ciclo Olímpico.

Velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre el control del uso de sustancias y métodos prohibidos en la práctica del deporte.

Asistir técnicamente a los municipios en los aspectos relacionados con la promoción y el fomento de la actividad física, la recreación y el deporte.

Desarrollar el programa de capacitación de voluntarios y promotores de la actividad física, la recreación y el deporte para todos.

Desarrollar y ejecutar las medidas de prevención y reglamentar las sanciones contra la violencia en los eventos deportivos.

Compilar los datos estadísticos y la información referentes a los atletas, a las organizaciones y a las instalaciones deportivas.

Reglamentar y reconocer las escuelas o los centros de desarrollo deportivo, y aprobar los programas que han de utilizar, así como la idoneidad de los instructores y del personal técnico.

Establecer los mecanismos para el desarrollo del proceso electoral deportivo.

Establecer el procedimiento disciplinario para la aplicación de sanciones ante la comisión de actuaciones lesivas al deporte.

Establecer convenios o acuerdos nacionales e internacionales de carácter deportivo para el intercambio académico, logístico y técnico- deportivo de las diversas disciplinas deportivas y de las ciencias aplicadas al deporte.

Regular las manifestaciones del deporte profesional.

Coordinar con las federaciones, asociaciones y organizaciones deportivas nacionales la preparación de los atletas de competencia y de alto rendimiento.

Fomentar en la población panameña la salud integral a través de la actividad física, la recreación y el deporte.

Dictar el reglamento general de los Juegos Deportivos Nacionales en todas sus edades, y determinar las sedes.

Dar cumplimiento a las condecoraciones al mérito y los estímulos deportivos.

Regular la actividad física, gubernamental y profesional del adulto mayor.

Ejercer las demás funciones que esta Ley y su reglamento le confieran.

Artículo 3. Se subroga el Capítulo II de la Ley 16 de 1995, De la Administración, contentivo de los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, para que quede así:

Capítulo II

Administración y Organización

Artículo 5. Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, como organismo superior de PANDEPORTES.

Artículo 6. El cumplimiento y desarrollo de los objetivos de la presente Ley estarán a cargo del Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación.

Artículo 7. El Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación estará integrado por:

El Ministro de Educación, quien lo presidirá, o el Viceministro o el funcionario que el Ministro designe.

El Ministro de Salud o el Viceministro o el funcionario que el Ministro designe.

El Ministro de Desarrollo Social o el Viceministro o el funcionario que el Ministro designe.

El Director General de PANDEPORTES, como Secretario del Consejo.

El Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional o quien él designe.

El Presidente del Comité Olímpico de Panamá o el Vicepresidente.

Un atleta de reconocida trayectoria.

Un representante de las asociaciones empresariales.

Un representante de las entidades cívicas.

Un profesional de la Educación Física o de las ciencias aplicadas al deporte escogido por el Consejo de Rectores de las Universidades.

Un representante de la Contraloría General de la República designado por el Contralor General con derecho a voz.

Los representantes y suplentes de los atletas, asociaciones empresariales y entidades cívicas y de la Educación Física o de las ciencias aplicadas al deporte serán designados por el Órgano Ejecutivo de ternas que presentarán sus respectivas organizaciones. El periodo de los representantes y sus suplentes será de cinco años y podrán ser reelectos por un periodo adicional.

Artículo 8. El Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación realizará reuniones ordinarias una vez al mes, y extraordinarias cuantas veces sea necesario. El quórum para las reuniones del Consejo se constituirá por más de la mitad de sus miembros. Las decisiones del Consejo se adoptarán por mayoría simple de los presentes en la reunión. Todo lo relativo a la instalación y al funcionamiento de los miembros del Consejo se establecerá reglamentariamente.

Artículo 9. Son funciones del Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación:

Expedir los reglamentos que sean necesarios para mejorar el desarrollo de la cultura física.

Aprobar y reformar el plan nacional para el fomento y desarrollo de la actividad física, la recreación y el deporte en la población panameña, así como los planes específicos o genéricos en materia deportiva y en las ciencias aplicadas al deporte.

Aprobar el informe de gestión de PANDEPORTES presentado por el Director General.

Autorizar, contratar y realizar las operaciones financieras con personas naturales o jurídicas para el cumplimiento de las funciones de PANDEPORTES, por más de trescientos mil balboas (B/.300,000.00).

Examinar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual para el funcionamiento de PANDEPORTES.

Analizar y aprobar los anteproyectos de ley en materia de deporte, para ser presentados al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Educación.

Aprobar el otorgamiento de las condecoraciones y los estímulos deportivos.

Servir de órgano asesor y de consulta al Director General de PANDEPORTES en los conflictos deportivos.

Aprobar la estructura administrativa y técnica necesaria para el cumplimiento de la presente Ley.

Aprobar y apoyar las sedes para competencias deportivas internacionales.

Conocer de la planificación y ejecución de proyectos en infraestructuras deportivas y recreativas.

Aprobar las tarifas por el uso de los bienes de PANDEPORTES, conforme los avalúos del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República.

Delegar en el Director General de PANDEPORTES algunas de sus funciones cuando lo considere conveniente.

Aprobar y autorizar al Director General de PANDEPORTES para que firme convenios o acuerdos nacionales e internacionales de carácter deportivo para el intercambio académico, logístico y técnico-deportivo de las diversas disciplinas deportivas y de las ciencias aplicadas al deporte.

Aprobar el Reglamento del Proceso Electoral deportivo de las federaciones, asociaciones y organizaciones deportivas nacionales y sus afiliadas reconocidas por PANDEPORTES.

Ejercer las demás funciones que esta Ley le confiera.

Artículo 10. PANDEPORTES estará a cargo de un Director General, quien tendrá la representación legal y será responsable de las atribuciones que las leyes y el reglamento le confieran. El Director General será designado por el Órgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Nacional.

Artículo 11. Para ser Director General se requiere:

Ser de nacionalidad panameña.

Tener treinta años de edad.

Poseer solvencia moral y profesional.

Tener conocimientos en aspectos deportivos o de administración.

No haber sido condenado por delitos contra la Administración Pública, el honor y la libertad sexual.

Artículo 12. Son funciones del Director General de PANDEPORTES:

Administrar y representar legalmente al Instituto Panameño de Deportes.

Realizar las acciones de personal que le confiere la Ley de Carrera Administrativa.

Convocar las reuniones del Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación.

Elaborar y presentar al Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación los informes de la gestión anual de PANDEPORTES.

Autorizar, contratar y realizar las operaciones financieras con personas naturales o jurídicas para el cumplimiento de las funciones de PANDEPORTES, hasta por la suma de trescientos mil balboas (B/.300,000.00).

Presentar el anteproyecto anual de presupuesto de funcionamiento de PANDEPORTES al Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación para su aprobación.

Proponer al Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación las tarifas de utilización de la infraestructura deportiva de PANDEPORTES, y conceder las exoneraciones al pago de tarifas en los casos que, por su naturaleza social o nacional, lo ameriten.

Otorgar y revocar las personerías jurídicas a las asociaciones y organizaciones con fines o temas deportivos competitivos o recreativos, así como a las escuelas o centros de desarrollo deportivo, exceptuando al Comité Olímpico de Panamá.

Supervisar y reconocer las juntas directivas de las organizaciones deportivas electas conforme a sus estatutos y a la presente Ley, exceptuando al Comité Olímpico de Panamá.

Postular ante el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos a los jóvenes atletas que por sus méritos deportivos les corresponden becas deportivas.

Actuar, como primera instancia, para conocer de las controversias deportivas.

Representar a la República de Panamá ante los organismos regionales e internacionales del deporte, la actividad física y la recreación, que correspondan a su jurisdicción y competencia.

Proponer al Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación la aprobación de convenios o acuerdos nacionales e internacionales de carácter deportivo para el intercambio académico, logístico y técnico-deportivo de las diversas disciplinas deportivas y de las ciencias aplicadas al deporte.

Realizar las acciones de seguimiento y cumplimiento de los convenios nacionales e internacionales.

Ejecutar las demás funciones que por Ley le correspondan.

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo designará un Subdirector General de PANDEPORTES, quien colaborará con el Director General, lo reemplazará en sus ausencias accidentales o temporales y asumirá las funciones que se le encomiende o delegue.

Para desempeñar el cargo de Subdirector General se requieren los mismos requisitos exigidos para ejercer el cargo de Director General.

Artículo 14. Se concede a PANDEPORTES la facultad para ejecutar el cobro coactivo sobre rentas, gravámenes o cualquier otro ingreso que se haya establecido o se establezca a su favor.

Esta facultad será ejercida por el Director General, quien la podrá delegar en otro funcionario.

Artículo 4. Se adiciona un Capítulo a la Ley 16 de 1995, contentivo de los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D, para que sea el Capítulo IV, y se corra la numeración del resto de los Capítulos, así:

Capítulo IV

Deportes de Competencia y de Alto Rendimiento

Artículo 15-A. Las federaciones, asociaciones y organizaciones deportivas nacionales del programa olímpico y las que no formen parte del programa, son entidades deportivas autónomas con personería jurídica propia, reconocidas por PANDEPORTES, conformadas por ligas provinciales, distritoriales y de corregimientos, así como por clubes y ligas profesionales.

Artículo 15-B. Las Federaciones Deportivas Nacionales son autónomas en su autogestión. En cuanto a los recursos o apoyos económicos y logísticos que reciban del Estado se considerarán agentes de manejo.

Artículo 15-C. Las Federaciones Deportivas Nacionales se constituirán por las ligas provinciales existentes a nivel nacional con representación de cinco provincias como mínimo, y por las ligas profesionales y sus afiliados. Cada Federación Deportiva Nacional estará conformada por una Asamblea General, una Junta Directiva y una Comisión Técnica, y contará con su estatuto debidamente aprobado por PANDEPORTES.

Artículo 15-D. Se establece el Centro de Entrenamiento Deportivo constituido por la Medicina Deportiva, las ciencias aplicadas al deporte y la preparación físico-técnica, con la finalidad de lograr una preparación científica acorde con los lineamientos de la planificación del entrenamiento deportivo moderno. Todo lo relativo al funcionamiento del Centro de Entrenamiento Deportivo se establecerá reglamentariamente.

Artículo 5. Se adiciona un Capítulo a la Ley 16 de 1995, contentivo de los artículos 15-E, 15-F, 15-G, 15-H y 15-I, así:

capítulo V

comité Olímpico de Panamá

Artículo 15-E. El Comité Olímpico de Panamá es una asociación civil autónoma con personería jurídica y patrimonio propio que se regirá por sus estatutos y reglamentos, así como por los principios y las normas emanadas del Comité Olímpico Internacional, compuesto, entre otros, por las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, debidamente afiliadas a las Asociaciones y Federaciones Internacionales que cuenten con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, de conformidad con la Carta Olímpica.

El Comité Olímpico de Panamá tiene como objetivos fundamentales proteger, velar y fomentar el desarrollo del deporte y el movimiento olímpico, así como la difusión de los ideales olímpicos del país, los cuales son de utilidad pública.

Artículo 15-F. El Comité Olímpico de Panamá se rige de acuerdo con sus estatutos y reglamentos aprobados por el Comité Olímpico Internacional, y por los principios y normas establecidos en la Carta Olímpica.

El Comité Olímpico Internacional es el único organismo autorizado por la Carta Olímpica para reconocimiento del Comité Olímpico de Panamá.

Artículo 15-G. El Comité Olímpico de Panamá es el único organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del país en los juegos olímpicos y en las competencias multideportivas regionales, continentales o mundiales patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional, así como para la inscripción de los integrantes de las delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos.

Artículo 15-H. El Comité Olímpico de Panamá promoverá la práctica dentro del país de las actividades deportivas reconocidas por la Carta Olímpica, y velará por el respeto de esta difundiendo los principios fundamentales del Olimpismo y el Movimiento Olímpico en el territorio nacional.

De conformidad con la Carta Olímpica, el Comité Olímpico de Panamá es responsable ante el Comité Olímpico Internacional de hacer respetar en el territorio nacional las normas contenidas en ella, particularmente para tomar medidas oportunas que impidan la utilización indebida del símbolo, la bandera, el lema o el himno olímpico, así como para obtener la protección jurídica de los siguientes términos: olímpico, olimpiadas, juegos olímpicos y comité olímpico.

Artículo 15-I. PANDEPORTES colaborará con el Comité Olímpico de Panamá en la integración de las delegaciones deportivas que representen al país en las competiciones deportivas que se celebren en el ámbito del Comité Olímpico Internacional.

Artículo 6. Se adiciona un Capítulo a la Ley 16 de 1995, contentivo del artículo 15-J, así:

Capítulo VI

Comité Paralímpico

Artículo 15-J. El Comité Paralímpico de Panamá es una asociación civil con personería jurídica y autonomía, que cumplirá funciones de interés público y social, y estará encargada de organizar y coordinar a nivel nacional e internacional la actividad deportiva de las personas con discapacidad, de acuerdo con la estructura del deporte adaptado y sus demás manifestaciones.

Artículo 7. Se adiciona un Capítulo a la Ley 16 de 1995, contentivo de los artículos 15-K, 15-L y 15-M, así:

Capítulo VIi

Control de Sustancias Prohibidas

y Métodos no Reglamentarios en el Deporte

Artículo 15-K. Se crea la Comisión Nacional Antidopaje Deportivo con la finalidad de velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre el control del uso de sustancias y métodos prohibidos, así como de resguardar la lealtad y el juego limpio en el deporte, tomando en consideración la preservación de la salud de los atletas.

Artículo 15-L. Para los efectos de este Capítulo, los siguientes términos se entenderán así:

Clases y grupos farmacológicos de agentes o métodos de dopaje. Son los prohibidos por las organizaciones deportivas internacionales que figuren en las listas que para tal efecto se publiquen, de conformidad con lo dispuesto por la Agencia Mundial Antidopaje.

Dopaje en el deporte. Es la administración a los deportistas o la utilización por estos, de las clases o grupos farmacológicos de agentes prohibidos o de métodos no reglamentarios.

Artículo 15-M. Incurre en dopaje quien utilice en su entrenamiento o antes, durante o después de una competencia deportiva sustancias y/o medios prohibidos o métodos no reglamentarios. Así mismo, quien facilite, suministre y/o incite a la práctica del dopaje y dificulte su control.

Artículo 8. Se adiciona un Capítulo a la Ley 16 de 1995, contentivo de los artículos 15-N y 15-Ñ, así:

Capítulo VIII

Deporte para Todos, Recreación y Actividad Física

Artículo 15-N. En cumplimiento del desarrollo de los programas de deporte para todos, de recreación y de actividad física, PANDEPORTES:

Planificará conforme a las necesidades de las comunidades y los recursos la utilización de las instalaciones deportivas para la ejecución del programa deporte para todos.

Proveerá las condiciones necesarias para la capacitación de técnicos y líderes comunitarios para la programación y el desarrollo del programa deporte para todos.

Establecerá los programas de recreación y de deporte para todos que serán el instrumento rector de las acciones nacionales para el desarrollo de la recreación y la garantía de acceso a estos para el disfrute del tiempo libre.

Artículo 15-Ñ. A fin de desarrollar los programas nacionales y municipales de recreación, se reconoce la importancia de la participación del recurso humano voluntario. Para este fin, PANDEPORTES firmará los acuerdos necesarios con las instituciones educativas, para la ejecución del servicio social, a fin de que los estudiantes participen como voluntarios en el ejercicio de una disciplina deportiva. En este sentido, PANDEPORTES desarrollará el programa de capacitación de voluntarios y promotores de la recreación y la activación física.

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un término no mayor de noventa días hábiles, contado a partir de su promulgación.

Artículo 10. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, elaborará el Texto Único de la Ley 16 de 1995 con numeración corrida de artículos.

Artículo 11. Para efectos de la nueva denominación del Instituto Nacional de Deportes, se entenderá Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES) en todas las leyes, resoluciones y demás documentos, en los que se haga mención de este.

Artículo 12. La presente Ley modifica los artículos 1 y 4, subroga el Capítulo II, adiciona cinco Capítulos contentivos de los artículos 15-A, 15-B,15-C, 15-D, 15-E, 15-F, 15-G, 15-H, 15-I, 15-J, 15-K, 15-L, 15-M, 15-N y 15-Ñ, respectivamente, a la Ley 16 de 3 de mayo de 1995.

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

CONTRATO DE COMPRAVENTA No.006-2006

Entre los suscritos a saber, RICAURTE VÁSQUEZ MORALES, varón, panameño, mayor de edad, casado, economista, portador de la cédula de identidad personal Número ocho doscientos tres ochenta y dos (8-203-82), vecino de esta ciudad, en su calidad de MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, debidamente facultado para este acto por los artículos ocho (8) y veintiocho (28) del Código Fiscal, la Ley número noventa y siete (97) de veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), la Resolución de Gabinete número ciento ocho (108) del veintisiete (27) de diciembre de dos mil cinco (2005), mediante la cual se transfirió al Ministerio de Economía y Finanzas las funciones de custodia y administración de los bienes propiedad de la Nación y las demás atribuciones cuya competencia estaba asignada a la Autoridad de la Región Interoceánica, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil cinco (2005), de conformidad con lo dispuesto en la Ley número cinco (5) del veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993), modificada por la Ley número (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), la Ley Número veinte (20) de siete (7) de mayo de dos mil dos (2002), la Ley Número veintiuno (21) de dos (2) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997), la Ley Número sesenta y dos (62) de treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999); por la Ley número cincuenta y seis (56) de veintisiete (27) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), la Resolución de Junta Directiva Número cero sesenta y dos noventa y nueve (062-99) de veintitrés (23) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999) y la solicitud de Precios número doscientos treinta y cinco dos mil cuatro (235-2004), celebrado el doce (12) de octubre de dos mil cuatro (2004), quien en adelante se denominará LA NACION por una parte y por la otra VIELKA DEL CARMEN JARAMILLO DE DE LEON, mujer, panameña, mayor de edad, casada, enfermera, portadora de la cédula de identidad personal número dos ciento cincuenta veintidós (2-150-22), vecina de esta ciudad, representada legalmente por IDALIA VÁSQUEZ DE TORRES, mujer, panameña, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad personal número nueve treinta y ocho novecientos catorce (9-38-914), vecina de esta ciudad, debidamente facultada para este acto según consta en el Poder Especial elevado a Escritura Pública número seis mil novecientos cuarenta (6940) de diecisiete (17) de agosto de dos mil cuatro (2004), conferido en la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, quien en adelante se denominará LA COMPRADORA, han convenido en celebrar el presente Contrato de Compraventa, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE LAS FINCAS: LA NACION declara lo siguiente:

Que la NACIÓN es propietaria de la Finca Número ciento setenta y nueve mil catorce (179014), Rollo treinta y dos mil ciento veinticinco (32125), Documento Seis (6), Sección de la Propiedad de la Región Interoceánica del Registro Público, provincia de Panamá.

Que la ubicación, linderos generales, medidas, superficie y valor y demás detalles, debidamente refrendados por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, constan inscritos en el Registro Público.

SEGUNDA: Declara LA NACION, que de su Finca Número ciento setenta y nueve mil catorce (179014), solicita al Registro Público segregue para que formen fincas aparte los siguientes lotes de terrenos y declarada construida sobre los mismos unas mejoras, consistentes en las viviendas Número novecientos A (900-A) y novecientos - B (900-B), ubicadas en Clayton, corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá, con las siguientes medidas y linderos:

DESCRIPCIÓN DEL LOTE NOVECIENTOS A (900-A), UBICADO FRENTE A LA CALLE PARKER, SECTOR DE CLAYTON. MEDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del punto ciento veintiséis (126), ubicado más al Norte del Lote, se continúa con una longitud de curva de nueve metros con cincuenta y ocho centímetros (9.58 m), radio de setenta y cuatro metros con ochenta y siete centímetros (74.87 m) y cuerda de nueve metros con cincuenta y siete centímetros (9.57 m) en dirección Sur, treinta y siete grados, cincuenta y tres minutos, dieciséis segundos, Este (S 37° 53 16 E), hasta llegar al punto ciento veintisiete (127) y colinda por este lado con la servidumbre de la Calle Parker. Se continúa en dirección Sur, cuarenta grados, catorce minutos, veintinueve segundos, Oeste (S 40° 14 29 O) y distancia de ocho metros con cincuenta y seis centímetros (8.56 m), hasta llegar al punto ciento veintiocho (128). Se continúa con una longitud de curva de treinta y dos metros con sesenta y dos centímetros (32.62 m), radio de doscientos cinco metros con noventa y cuatro centímetros (205.94 m) y cuerda de treinta y dos metros con cincuenta y ocho centímetros (32.58 m) en dirección Sur, cuarenta y cinco grados, veintidós minutos, veintidós segundos, Oeste (S 45° 22 22 O), hasta llegar al punto ciento veintinueve (129) y colinda por estos lados con la servidumbre de la Calle Hospital. Se continúa en dirección Norte, veintinueve grados, cuarenta y tres minutos, quince segundos, Oeste (N 29° 43 15 O) y distancia de dieciocho metros con ochenta y dos centímetros (18.82 m), hasta llegar al punto ciento veinticinco A (125A) y colinda por este lado con el resto libre de la Finca ciento setenta y nueve mil catorce (179,014), Rollo treinta y dos mil ciento veinticinco (32,125), Documento seis (6), propiedad de la Nación. Se continúa en dirección Norte, cincuenta y siete grados, diecinueve minutos, cuarenta y ocho segundos, Este (N 57° 19 48 E) y distancia de treinta y ocho metros con veintiún centímetros (38.21 m), hasta llegar al punto ciento veintiséis (126), origen de esta descripción y colinda por este lado con el Lote Novecientos B (900B). SUPERFICIE: El Lote descrito tiene una superficie de quinientos setenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (579.54 m2).

SEGÚN PLANO NÚMERO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE CIENTO UN MIL CIENTO VEINTE (80814-101120), APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y BIENES PATRIMONIALES EL VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE DOS MIL CUATRO (2004) Y certificado del MINISTERIO DE VIVIENDA (mivi) nÚMERO TRESCIENTOS QUINCE (315) del TRECE (13) de ABRIL DOS MIL CUATRO (2004).

EL LOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO TIENE UN VALOR REFRENDADO DE CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA BALBOAS CON NOVENTA CENTÉSIMOS (B/.49,260.90).

DECLARA LA NACION, QUE SOBRE EL LOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO EXISTE UNA MEJORA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

ESCRIPCION DE LA VIVIENDA BIFAMILIAR NÚMERO NOVECIENTOS - A (N°900- A): Consta de dos (2) plantas, construido con estructura de metal, pisos de concreto y madera en planta alta, ambos revestidos con mosaico de vinil, paredes de stucco (malla, madera y repello de cemento) y en el nivel superior de madera, paredes internas de gypsum board, ventanas de vidrio fijo en marco de aluminio (tipo guillotina), cielo raso de gypsum board, techo con estructura de madera y cubierta de láminas de zinc ondulado.

PLANTA BAJA: Consta de sala, comedor, cocina, lavandería interna, medio (1/2) servicio sanitario, sección de aire acondicionado, depósito y estacionamiento techado; con un área cerrada de construcción de ochenta y tres metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados (83.86 M2) y área abierta techada de cuarenta y siete metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados (47.51 M2).

PLANTA ALTA: Consta de cuatro (4) recámaras, guardarropas, dos (2) servicios sanitarios y depósito; con un área cerrada de construcción de ochenta y ocho metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados (88.70 M2).

La Vivienda Bifamiliar tiene un área total de construcción de doscientos veinte metros cuadrados con siete decímetros cuadrados (220.07 M2).

COLINDANTES : Al Sur, Este y Oeste con el resto libre del lote de terreno sobre la cual está construida y al Norte con la pared medianera de la vivienda bifamiliar numero novecientos B (900-B).

LA MEJORA ANTES DESCRITA TIENE UN VALOR REFRENDADO DE VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BALBOAS CON CUARENTA Y DOS CENTÉSIMOS (B/.20,687.42).

Declara LA NACION y así lo acepta LA COMPRADORA, que el valor total refrendado del lote de terreno y su mejora antes descritas es de SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON TREINTA Y DOS CENTÉSIMOS (B/.69,948.32).

DESCRIPCIÓN DEL LOTE NOVECIENTOS B (900-B), UBICADO FRENTE A LA CALLE PARKER, SECTOR DE CLAYTON.MEDIDAS Y LINDEROS: Partiendo del punto ciento veinticuatro (124), ubicado más al Norte del Lote, se continúa en dirección Sur, sesenta y cinco grados, dieciséis minutos, cincuenta y un segundos, Oeste (S 65° 16 51 O) y distancia de quince metros con noventa centímetros (15.90 m), hasta llegar al punto ciento veinticuatro A (124A). Se continúa en dirección Sur, ochenta y cinco grados, treinta y cuatro minutos, cincuenta y ocho segundos, Oeste (S 85° 34 58 O) y distancia de veinticuatro metros con setenta y cinco centímetros (24.75 m), hasta llegar al punto ciento veinticinco (125) y colinda por estos lados con la Finca doscientos mil ciento noventa y seis (200,196), Asiento uno (1), Documento ciento noventa y siete mil ciento treinta y seis (197,136), propiedad de Osvaldo Enrique Correa González Lote novecientos uno A (901-A). Se continúa en dirección Sur, veintinueve grados, cuarenta y tres minutos, quince segundos, Este (S 29° 43 15 E) y distancia de veintiséis metros con treinta y dos centímetros (26.32 m), hasta llegar al punto ciento veinticinco A (125A) y colinda por este lado con el resto libre de la Finca ciento setenta y nueve mil catorce (179,014), Rollo treinta y dos mil ciento veinticinco (32,125), Documento seis (6), propiedad de la Nación. Se continúa en dirección Norte, cincuenta y siete grados, diecinueve minutos, cuarenta y ocho segundos, Este (N 57° 19 48 E) y distancia de treinta y ocho metros con veintiún centímetros (38.21 m), hasta llegar al punto ciento veintiséis (126) y colinda por este lado con el Lote Novecientos - A (900-A). Se continúa con una longitud de curva de doce metros con cuarenta y dos centímetros (12.42 m), radio de setenta y cuatro metros con ochenta y siete centímetros (74.87 m) y cuerda de doce metros con cuarenta centímetros (12.40 m) en dirección Norte, veintinueve grados, veintiocho minutos, catorce segundos, Oeste (N 29° 28 14 O), hasta llegar al punto ciento veinticuatro (124), origen de esta descripción y colinda por este lado con la servidumbre de la Calle Parker.

SUPERFICIE: El Lote descrito tiene una superficie de seiscientos sesenta y nueve metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados (669.04 m2).

SEGÚN PLANO NÚMERO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE CIENTO UN MIL CIENTO VEINTE (80814-101120), APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE CATASTRO Y BIENES PATRIMONIALES EL VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE DOS MIL CUATRO (2004) Y certificado del MINISTERIO DE VIVIENDA (mivi) nÚMERO TRESCIENTOS QUINCE (315) del TRECE (13) de ABRIL DOS MIL CUATRO (2004).

EL LOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO TIENE UN VALOR REFRENDADO DE CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS CON CUARENTA CENTÉSIMOS (B/.56,868.40).

DECLARA LA NACION, QUE SOBRE EL LOTE DE TERRENO ANTES DESCRITO EXISTE UNA MEJORA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA BIFAMILIAR NÚMERO NOVECIENTOS - B (N°900- B): Consta de dos (2) plantas, construido con estructura de metal, pisos de concreto y madera en planta alta, ambos revestidos con mosaico de vinil, paredes de stucco (malla, madera y repello de cemento) y en el nivel superior de madera, paredes internas de gypsum board, ventanas de vidrio fijo en marco de aluminio (tipo guillotina), cielo raso de gypsum board, techo con estructura de madera y cubierta de láminas de zinc ondulado.

PLANTA BAJA: Consta de sala, comedor, cocina, lavandería interna, medio (1/2) servicio sanitario, sección de aire acondicionado, depósito y estacionamiento techado; con un área cerrada de construcción de ochenta y tres metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados (83.86 M2) y área abierta techada de cuarenta y siete metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados (47.51 M2).

PLANTA ALTA: Consta de cuatro (4) recámaras, guardarropas, dos (2) servicios sanitarios y depósito; con un área cerrada de construcción de ochenta y ocho metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados (88.70 M2).

La Vivienda Bifamiliar tiene un área total de construcción de doscientos veinte metros cuadrados con siete decímetros cuadrados (220.07 M2).

COLINDANTES : Al Norte, Este y Oeste con el resto libre del lote de terreno sobre la cual está construida y al Sur con la pared medianera de la vivienda bifamiliar numero novecientos A (900-A).

LA MEJORA ANTES DESCRITA TIENE UN VALOR REFRENDADO DE VEINTE MIL SEISCIENTO SOCHENTA Y SIETE BALBOAS CON CUARENTA Y DOS CENTÉSIMOS (B/.20,687.42).

Declara LA NACION y así lo acepta LA COMPRADORA, que el valor total refrendado de los lotes de terrenos y sus mejoras antes descritas es de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON OCHENTA Y DOS CENTÉSIMOS (B/.77,555.82).

TERCERA: LINDEROS DE LA FINCA MADRE. Declara LA NACION que una vez se segreguen los lotes de terrenos objeto de este contrato, la Finca Madre de Clayton, Número ciento setenta y nueve mil catorce (179014), quedará con sus mismos linderos generales, valor inscrito y con la superficie que resulte en el Registro Público.

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO DE LOS BIENES INMUEBLES. Declara LA NACION, que sobre la base de la Resolución Administrativa número quinientos cincuenta y siete dos mil cuatro (557-2004), de catorce (14) de octubre de dos mil cuatro (2004), que realizó la adjudicación definitiva de la Solicitud de Precios número doscientos treinta y cinco dos mil cuatro (235-2004), Primera Convocatoria, da en venta real y efectiva a LA COMPRADORA, las fincas que resulten de las segregaciones contenidas en la Cláusula Segunda, libre de gravámenes, salvo las restricciones de la Ley y las que consten inscritas en el Registro Público, por el precio de venta que se desglosa de la siguiente

manera: a); La vivienda número novecientos A (900-A), tiene un precio de venta de NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS BALBOAS CON VEINTICINCO CENTÉSIMOS (B/.97,736.25) y b; la vivienda número novecientos B (900-B) tiene un precio de venta de CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES BALBOAS CON SETENTA Y CUATRO CENTÉSIMOS (B/.105,343.74), que sumados hacen un valor total de DOSCIENTOS TRES MIL SETENTA Y NUEVE BALBOAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.203,079.99), moneda de curso legal, de la cual LA NACION ha recibido abonos por la suma de TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA BALBOAS (B/.30,530.00), según consta en los recibos número siete mil cuatrocientos sesenta y seis (7466) de doce (12) de octubre de dos mil cuatro (2004), siete mil ochocientos cuarenta y cuatro (7844) de ocho (8) de marzo de dos mil cinco (2005), siete mil ochocientos noventa y tres (7893) de ocho de abril de dos mil cinco (2005), siete mil novecientos setenta y dos (7972) de treinta (30) de mayo de dos mil cinco (2005), ocho mil veintiuno (8021) de seis (6) de julio de dos mil cinco (2005) y ocho mil ciento setenta y seis (8176) de diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005), expedidos por la antigua Dirección de Finanzas de la extinta Autoridad de la Región Interoceánica, quedando un saldo a pagar de CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.172,549.99), que será cancelado por LA COMPRADORA una vez se encuentre debidamente inscrita en el Registro Público esta compraventa, según consta en la Carta Irrevocable de Pago de veintiocho (28) de julio de dos mil cinco (2005), renovada el veintiuno (21) de noviembre de dos mil cinco (2005) y seis (6) de diciembre de dos mil cinco (2005), emitidas por THE BANK OF NOVA SCOTIA (SCOTIABANK), por la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.172,550.00), quedando un saldo a --> favor de LA COMPRADORA por la suma de UN CENTÉSIMO (B/.0.01), que le [Author:M] serán devueltos una vez se reciba el pago por parte del banco.

Los pagos y abonos ingresarán al Tesoro Nacional y de presentarse incumplimiento en la cobertura total del precio pactado por parte de LA COMPRADORA, LA NACION resolverá administrativamente el presente contrato y retendrá el abono inicial como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por LA COMPRADORA.

QUINTA: DESTINO DE LOS BIENES. Declara LA NACION y así lo acepta LA COMPRADORA, que las fincas que resulten de las segregaciones de los lotes de terrenos y sus mejoras, consistentes en las viviendas número novecientos A (900-A) y novecientos B (900-B), que se dan en venta a través de este contrato serán destinadas únicamente para Viviendas. En el supuesto que LA COMPRADORA o futuros adquirientes varíen el uso o destino de los bienes, sin permiso previo de LA NACION, provocará la nulidad del respectivo Contrato de compraventa, tal como lo señala el artículo treinta y cuatro (34) de la Ley número (5) cinco de veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993), modificada por la Ley número siete (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), la Ley Número veinte (20) de siete (7) de mayo de dos mil dos (2002), la Ley Número veintiuno (21) de dos (2) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997) y la Ley Número sesenta y dos (62) de treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

SEXTA: IMPUESTO DE TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES. De conformidad con lo establecido en el Artículo dos (2) de la Ley número ciento seis (106) de treinta (30) de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro (1974), reformada por el artículo sesenta y seis (66) de la Ley número seis (6) de dos (2) de febrero de dos mil cinco (2005), el otorgamiento del presente Contrato no causará la obligación de pagar el impuesto de transferencia de que trata dicha Ley.

SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. LA COMPRADORA declara que en cumplimiento de lo establecido en la Ley cuarenta y uno (41) del primero (1) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998), General de Ambiente de la República de Panamá, se compromete a utilizar los bienes inmuebles objetos de esta compraventa previniendo el daño y controlando la contaminación ambiental. Por lo tanto, si de cualquier forma el uso, aprovechamiento o actividad en los bienes inmuebles objetos de esta compraventa produjere daño al ambiente o a la salud humana, LA COMPRADORA estará obligada a reparar los daños causado, aplicar las medidas de prevención y mitigación y asumir los costos correspondientes sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal o sanciones administrativas que procedan por la violación de lo dispuesto en la Ley cuarenta y uno (41) de primero (1) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998) antes mencionada. Además se deberá proteger la fauna y vegetación de las servidumbres públicas, áreas verdes urbanas y áreas silvestres protegidas, las cuales deberán ser respetadas y por ningún motivo alteradas.

OCTAVA: SUJECIÓN DE LA FINCA A LAS NORMAS ESPECIALES PARA MANTENER EL CARÁCTER DE CIUDAD JARDÍN. Declara LA COMPRADORA que conoce que las fincas que adquiere por medio de este contrato, están sujetas a las normas especiales para mantener el carácter de Ciudad Jardín en la Región Interoceánica establecidas por el Ministerio de Vivienda mediante Resolución número ciento treinta y nueve dos mil (139-2000) de ocho (8) de agosto de dos mil (2000), modificada por la Resolución número ciento treinta y cuatro dos mil uno (134-2001) de nueve (9) de julio de dos mil uno (2001) y la número ciento noventa y cuatro dos mil uno (194-2001) de dieciocho (18) de octubre de dos mil uno (2001). Las mismas son de obligatorio cumplimiento para todos los futuros propietarios de las fincas objeto de este contrato y en tal virtud, LA NACION solicita al Registro Público que haga constar esta limitación de dominio sobre las fincas objeto de este contrato.

NOVENA Causales de ResoluciÓn DEL CONTRATO. Serán causales de Resolución Administrativa del presente contrato las que señala el Artículo ciento cuatro (104) de la Ley Número cincuenta y seis (56) de veintisiete (27) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), modificada por el Decreto Ley Número siete (7) de dos (2) de julio de mil novecientos noventa y siete (l997), así como el incumplimiento de la Cláusula Quinta referente al destino de los bienes y el hecho de que la Escritura Pública de compraventa no pueda ser inscrita en el Registro Público por causas imputables a LA COMPRADORA.

DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR LOS GASTOS DE LOS BIENES. LA COMPRADORA correrá con todos los gastos de mantenimiento de los inmuebles, áreas verdes, consumo de energía eléctrica, agua, recolección de basura y demás derechos u otros servicios públicos. En el marco de las regulaciones sobre tratamientos de las aguas servidas estarán a cargo de LA COMPRADORA los pagos de las tasas correspondientes, así como todos los gastos y costos presentes y futuros de la legislación fiscal que sean aplicables a los bienes inmuebles y los gastos tanto notariales y registrales que se produzcan con motivo del presente contrato de compraventa.

DÉCIMAPRIMERA: LEGISLACIÓN APLICABLE. El presente traspaso se hace con fundamento en la Ley número cinco (5) de veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993), modificada por la Ley número siete (7) de siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), por cuanto dejó de existir la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), no así, las medidas expedidas sobre los bienes revertidos hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil cinco (2005), cuyas atribuciones fueron transferidas al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, como custodio y administrador de los bienes nacionales, en virtud de la Resolución de Gabinete número ciento ocho (108) del veintisiete (27) de diciembre de dos mil cinco (2005); a lo dispuesto en la Ley veintiuno (21) de dos (2) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997), la Ley sesenta y dos (62) de treinta y uno (31 de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), la Ley número veinte (20) de siete (7) de mayo de dos mil dos (2002) y la Ley cincuenta y seis (56) de veintisiete (27) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), modificada y adicionada por el Decreto Ley número siete (7) de dos (2) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997).

DÉCIMASEGUNDA: EXISTENCIA DE LINEAS SOTERRADAS. Declara LA NACION y así lo acepta LA COMPRADORA que en los lotes de terrenos y sus mejoras consistentes en las viviendas número novecientos A (900-A) y novecientos - B (900-B), que forman parte de la Finca Número ciento setenta y nueve mil catorce (179014), pueden existir líneas soterradas consistentes en tuberías de la conducción de aguas servidas, tuberías de agua potable, tuberías de aguas pluviales, tuberías de conducción de cableados eléctricos, tuberías de cableados de teléfonos a las cuales LA COMPRADORA permitirá el libre acceso de las instituciones y personas encargadas de su mantenimiento y reparación. Además, declara LA NACION y así lo acepta LA COMPRADORA, que ésta no podrá alterar ni de ninguna forma afectar la existencia y el curso de las líneas a que se refiere esta cláusula sin la debida aprobación de las autoridades correspondientes, en cuyo caso LA COMPRADORA asumirá todos los gastos en que se incurra. De igual manera, las partes solicitan al Registro Público que se haga constar expresamente esta cláusula como restricción al dominio de las fincas que resulten de las segregaciones de los lotes de terrenos y sus mejoras consistentes en las viviendas Número novecientos A y novecientos- B (900-B), que por medio de este contrato se venden.

DÉCIMATERCERA: CONEXIÓN DEL AGUA Y ELECTRICIDAD. Declara LA NACION y así lo acepta LA COMPRADORA, que correrá por cuenta de ésta las adecuaciones de las instalaciones existentes a un sistema individual y soterrado de las conexiones que se requieran de acuerdo a las normas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), dentro de un término de treinta (30) días calendario, contados a partir del refrendo del presente contrato. También correrá por cuenta de LA COMPRADORA las adecuaciones para la instalación de la infraestructura eléctrica y civil que se requiere para individualizar y habilitar la medición de la energía eléctrica, de acuerdo a las normas de servicio en el área, establecidas por la empresa de energía eléctrica correspondiente.

DÉCIMACUARTA: ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. Declara LA COMPRADORA, que ha inspeccionado los bienes objeto de este contrato y es conocedora a cabalidad de las condiciones, estado físico y demás cualidades del mismo, los cuales recibe y acepta a satisfacción como aptos para el uso y finalidades que se le destinan por medio del presente contrato, por lo que exime de todo tipo de responsabilidad a LA NACION, así como del saneamiento por defectos y vicios ocultos que tenga o pudiere tener las cosas vendidas, de cuyas existencias ignora en estos momentos LA NACION, por razón de la falta de planos específicos y que las normas utilizadas tenían como fundamento criterios que respondían a la época en la cual fueron construidos, renunciando a cualquier reclamo o acción judicial por tales causas contra LA NACION.

DÉCIMAQUINTA: AceptaciÓn DE LaS VENTAS. Declara LA COMPRADORA que acepta la venta de las fincas que resulten de las segregaciones, descritas en la cláusula segunda de este Contrato, que le hace LA NACION en los términos y condiciones anteriormente expresados.

DÉCIMASEXTA: Queda aceptado entre las partes contratantes que forman parte integrante del presente contrato de compraventa, los Formulario de Propuestas que sirvieron de base para la Solicitud de Precios Número doscientos treinta y cinco dos mil cuatro (235-2004) Primera Convocatoria, la propuesta hecha por LA COMPRADORA y la Resolución Administrativa Número quinientos cincuenta y siete dos mil cuatro (557-2004) de catorce (14) de octubre de dos mil cuatro (2004).

DÉCIMASEPTIMA: TIMBRES FISCALES. El presente contrato no causará la presentación de Timbres Fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo novecientos setenta y tres (973), ordinal ocho (8) del Código Fiscal.

Para constancia se extiende y firma el presente contrato en la ciudad de Panamá a los siete (7) días del mes de abril de dos mil seis (2006).

RICAURTE VÁSQUEZ MORALEZ VIELKA DEL CARMEN JARAMILLO DE DE LEON

LA NACION LA COMPRADORA

REPRESENTADA LEGALMENTE POR:

IDALIA VÁSQUEZ DE TORRES

Refrendo de la Contraloría General de la República, ciudad de Panamá, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de ABRIL de DOS MIL seis (2,006). __

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INCLUIR OTRA CARTA RENOVADA

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE EDICACIÓN

RESUELTO No. 2185 Panamá, 10 de diciembre de 2007

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que miembros de la comunidad educativa de los centros educativos particulares y oficiales, así como los gremios docentes han solicitado se restablezca la vigencia del Resuelto 2075 de 29 de diciembre de 2000;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Restablézcase en su vigencia el Resuelto 2075 de 29 de diciembre de 2000, que dice así:

REPÚBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resuelto No.2075 Panamá, 29 de Dic de 2000.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

en uso de sus facultades legales

CONSIDERANDO:

Que el artículo 69 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, establece que la educación de jóvenes y adultos tiene como fin propiciar el logro de la autogestión del joven y adulto para su realización integral;

Que la educación de jóvenes y adultos se basa fundamentalmente en el autoaprendizaje, apoyándose en la ciencia andragógica, aplicando la enseñanza presencial, semipresencial y a distancia y tomando en consideración las características y necesidades propias del sujeto educativo;

Que en los centros educativos oficiales y particulares del subsistema no regular, se ha generalizado la aplicación de la modalidad trimestral semipresencial, la cual requiere una reglamentación;

Que es función del Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, coordinar, orientar y supervisar todas las acciones educativas que se desarrollen en esta área del subsistema no regular, tanto en los centros oficiales como particulares del país.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Reglamentar la aplicación de la modalidad trimestral en los centros educativos oficiales y particulares del subsistema no regular, que ya adoptaron dicho sistema, en los niveles de Educación Básica General y Educación Media.

ARTÍCULO 2: Los requisitos de ingreso a los centros educativos del subsistema no regular, de educación premedia y media, son los siguientes:

Ser mayor de quince (15) años de edad.

Certificado de Nacimiento Escolar y fotocopia de cédula.

Dos fotos tamaño carné.

Para ingresar a primer año, copia de certificado de terminación de estudios primarios.

Copia de Certificado de Educación Básica General.

Créditos originales, en caso de traslado de un centro educativo a otro.

Asistir a los cursos de Aprender a Aprender en los centros donde se imparta la metodología a distancia.

Certificado de trabajo

Certificado de Salud y Tipaje de Sangre.

ARTÍCULO 3: La modalidad trimestral organiza el año escolar en tres (3) trimestres para los colegios oficiales y cuatro (4) trimestrales para los particulares.

Cada trimestre tendrá (12) semanas de duración, durante las cuales el participante deberá realizar pruebas parciales, trabajos y una prueba trimestral a efecto de aprobar el mismo.

ARTÍCULO 4: La evaluación será de tipo dialógica, integrada por autoevaluación, coevaluación y la evaluación unidireccional, las cuales serán consensadas entre facilitador y participante, a través de contratos de aprendizajes.

ARTÍCULO 5: La evaluación unidireccional se compondrá de los siguientes aspectos:

Un mínimo de tres (3) pruebas parciales, en asignaturas no académicas y cuatro (4) parciales para asignaturas académicas.

Actividades como investigaciones, charlas, informes de laboratorio, murales y otros.

Un examen trimestral o trabajos finales.

ARTÍCULO 6: Los planes y programas de estudios del subsistema regular se aplicarán en el subsistema no regular, hasta tanto se elabore la nueva propuesta curricular para la educación de jóvenes y adultos.

ARTÍCULO 7: La dosificación de los contenidos se hará a través de módulos, guías de autoinstrucción y de aprendizaje adecuados a las características de la población joven adulta.

ARTÍCULO 8: El Director del colegio debe coordinar las acciones necesarias para que los módulos y guías de autoaprenizaje garanticen los siguientes aspectos:

Promoción de aprendizajes activos.

Contextualización y adecuación del currículo.

Objetivos, saberes, y haceres propios de la asignatura.

Contenidos actualizados.

Esenciales mínimos.

Secuencia y continuidad.

Presencia de los ejes transversales.

ARTÍCULO 9: Las guías de aprendizaje y autoinstrucción para los participantes, serán distribuidas y estarán a la venta en la dirección de centro educativo.

ARTÍCULO 10: Los participantes que cursan el primer ciclo sólo podrán matricular el 50% de las asignaturas por trimestre, de acuerdo a la distribución equitativa hasta cinco (5) asignaturas; salvo que demuestre competencia y la carga horaria lo permita, podrá matricular un máximo de seis (6) asignaturas.

ARTÍCULO 11: Las asignaturas de especialidad de los diferentes planes se completan en dos (2) trimestres, parte A y luego la parte B, para lo cual se requiere que sean tomadas en ese orden (primero la parte A y parte B), si no logra aprobar la parte A, no puede tomar la parte B.

ARTÍCULO 12: No se puede cursar dos (2) asignaturas iguales, de diferentes niveles, en un mismo trimestre, cuando una es pre-requisito de la otra.

ARTÍCULO 13: Los participantes que reprueben hasta dos (2) asignaturas tendrán derecho a una prueba adicional, siempre que el promedio no sea inferior a 2.5. Si el participante no logra aprobar, deberá cursar la materia en otro trimestre. En el caso de los participantes del nivel medio que reprueben dos trimestres en la especialidad técnica, se investigará y dará seguimiento para determinar la causa del fracaso; si es necesario se recomendará el cambio de la carrera.

ARTÍCULO 14: Los participantes provenientes de otros centros educativos podrán solicitar la convalidación de las asignaturas, siempre y cuando las mismas tengan igual denominación o se correspondan con el plan de estudios.

ARTÍCULO 15: Se prohibe a los estudiantes del subsistema regular, participar simultáneamente en el subsistema no regular en calidad de especiales o para recuperar asignaturas.

ARTÍCULO 16: La educación a distancia se brindará a los participantes que, por la naturaleza del trabajo, ausencia de medios de transporte, privación de su libertad u otras circunstancias justificables, se les dificulte la asistencia regular a clases.

ARTÍCULO 17: La incorporación de la modalidad a distancia, en los centros oficiales, requiere la aprobación de la Dirección Regional de Educación respectiva, previa presentación del proyecto que justifique su aplicación.

ARTÍCULO 18: La educación a distancia se adoptará en el centro educativo, previa capacitación del personal docente y directivo, en lo relativo a los principios característicos de la educación a distancia, tutoría, elaboración del módulo de autoinstrucción y otros aspectos relevantes en esta materia.

ARTÍCULO 19: En los centros de educación nocturna donde se brinde la enseñanza semipresencial y a distancia, se desarrollará la práctica profesional de los participantes, de acuerdo a lo establecido en este orden.

ARTÍCULO 20: Este Resuelto empezará a regir a partir de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

DORIS ROSAS DE MATA

Ministra de Educación.

NORA AROSEMENA DE BATINOVICH

Viceministra de Educación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Este Resuelto Deroga el Resuelto 1624 de 1 de octubre de 2007.

ARTÍCULO TERCERO. Este Resuelto empezará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLESE,

BELGIS E. CASTRO JAÉN

Ministro

ZONIA G. DE SMITH

Viceministra

 

RESOLUCIÓN No.221

(De 31 de mayo de 2007)

La Ministra de Desarrollo Social,

en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que la entidad denominada ASOCIACIÓN PANAMA VERDE, la cual consta inscrita en la Dirección General del Registro Público, a Ficha S.C. 21229, Documento 690264, domiciliada en Ciudad de Panamá, Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Aventura, Piso 4, Local 448, representada legalmente por DARIO FLORES BARRIA, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal Número 8-724-2069, ha solicitado al Ministerio de Desarrollo Social, por medio de su apoderado legal LICDO. EVYN CELSO ARCIA GONZÁLEZ, el reconocimiento como organización de carácter social sin fines de lucro.

Para fundamentar su petición, presenta la siguiente documentación:

Poder y solicitud mediante apoderado legal, dirigido a la Ministra de Desarrollo Social, donde solicita el reconocimiento de la entidad antes referida como organización de carácter social sin fines de lucro.

Copia autenticada de la cédula de identidad personal del ciudadano que ejerce la representación legal de la organización.

Copia cotejada de la escritura pública a través de la cual se protocolizó la personería jurídica, debidamente acreditada por el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Certificación emitida por la Dirección General del Registro Público, sobre la existencia y vigencia de la entidad solicitante, que acredita que la organización tiene más de un (1) año de haberse registrado.

De lo anterior se desprende que la entidad jurídica denominada ASOCIACIÓN PANAMA VERDE cumple con los requisitos legales necesarios para ser reconocida como asociación de carácter social sin fines de lucro.

Por lo tanto,

RESUELVE:

Reconocer a la organización denominada ASOCIACIÓN PANAMA VERDE como asociación de carácter social sin fines de lucro.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Decreto Ejecutivo N° 28 de 31 de agosto de 1998, modificado por el Decreto Ejecutivo N° 27 de 10 de agosto de 1999 y por el Decreto Ejecutivo N° 101 de 28 de septiembre de 2001.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ROQUEBERT LEÓN

Ministra

FELIPE CANO GONZÁLEZ

Viceministro

 

RESOLUCIÓN No.39,977-A-2007-J.D.

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, en uso de sus facultades reglamentarias,

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo previsto en el Artículo 28 numeral 2 y 20 de la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, Orgánica de la Caja de Seguro Social, la Junta Directiva tiene la facultad de dictar y reformar los reglamentos de la Institución, mediante resolución;

Que sometido el anteproyecto del Reglamento Interno de Junta Directiva, al análisis de la Comisión Ad-Hoc, ésta evaluó el Reglamento Interno de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y recomendó su adopción;

Que el Pleno de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, en sesión celebrada el 17 de julio del 2007, discutió exhaustivamente dicho anteproyecto de Reglamento y lo aprobó en Primer Debate;

Que en mérito a lo expuesto;

RESUELVE:

APROBAR en Segundo Debate el Reglamento Interno de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, en sesión celebrada el 11 de octubre del 2007.

El presente Reglamento Interno de la Junta Directiva deroga en todas sus partes la Resolución No.39,977-A-2007-J.D. y todas las demás disposiciones reglamentarias que le sean contrarias.

REMITASE a la Gaceta Oficial para su debida promulgación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 28, numerales 2, 20 de la Ley No.51, Orgánica de la Caja de Seguro Social, de 27 de diciembre de 2005.

Publíquese y Cúmplase,

ING. HÉCTOR I. ORTEGA G.

Secretario de la Junta Directiva

DR. PABLO VIVAR GAITÁN

Secretario de la Junta Directiva

REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA

CAPITULO I

Artículo 1: La Junta Directiva se reunirá el primer jueves de cada mes en sesiones ordinarias a las 8:30 a.m. o a la 1:00 p.m. o a las 4:00 p.m., en su salón, el cual es de uso exclusivo de esta corporación, o en cualquier otro lugar escogido en la sesión anterior, previa comprobación del quórum. No se requerirá el aviso previo para trasladar el sitio de reuniones, cuando medien circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor.

Pasados treinta (30) minutos de la hora señalada y de no haber quórum, la reunión será cancelada, dejando constancia de los Directores presentes.

La Junta Directiva por vía de su Presidente, podrá autorizar la utilización de su salón de reuniones por otros funcionarios, a solicitud de la Administración, siempre y cuando que no se necesite para reuniones de las Comisiones o de los Directivos.

Artículo 2: El quórum de la Junta Directiva estará integrado por la presencia de seis (6) de sus miembros, debidamente acreditados para actuar.

Artículo 3: La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, podrá ser convocada a sesión extraordinaria en los siguientes casos:

a. A petición del Presidente, del Director General o por un mínimo de seis (6) de sus miembros principales o suplentes que actúen como principal.

b. Urgencia notoria.

c. Cuando el orden del día de la sesión anterior no fue agotado totalmente y los puntos que quedaron pendientes por su importancia ameriten una sesión de este tipo; y se ceñirá al formato utilizado en la reunión ordinaria.

En cualquiera de estos supuestos, él o los interesados, deberán comunicar por escrito a la Secretaría General o al Secretario, la convocatoria señalada el motivo de la misma.

Parágrafo 1: La correspondiente convocatoria para sesiones extraordinarias, deberán notificarse telefónicamente, por escrito, fax (facsímile) o correo electrónico con su respectivo orden del día, a cada miembro principal y suplente.

Artículo 4: Las sesiones de la Junta Directiva durarán hasta tres (3) horas contadas a partir de su hora oficial de inicio. No obstante, lo anterior, la duración de las sesiones podrá prolongarse por más tiempo del estipulado, o declararse en sesión permanente para concluir con los temas o asuntos no agotados, a solicitud de un (1) miembro de la Junta Directiva y aprobado por seis (6) de sus miembros en ejercicio, treinta (30) minutos anteriores a la hora reglamentaria de la finalización.

Parágrafo 1: Los gastos de transporte y viáticos para asistir a las reuniones de Junta Directiva o reuniones de Comisiones de los miembros de Junta Directiva, que residan a más de 30kms. del lugar habitual de reunión o que residan en el Interior de la República, serán cubiertos por la Institución. Para efectos de gastos de movilización y reconocimiento de alimentación a los directivos principales, los suplentes, designados o delegados, según sea el caso que viven dentro del perímetro de la Provincia de Panamá, se aplicarán las Resoluciones pertinentes.

Cuando las sesiones y reuniones de comisiones se realicen en lugar distinto al que regularmente se llevan a efecto, la Caja de Seguro Social cubrirá los gastos de transporte, hospedaje, alimentación y viáticos correspondientes. Esto último en atención a la jerarquía de la Junta Directiva como órgano superior de Gobierno de la Caja de Seguro Social.

Parágrafo 2: A los suplentes que actúen como principales se les reconocerá el pago de transporte o movilización respectivo.

Parágrafo 3: Los suplentes que residan a más de 30kms. del lugar habitual de la reunión y que asistan y usen su derecho a voz, también tendrán derecho a gastos de movilización y transporte.

Artículo 5: Para determinar si se prosigue o no con la sesión, cualquier miembro de la Junta Directiva podrá solicitar al Presidente, la verificación del quórum reglamentario y este así lo hará. De no haber quórum la reunión quedará clausurada.

Artículo 6: Es facultad y deber del Director General asistir a las sesiones que celebre la Junta Directiva, con derecho a voz. En ausencia del Director General, el Subdirector General asistirá en su representación y en ausencia de ambos, asistirá un Director Nacional designado por escrito por el Director General.

Artículo 7: El Subdirector General podrá asistir a las sesiones que celebre la Junta Directiva y tendrá derecho a voz.

Artículo 8: Podrán asistir a las sesiones de Junta Directiva, funcionarios de la Caja de Seguro Social o personas que no presten servicios a la misma, que sean invitados expresamente por el Director General en cuyo caso deberá contar con la aprobación previa de la Junta Directiva. También podrán asistir a la misma, los funcionarios que a juicio de la Junta Directiva, sean necesarios para ilustrar los temas y aquellas personas a quienes la Junta Directiva, les conceda cortesía de sala. Los solicitantes deberán indicar previamente el tema y las personas que participarán. La Junta Directiva determinará el tiempo concedido.

Artículo 9: Los particulares, personal de apoyo y funcionarios invitados por la Junta Directiva o por el Director General, sólo intervendrán en los debates cuando sean autorizados por el Presidente, para los fines exclusivos de aclarar, explicar, informar u opinar sobre el asunto en discusión. Una vez agotado el tema motivo de su invitación, el Presidente de la Junta Directiva les solicitará que abandonen el recinto de sesiones.

Artículo 10: El Secretario General intervendrá durante las sesiones a petición de cualquier miembro de la Junta Directiva o en cumplimiento de instrucciones impartidas por el Director General, previa autorización del Presidente para los efectos de aclarar, explicar o informar sobre cualquier asunto que deba ser considerado por la Junta Directiva.

Artículo 11: Los Directores Suplentes podrán asistir a todas las sesiones de la Junta Directiva y tendrán derecho a voz. Tendrán derecho a dietas, cuando actúen en sustitución de los principales, en todo caso, para efectos de gastos de movilización y viáticos, se procederá de acuerdo a las resoluciones dictadas al respecto y según trámite institucionales pertinentes.

Parágrafo 1: Cuando un Director Principal no pueda asistir a la sesión, éste deberá comunicarle verbalmente o por escrito al Director Suplente para que asista en su lugar. En todo caso, ante la ausencia del principal al momento de la verificación del quórum, el suplente podrá actuar hasta tanto se presente el principal respectivo.

Parágrafo 2: Cuando un Director de la Junta Directiva haga uso de licencia para separarse temporalmente de sus funciones, lo hará por escrito ante el Presidente de la Junta Directiva o lo informará en la sesión correspondiente a fin de que la comunicación conste en acta.

Parágrafo 3: Cuando los Presidentes de las Comisiones deseen habilitar a algún miembro de la Junta Directiva para conformar el quórum reglamentario, lo podrá hacer después de haber transcurrido 15 minutos de la hora indicada para comenzar. De darse el caso en que llegue el miembro correspondiente a la Comisión, no se le hará efectivo el pago de la dieta por haber llegado tarde a la reunión. En su lugar se le pagará la dieta al miembro habilitado.

Parágrafo 4: Se considerará falta absoluta la muerte, la renuncia aceptada, la remoción y la ausencia injustificada a más de tres (3) reuniones ordinarias consecutivas de la Junta Directiva en el transcurso de tres (3) meses.

No se considerará ausencia injustificada cuando el Principal haya designado a su suplente para que lo supla en las reuniones. El Secretario General dejará constancia en acta de este hecho. Esta ausencia deberá ser comunicada por escrito al Presidente de la Junta Directiva por parte del Principal.

Artículo 12: De cada sesión de la Junta Directiva, se conservará la grabación indefinidamente y en forma sucinta por escrito en acta, los hechos ocurridos durante dicha sesión que incluirá:

Lugar, hora y fecha que hubiere sido abierta la sesión.

Los nombres de los Directores presentes durante la sesión y los ausentes con o sin excusas.

Lo aprobado y las enmiendas propuestas al Acta anterior y palabras pronunciadas por los presentes.

Texto de las proposiciones aprobadas.

Constancia de los Acuerdos y Resoluciones adoptados o negados por la Junta Directiva.

Constancia de todas las votaciones hechas en la sesión, con las rectificaciones y verificaciones si las hubiese, incluyendo votos a favor, en contra y abstención.

Hora de llegada y salida del Director General, Subdirector General y de los miembros de la Junta Directiva o quienes los suplan.

Las palabras de los Directores cuando esto soliciten dejar constancia de acta.

Hora en que el Presidente levanta la sesión.

Parágrafo 1: El Acta también constará de un anexo actualizado con las decisiones tomadas y los asuntos pendientes de la Junta Directiva.

Artículo 13: En las sesiones ordinarias de la Junta Directiva se observará un Orden del Día, cuyo contenido lo definirá el Presidente y corresponderá al Secretario de la Junta Directiva prepararlo, de conformidad con el Presidente de la Junta Directiva o quien fuere designado por éste, de acuerdo a lo siguiente:

Verificación del quórum

Consideración del Orden del Día

Discusión y aprobación del acta anterior

Lectura de correspondencia

Asuntos de la Presidencia y de los Directores

Asuntos de la Dirección General

Informe de las Comisiones

Lo que propongan los Señores Miembros de la Junta Directiva

Asuntos Varios.

Parágrafo 1: Al someterse a consideración el proyecto de Orden del Día, el mismo puede ser modificado a petición de cualquier miembro de la Junta Directiva, o a sugerencia del Director General, o a quienes a quienes éste designe, con la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros que integran la Junta Directiva.

Parágrafo 2: En el punto de Lectura de Correspondencia enviada o recibida, la Secretaría General hará un informe abreviado sobre el contenido de la misma. En caso de que algún miembro requiera más información sobre la correspondencia, le solicitará a la Secretaría que se lea en su totalidad. Si algún miembro de la Junta Directiva solicita discusión sobre la misma, se enviará la correspondencia, a la comisión que corresponda.

Parágrafo 3: Corresponde al Secretario General preparar la correspondencia para la firma del Presidente, que deba contestar la Junta Directiva, todo ello dentro de un plazo de 30 días.

Artículo 14: Durante la discusión de los diferentes puntos del Orden del Día, los miembros de la Junta Directiva, podrán presentar mociones específicas sobre el tema en discusión, verbales o escritas.

Artículo 15: Mientras no se haya votado la moción en discusión, no podrá presentarse ninguna relacionada a otro tema salvo el del orden. Sin embargo, cualquier miembro de la Junta Directiva podrá presentar modificaciones a la moción en discusión. La moción en discusión podrá tener las adiciones que se requieran.

Parágrafo 1: La adición de la moción deberá ser votada en primera instancia y en orden inversa a su presentación.

Artículo 16: Concedida la palabra a un Director para proponer una moción debidamente sustentada ésta deberá ser secundada por otro miembro de la Junta Directiva. El Presidente concederá la palabra en el orden de petición a quienes deseen exponer sus puntos sobre la moción propuesta.

Agotadas las observaciones pertinentes, se procederá inmediatamente a la votación de la moción en discusión.

Artículo 17: El Presidente por sí o a solicitud de cualquier directivo, podrá preguntar a la Sala si está suficientemente ilustrada sobre cualquier punto en discusión, para someterlo a votación.

Artículo 18: Corresponde al Presidente de la Junta Directiva velar porque los debates en este organismo se ajusten fielmente a lo dispuesto en el presente Reglamento. También podrá hacer las observaciones pertinentes en este sentido, cualquiera de los miembros de la Junta Directiva.

Artículo 19: Cualquier Director podrá solicitar al Presidente, el uso de la palabra por cuestión de orden. Cuando se conceda ésta, el Orador deberá cesar en el uso de la palabra.

Artículo 20: Un miembro de la Junta Directiva solamente podrá ser interrumpido en el uso de la palabra por el Presidente para:

Ser llamado al orden.

Una cuestión de orden; y

Responder a interpelaciones si tiene a bien concederlas.

Artículo 21: Los miembros de la Junta Directiva o cualquiera de los participantes, serán llamados al orden por el Presidente, cuando:

Profieran expresiones ofensivas, irrespeten o se expresen en forma descortés para con el Presidente, o hacia cualquier miembro de la Junta Directiva, Director General, funcionarios o particulares que hayan sido invitados desconozcan la autoridad del Presidente de la Junta Directiva.

Artículo 22: Se entenderá por cuestión de orden, además de otras disposiciones establecidas en este reglamento:

Cuando el miembro de la Junta Directiva hace uso de la palabra y no esté tratando el tema que se discute. En tal caso, puede ser interrumpido por otros miembros por cuestión de orden.

Cuando por cualquier circunstancia la Presidencia no cumpla con el orden de quienes solicitan el uso de la palabra. En tal caso, cualquier miembro puede pedir la palabra por cuestión de orden y señalar la anomalía.

Cuando se solicita la palabra para que se altere el orden del día.

Cuando el Presidente considere que se utiliza el recurso Para cuestión de orden , con el objeto de hacer uso de la palabra y alterar así, el orden pre-establecido.

En este caso, el Presidente debe utilizar su facultad para impedir que el miembro de la Junta Directiva, continúe en el uso de la palabra.

Artículo 23: Toda actuación o decisión tomada por el Presidente de la Junta Directiva, podrá ser objetada por cualquier miembro de la misma y revocada si cuenta con los votos de la mayoría absoluta de los miembros que integran la Junta Directiva.

Artículo 24: En el transcurso de un debate, si el proponente de una moción debidamente secundada desea retirarla, ésta pueda mantenerse por quien la secundó o por otro miembro de la Junta Directiva. Sin embargo, para que pueda someterse a votación, deberá ser secundada.

Artículo 25: Los miembros de Junta Directiva y quienes actúan en ella con derecho a voz, indicarán la necesidad de retirarse de la sesión, consignándose la hora exacta en el acta respectiva.

Artículo 26: Cada miembro de la Junta Directiva o su suplente, cuando actúe por el principal, recibirá como dieta la suma establecida por Ley.

CAPITULO II

DE LAS VOTACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 27: Votación es el acto mediante el cual los miembros de la Junta Directiva, deciden o manifiestan su voluntad sobre los temas sometidos a su consideración. Toda decisión deberá contar con la mayoría absoluta de los miembros que integran la Junta Directiva, o sea, un mínimo de seis (6) votos, excepto aquellos casos que la Ley establezca o requiera una mayoría específica.

Artículo 28: La votación tendrá lugar en los siguientes casos:

Designación del Presidente, a.i. en caso de ausencia del Presidente o Vicepresidente titular.

Aprobación del Orden del Día.

Discusión y aprobación de las Actas.

Aprobación de una moción debidamente secundada.

Convocatoria de una sesión extraordinaria.(En los casos que corresponda)

Decidir la forma en que se realizará la votación.

Cualquier otro acto que por su naturaleza deba ser sometido a votación.

Artículo 29: El acto de votar es personal, motivo por el cual, ningún miembro de la Junta Directiva podrá votar a nombre de otro, ni dejar consignación previa de voto, en caso de ausentarse del recinto de sesiones.

Artículo 30: La votación puede ser: general, especial, nominal y secreta.

Es general, la que se efectúa al final de los debates, como respuesta al asunto propuesto.

Es especial, aquella en la cual se efectúa en el debate para decidir separadamente sobre cada artículo, proposición, modificaciones de reglamentos o acuerdos. En ambos casos se levantará la mano, cuando el Presidente solicite su pronunciamiento.

Es nominal, aquella en la cual se llama a cada miembro de la Junta Directiva en particular, para que emita su voto.

Es secreta, aquella en la cual no se desea que se conozca la voluntad individual de los miembros de la Junta Directiva.

Para que el Presidente llame a votación nominal o secreta, deberá ser solicitada por un miembro y aprobada sin discusión por los votos de la mayoría absoluta de los miembros que integran la Junta Directiva.

Artículo 31: De cada votación se registrará el número de votos a favor, en contra y las abstenciones que se presenten. En caso de que sea sometido a votación un caso y no se obtenga el número de votos necesario para su aprobación o rechazo; tendrá que ser sometido a consideración en la siguiente sesión ordinaria.

Parágrafo 1: Para los efectos del Acta respectiva, la Secretaría consignará solamente la aprobación o improbación de cualquier moción o asunto, incluyendo el número de votos a favor, votos en contra y abstenciones, sin dejar constancia de la forma como ha votado cada Director, salvo solicitud expresa del interesado.

Artículo 32: El Presidente de la Junta Directiva votará en todo en todo caso sometido a esta corporación.

Artículo 33: Efectuada una votación, cualquier miembro de la Junta Directiva, podrá hacer uso de la palabra para explicar su voto, en un tiempo no mayor de tres (3) minutos.

CAPITULO III

DE LAS COMISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 34: Para un mejor desenvolvimiento en la toma de sus decisiones, la Junta Directiva integrará las Comisiones que la Ley dispone y podrá crear las Comisiones y Subcomisiones que estimen conveniente.

El Presidente de la Junta Directiva escogerá previa consulta al interesado, a los integrantes de las diferentes Comisiones y sus respectivos Presidentes.

Artículo 35: Las Comisiones a que se refiere el artículo anterior, podrán ser de carácter permanentes o temporales.

Tendrán el carácter permanente, las establecidas por Ley a saber: Comisión de Prestaciones Económicas, Comisión de Administración y Asuntos Laborales, Comisión de Inversiones y Riesgos, Comisión de Auditoría y Comisión de Salud.

Tendrán el carácter temporal o accidental, las formadas para estudiar, informar o recomendar sobre un tema específico.

Artículo 36: Las Comisiones Permanentes elaborarán cada una sus Normas de Procedimientos.

Artículo 37: Las Comisiones de la Junta Directiva, serán constituidas por un mínimo de cinco (5) directivos principales o suplentes, 3 de los cuales harán quórum.

Parágrafo 1: Para sesionar, cada Comisión necesitará la presencia de la mayoría de los Directores que la integran. El Presidente de la Junta Directiva, al igual que todos los otros Directores y Suplentes, podrán participar en todas las reuniones de las comisiones con derecho a voz.

Parágrafo 2: Para los efectos de quórum y dieta, no podrán participar, al mismo tiempo, en ninguna comisión el Principal y su respectivo Suplente.

Parágrafo 3: En caso de ausencia temporal de un Director a la reunión de su Comisión, el Presidente de está, podrá designar temporalmente a otro Director para que éste sea quien participe en la decisión pertinente.

Artículo 38: Las Comisiones Transitorias Ad-Hoc estudiarán los proyectos que les entregue la Junta Directiva y rendirán un informe por escrito a la misma, que reflejará la opinión mayoritaria de sus miembros.

Artículo 39: De todas las sesiones de las Comisiones, se levantará:

Un Informe que será presentado al Pleno de la Junta Directiva para su consideración.

Un Acta.

Una ayuda memoria que será preparada para cada reunión sobre los temas pendientes.

Artículo 40: En todas las sesiones de las Comisiones, podrán asistir con derecho a voz:

Cualquier miembro de la Junta Directiva.

El Director y el Subdirector General.

El Contralor General de la República, Subcontralor o el funcionario designado.

Estarán obligados a asistir cualquier funcionario de la Institución cuya presencia haya sido requerida por la Comisión.

CAPITULO IV

DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 41: Para el cumplimiento de las atribuciones que se consagran en el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, (Ley Nº 51 del 2005), el pleno de la Junta Directiva, podrá designar a uno o varios de sus miembros principales o suplentes, para que asistan a seminarios, cursos, simposios, congresos y demás eventos educativos o formativos, y en aquellos eventos nacionales o internacionales en que sea conveniente la participación de la Caja de Seguro Social, que le permitan adquirir los conocimientos necesarios para su mejor desempeño en materia de gestión pública y de seguridad social, siempre que la duración de dichos eventos no exceda el período de designación de director ante la Junta Directiva, con excepción en aquellos casos que no se haya nombrado su reemplazo.

Artículo 42: Las delegaciones integradas por Miembros de la Junta Directiva que ésta designe para participar en actividades de trabajo, tanto en el país como en el exterior, estará integrada por la cantidad de miembros que designe la Junta Directiva. En aquellos casos donde se requiera la participación de varios Directores, estos serán designados de diferentes sectores.

Artículo 43: La representación oficial de la Junta Directiva recaerá en su Presidente, o en su defecto en el vicepresidente o en ausencia de ambos, el miembro principal designado por la Junta Directiva.

Artículo 44: Las decisiones finales de la Junta Directiva adoptarán la forma de Resolución y/o de Acuerdos, las cuales no deben contravenir la Ley, ni los Reglamentos.

Las Resoluciones son las decisiones finales sobre un asunto particular o específico, y éstas deberán ser motivadas y firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva.

Los Acuerdos serán las decisiones que establezcan normas o pautas generales y objetivos sobre cualquier punto pertinente a la gestión administrativa de la Institución. Corresponderá a la Secretaría de la Junta Directiva, darle seguimiento a los mismos y trasmitirlos a la instancia respectiva de manera eficiencia y eficaz.

Artículo 45: En cumplimiento de las decisiones de la Junta Directiva y siguiendo estrictamente sus indicaciones, la Dirección Nacional de Asesoría Legal de la Institución redactará los proyectos de resoluciones que absuelvan las apelaciones interpuestas ante la Junta Directiva contra las Resoluciones de la Dirección General. La Junta Directiva podrá asignar, en ciertos casos, la redacción de estos documentos a su Asesor Legal, quien informará a la Dirección Nacional de Asesoría Legal.

CAPÍTULO V

DEBATES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 46: Las normas de debates para las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva tienen como objeto, regular el normal desarrollo de las sesiones, por lo que son de obligatoria observancia por todos los asistentes.

Artículo 47: Deberes del Presidente:

Debe mantener el orden y garantizar a los Directores el ejercicio de sus derechos.

Servir de mediador en la solución de las diferencias que puedan surgir entre los diferentes Miembros de la Junta Directiva.

Cumplir y hacer cumplir la Ley 51 de la Caja de Seguro Social y las disposiciones pertinentes y este Reglamento, procurando mantener el orden y la disciplina en las reuniones.

Conceder el uso de la palabra en el estricto orden en que los Miembros de la Junta Directiva lo hayan solicitado.

Suscribir acuerdos, resoluciones y reglamentos.

Artículo 48: Derechos y deberes de los Miembros de la Junta Directiva:

Derecho a participar en los Debates.

Cuando un Director ejerza su derecho al uso de la palabra, lo hará con el debido respecto y teniendo en cuenta el ejercicio del mismo derecho por parte de los otros miembros. La palabra se ejercerá por un tiempo prudencial y así mantenernos dentro del tema objeto de discusión.

Respetar a los Directores y demás asistentes a la Junta Directiva, dentro del marco de la cortesía, consideración y el lenguaje correcto.

Acatar las decisiones de la mayoría.

Los directores deben cumplir con la Ley 51 de la Caja de Seguro Social y este reglamento.

Solicitar documentos, asistencia y apoyo para el debido cumplimiento de sus obligaciones.

Ser atendido en tiempo oportuno por la Dirección General, Subdirección General y Direcciones Nacionales para asuntos relacionados con las funciones que la Ley les otorga.

Artículo 49: Solicitud de uso de palabra:

El Director levantará la mano solicitando al Presidente el uso de la palabra.

No podrá hacer uso de la palabra, sino hasta cuando el Presidente se la haya concedido, salvo en aquellos casos por cuestión de orden. Cuando el Presidente o el Vicepresidente considere que se utiliza el recurso cuestión de orden con el objeto de hacer uso de la palabra y alterar así el orden establecido por la Junta, debe utilizar su facultad para impedir que el Director continúe en uso de la palabra.

Artículo 50: En el caso de ocurrir la falta absoluta de un Director o de su suplente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, el Presidente informará la ausencia al Órgano Ejecutivo y al gremio, o gremios que aquel representa, con la finalidad de que se proceda al nombramiento de correspondiente según lo establece la misma. Cuando se trata de falta absoluta del Presidente la información la suministrará aquel Director que había sido designado para ejercer la Presidencia en forma provisional.

Artículo 51: Deberes del Secretario de la Junta Directiva:

Verificar el quórum y mantener el listado exacto de los Miembros asistentes consignando las horas de entradas y salidas.

Leer el Acta correspondiente u otros documentos a solicitud del Presidente o cualquier Miembro de la Junta Directiva.

Pasar lista de los votantes e informar al Presidente los resultados.

Llevar las Actas de cada sesión anotando en ellas todas las decisiones tomadas.

Firmar las Actas, Acuerdos, Resoluciones y cualquier otro documento, así como autenticar éstos cuando sean necesarios.

Garantizar que únicamente ingresen al recinto aquellas personas previamente autorizadas, cuando así se lo indique el Presidente.

Responsabilizarse del archivo y traslado de todos los documentos de la Junta Directiva

Cumplir con los demás preceptos establecidos en el presente reglamento.

Asistir a las reuniones de Junta Directiva y Comisiones.

Tratar con respeto a los miembros de la Junta Directiva y otros funcionarios.

Verificar que la correspondencia dirigida a miembros o Pleno de la Junta Directiva sea puesta a disposición a más tardar dos días hábiles después de recibida.

Coordinar con Secretaría General e Informática, la sistematización tecnológica de la Junta Directiva y la implementación de una base de datos.

Velar para que el Personal de la Institución colaboré oportunamente con el personal de apoyo de la Junta Directiva para el cumplimiento del objetivo.

Cualquier otra que le asigne la Junta Directiva.

Artículo 52: Deberes del Personal de Apoyo de la Junta Directiva:

A. SECRETARIO ADJUNTO:

1. Coordinar con el Presidente de la Junta Directiva y Secretaría General, el cronograma de reuniones, plenarias y comisiones e informar sobre la convocatoria de las mismas a los Miembros de Junta Directiva.

2. Coordinar y dar seguimiento de todo lo relacionado a los gastos de la Junta Directiva e informar periódicamente a esta de los gastos efectuados.

3. Coordinar con Secretaría General los casos pendientes que deben ser atendidos por Junta Directiva y Comisiones.

4. Verificar que la documentación respectiva sea presentada oportunamente a los Directores, antes de cada reunión de comisión o sesión de pleno.

5. Velar por el buen manejo y uso de los equipos y materiales utilizados en la Junta Directiva.

6. Coordinar el plan de capacitación y perfeccionamiento de los miembros de la Junta Directiva y el personal de Apoyo, que para tal efecto ésta apruebe.

7. Participar en las reuniones de Comisiones de la Junta Directiva y sesiones del Pleno y a cualquier otra que le sea asignada.

8. Participar con el Secretario General en la confección del Informe Anual de labores de Junta Directiva.

9. Coordinar y brindar el apoyo al cuerpo de asesores de la Junta Directiva, en las labores de asesoría técnica.

10. Atender diligentemente, a petición, las necesidades de los miembros de la Junta Directiva y cumplir con cualquier otra función que se le asigne.

B. ABOGADO:

1. Asesorar a la Junta Directiva, sobre temas de carácter legal, sometidos a su consideración y coordinar labores con los Asesores Legales de Junta Directiva.

2. Coordinar labores con el equipo de apoyo de la Junta Directiva, sobre situaciones jurídicas de distintas naturalezas, que sean del conocimiento de la misma.

3. Solicitar información, realizar investigaciones y rendir informes sobre necesidades y requerimientos de naturaleza jurídica que solicite la Junta Directiva o comisiones de trabajo.

4. Asistir a las comisiones permanentes e incidentales y a las reuniones del Pleno de la Junta Directiva, ordinarias y extraordinarias.

5. Realizar otras tareas de acuerdo a los límites de la sana práctica de la profesión de abogado que le asigne la Junta Directiva.

C. FINANCISTA:

1. Asesorar a la Junta Directiva en materia de inversiones y asuntos financieros y presupuestarios.

2. Coordinar con la Secretaría General o el Departamento de Finanzas, los temas financieros y de inversiones que serán de conocimiento de la Junta Directiva.

3. Gestionar por conducto de la Secretaría General, información sobre asuntos financieros o de inversiones que se requieran para asesorar a la Junta Directiva, sus comisiones o miembros.

4. Emitir opinión para la Junta Directiva a Comisión sobre informes financieros, presupuestarios y de inversiones que se presenten.

5. Trabajar coordinadamente con el resto del personal de apoyo de la Junta Directiva.

6. Realizar cualquiera otra tarea o función que en materia financiera de inversiones le señale o asigne la Junta Directiva.

7. Asesorar a las Comisiones de Junta Directiva y especialmente a la comisión de Inversiones y Riesgo-

Artículo 53: El Director de Análisis y Responsabilidad Institucional, además de las facultades y deberes que le otorga la Ley 51, de 27 de diciembre de 2005, deberá cumplir con las siguientes funciones:

1. Dirigir y coordinar los sistemas de control y seguimiento de los procesos de auditorias, verificaciones, revisiones entre otras en las áreas de sus competencias.

2. Difundir las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos procesos de control que regulan la transparencia nacional e internacional.

3. Integrar un sistema de control de gestión en las auditorias para el seguimiento y evaluación de sus programas y proyectos que lleve a cabo el Director (a) Análisis Institucional.

4. Cumplir con los acuerdos, compromisos y programas de trabajo convenidos conjuntamente con la Junta Directiva.

5. Garantizar la confidencialidad de los datos de las investigaciones que lleve adelante.

6. Promover, programar, coordinar y ejecutar la capacitación de los servidores públicos de la Caja de Seguro Social en materia de transparencia.

7. Difundir entre los servidores públicos de la Caja de Seguro Social y los particulares, los beneficios del manejo público de la información y de sus responsabilidades en el bueno uso de la misma.

8. Elaborar y publicar estudios e investigaciones y ampliar el conocimiento sobre la materia de los procesos de transparencia, previa autorización de la Junta Directiva.

9. Interactuar y participar en materia de transparencia con los demás sectores vinculados a esta materia.

10. Preparar y proponer a la Junta Directiva el anteproyecto de su presupuesto anual, el cual se someterá a consideración de la Junta Directiva.

11. Participar personalmente al Pleno y a las Comisiones de la Junta Directiva, o por delegación previa excusa aprobado por el Pleno de la Junta Directiva.

12. Y demás funciones que le asigne la Junta Directiva, la Ley y los reglamentos.

Artículo 54: Todo documento o escrito que deba ser presentado por Secretaría General a la consideración de la Junta Directiva en las sesiones ordinarias o extraordinarias, deberá entregarse en Secretaría General. El Secretario General debe entregar la respectiva documentación a los miembros de la Junta Directiva, 24 horas antes de la sesión respectiva.

Salvo los casos de urgencias notarias comprobadas

Todo documento o escrito al igual que la copia, dirigido a la Junta Directiva debe tener acuse de recibo por la Secretaría General en el que conste la fecha y hora de su presentación o recibo.

Artículo 55: Cualquier modificación o adición que se introduzca a este reglamento, requerirá de la discusión y aprobación de la mayoría absoluta, es decir, seis (6) de los miembros que integren la Junta Directiva, en dos (2) sesiones diferentes.

Artículo 56: Este Reglamento deja sin efecto el reglamento anterior aprobado en Segundo Debate por la Junta Directiva, en su sesión del día 7 de octubre de 1985 y modificado en la sesión del 26 de septiembre de 1988;

Aprobado en Primer Debate por la Junta Directiva el 05 de marzo de 2002.

Aprobado en Segundo Debate por la Junta Directiva el 14 de marzo de 2002.

Articulo 57: Este Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación, en la Gaceta Oficial.

Aprobado en Primer Debate, el Reglamento Interno de la Junta Directiva en la sesión del día 17 de julio de 2007.

Aprobado en Segundo Debate, el Reglamento Interno de la Junta Directiva en la sesión del día 11 de octubre de 2007.

 

REPUBLICA DE PANAMA

COMISION NACIONAL DE VALORES

RESOLUCION CNV No.235-07

De 17 de septiembre de 2007

La Comisión Nacional de Valores, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que la sociedad denominada NACEL ENERGY CORPORATION sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Wyoming, Estados Unidos de América, ha solicitado mediante apoderados especiales y en calidad de emisor, el registro de Acciones Comunes que han sido previamente registradas en el Securities and Exchange Comisión (SEC) de los Estados Unidos de América.

Que de conformidad con el Artículo 1 del Decreto Ley 1 de 1999, jurisdicción reconocida es toda jurisdicción que la Comisión reconozca que cuenta con las leyes y reglamentos que, aunque no sean igual a los nacionales, ofrecen en general, a juicio de la Comisión, un grado de protección a los inversionistas en su conjunto sustancialmente igual o mejor que el que ofrece la legislación nacional y que cuenta con un ente regulador que, a satisfacción de la Comisión, fiscalice adecuadamente el cumplimiento de dichas leyes y reglamentos.

Que el artículo 76 del Decreto Ley 1 de 1999, faculta a la Comisión para reconocer la validez de registros de valores hechos en jurisdicciones reconocidas, así como para permitir la oferta pública de dichos valores o su listado en bolsa de valores establecidas en la República de Panamá, pudiendo la Comisión regular mediante Acuerdo el procedimiento de reconocimiento de dichos registros extranjeros y determinar la información y los documentos que en estos casos deban ser presentados a la Comisión y enviados a inversionistas.

Que mediante Acuerdo No. 11 de 3 de julio de 2000 la Comisión Nacional de Valores declaró a los Estados Unidos de Norteamérica como jurisdicción reconocida para los efectos de la definición contenida en el Artículo 1 del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999.

Que mediante Acuerdo No. 8-2003 de 9 de julio de 2003, modificado por el Acuerdo No.3-2004 de 6 de mayo de 2004 la Comisión Nacional de Valores adoptó el procedimiento abreviado de registro de los valores que hayan sido previamente registrados o autorizados para su oferta pública, en una jurisdicción reconocida.

Que la Comisión ha evaluado la solicitud presentada y la documentación que acompaña a la misma y considera que cumplen los requisitos establecidos en las mencionadas normas legales y reglamentarias.

Que la información suministrada y los documentos aportados cumplen con los requisitos establecidos por el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 y sus reglamentos, estimándose procedente resolver de conformidad.

Vista la opinión de la Dirección Nacional de Registro de Valores e Informes de Emisores, según informe de fecha 12 de septiembre de 2007 que reposa en el expediente.

Vista la opinión de la Dirección Nacional de Asesoría Legal según informe de fecha 14 de septiembre de 2007 que reposa en el expediente.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar el registro de los siguientes valores de la sociedad NACEL ENERGY CORPORATION, mediante procedimiento abreviado de registro establecido en el Acuerdo 8-2003 de 9 de julio de 2003, previamente registrados para su oferta pública en el Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de América.

Quinientas Veinte (520,000) Acciones Comunes. Cuatrocientas (400,000) acciones comunes

con un valor nominal de diez centavos de Dólar (US$0.10) por acción, y Ciento Veinte(120,000)

acciones comunes que son la base de una garantía pendiente para ser vendida por un accionista

vendedor. La garantía puede ser ejercida en cualquier momento hasta el 1 de septiembre de 2010

en un precio de cincuenta centavos de Dólar (US$0.50) por acción.

SEGUNDO: El registro de la oferta pública de estos valores no implica que la Comisión de Valores recomiende la inversión en tales valores, ni representa opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio. La Comisión Nacional de Valores no será responsable por la veracidad de la información o de las declaraciones contenidas en la solicitud de registro.

TERCERO: Los valores antes descritos podrán ser ofrecidos públicamente a partir de la fecha en que quede ejecutoriada la presente Resolución.

CUARTO: Se advierte a la sociedad NACEL ENERGY CORPORATION que con el registro de los valores concedido mediante la presente Resolución queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 y la obligación de la presentación a la Comisión Nacional de Valores de la información financiera periódica que están obligados a presentar al ente regulador de la jurisdicción reconocida en donde estén registrados, así como de comunicar a la Comisión en el evento que tenga lugar un hecho de importancia observando los parámetros dispuestos por el artículo 77 del Decreto Ley 1 de 1999 y sus Acuerdos Reglamentarios.

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, Acuerdo No.8-2003 de 9 de julio de 2003 modificado por el Acuerdo No.3-2004 de 6 de mayo de 2004.

Se advierte a la parte interesada que contra esta Resolución cabe el recurso de reconsideración que deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la fecha de su notificación.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS A. BARSALLO P.

Comisionado Presidente

DAVID SAIED T.

Comisionado Vicepresidente

JUAN MANUEL MARTANS S.

Comisionado

 

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PANAMÁ, CINCO (5) DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO (2001).

PLENO

AURELIO CORREA ESTRIBÍ Magistrado Sustanciador

VISTOS:

Esta Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República dictó la Resolución Final de Cargo y Descargo No43-2000 de diciembre de 2000, (f. 838 y ss.). mediante la cual declaró a la SOCIEDAD VENTAS ECONÓMICAS, S.A., inscrita a ficha 185270, rollo 20461, imagen 22, de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, cuyo representante legal es el señor Canos E. Ramos, con cédula de identidad personal No 7-49-810, responsable patrimonialmente en forma principal, directa y solidaria, por lesión patrimonial causada al Estado por la suma de B/.187,374.85, suma que comprende la lesión causada de B/.159,618.00, más el interés legal aplicado desde que ocurrió la irregularidad hasta que se dictó la Resolución de Reparos, el cual se fijó en la suma de B/. 27,756 85.

La mencionada resolución igualmente declaró con responsabilidad patrimonial principal, directa y solidaria a las siguientes personas y por los siguientes montos:

NOMBRE LESIÓN INTERÉS TOTAL

Carlos E. Ramos B/.159.618.00 B/.27,756.85 B/. 187,374.85

Luis Oriel Díaz B/.159.618.85 B/.27,756.85 B/. 187,374.85

José Miguel B/.159.618.00 B/.27,756.85 B/. 187.374.85

La resolución en referencia, relevó de responsabilidad patrimonial a los señores Rubén Darío Campos, con cédula Nº6-31-976; Carlos M. Subía, con cédula Nº8-153-2163; Jorge Luis Vergara Iglesías, con cédula Nº8-204-1866 y Guilliver De león, con cédula NºN-13-172.

Luego de notificarse de la mencionada resolución, los señores Carlos E. Ramos y Luis Oriel Díaz Saavedra, mediante sus apoderados legales, presentaron recurso de reconsideración contra dicho acto. Procede, por tanto, resolver los recursos impetrados y a ello se dedica de inmediato el Tribunal.

La defensa técnica del señor Carlos E. Ramos, sostiene que su representado y la sociedad VENTAS ECONÓMICAS. S.A., en efecto, realizaron los trabajos de construcción que albergaría las oficinas administrativas del Municipio de San Miguelito. La obra fue construida, entregada, aceptada y pagada por las instituciones encargadas para ello, no detectándose irregularidad en torno a la estructura.

Agrega que, la obra una vez entregada y aceptada quedó asegurada, en caso de deficiencias estructurales o fallas en la construcción, según póliza de la Compañía Aseguradora Mundial, con la cual se garantizaba que en caso de deficiencia, el Estado podía resarcirse de los perjuicios que sufriera. La obra fue construida, según el letrado, con materiales de alta calidad, siguiendo los lineamientos estructurales para una obra de esa magnitud, no obstante, el abandono y la ociosidad de los funcionarios encargados de vigilarla, fueron los que en última instancia provocaron que la estructura se desmejorara hasta el punto de hacerla inservible para el fin al que había sido destinada, tal cual se desprende del contenido del informe pericial del ingeniero Félix Vergara.

Manifiesta la defensa del señor Ramos que si bien la estructura quedó inservible y representando un peligro para la seguridad de las personas y en consecuencia, como una lesión en el patrimonio del Estado, no menos cierto es que los responsables de esa lesión, son aquellas personal que no hicieron valer la fianza de cumplimiento, con la cual el Estado tenía asegurada el resarcimiento en un caso como el presente. Destaca que el interés político y la mezquindad del doctor John Hoguer, fueron los factores que en última instancia hicieron que la estructura se deteriorara y por tanto se hiciera inservible perjudicando a su representado Carlos E. Ramos y en consecuencia, la lesión patrimonial que sufrió el Estado.

Finalmente solicita al Tribunal reconsidere la decisión en lo que respecta a su cliente y lo eximan de responsabilidad patrimonial por los hechos irregulares descubiertos en el presente caso.

Por su parte, el apoderado judicial del señor Luis Oriel Díaz Saavedra, en el recurso de reconsideración interpuesto expresa que esta Dirección no tomó en cuenta, dentro de la resolución recurrida, el caudal probatorio presentado por esta representación y en el cual se acredita fehacientemente que el señor Luis Oriel Díaz siempre cumplió a cabalidad con sus funciones de inspector de obra, en cuanto a la construcción del Palacio Municipal del distrito de San Miguelito, por lo tanto, agrega, su representado comunicó en reiteradas ocasiones tanto al ingeniero municipal como al señor Alcalde Municipal del distrito de San Miguelito, las condiciones en que se encontraba la obra, no obstante, el señor Díaz no tenía injerencia en los pagos efectuados a la empresa constructora.

Seguidamente añade que su representado, al contrario de lo que plantea la resolución recurrida, siempre actuó en aras de proteger los intereses del Estado, además, consta en el expediente que el señor Luis 'Oriel Díaz envió comunicaciones escritas (f. 151, 155) al ingeniero municipal del distrito de San Miguelito, poniéndolo en conocimiento de los defectos de la obra, por lo que no entiende cómo se puede sancionar a un funcionario que actuó con la

responsabilidad de comunicar a los funcionarios que tenían la responsabilidad de autorizar los desembolsos del Estado, de las condiciones reales de la obra, no obstante - enfatiza- estos funcionarios no ordenaron la detención de los pagos. Es en estos funcionarios de jerarquía del municipio de San Miguelito, en quienes recae la responsabilidad de los perjuicios que pueda haber sufrido el Estado con la construcción del Palacio Municipal del distrito de San Miguelito.

Según el recurrente, en el expediente se ha acreditado, y no se tomó en cuenta por esta Dirección, que su representado ejercía el cargo de analista de proyectos, un puesto de tercera categoría, de manera que éste no era la persona en la cual debía recaer la responsabilidad de recibir la obra por parte del municipio de San Miguelito, no obstante, se le ordenó que la recibiera y como era un subalterno no le quedaba otra opción que acatar las órdenes impartidas o añadimos, estar dispuesto y en condiciones para soportar cualquier acción que por represalia, se ejecutaron en su contra.

Seguidamente manifiesta que a fojas 818 a 822 del expediente consta la declaración de la señorita Brenda Vásquez. quien ocupaba el cargo de Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano del municipio de San Miguelito y manifestó que el señor Luis Oriel Díaz, fue obligado a recibir la obra en cuestión y agregó que tanto el ingeniero municipal como el señor Alcalde del Distrito tenían conocimiento de las condiciones de la obra, toda vez que el señor Luis Oriel Díaz le había comunicado esta situación en reiteradas ocasiones.

Por último, la defensa del señor Luis Oriel Díaz, afirma que este no puede ser considerado sujeto llamado a responder patrimonialmente, toda vez que no es funcionario a cuyo cargo estuvo la administración de bienes, tal como lo establece el artículo 2 del Decreto de Gabinete Nº36 de 1990, pues era un funcionario de cuarta categoría que no tenía injerencia en los desembolsos hechos por el Estado sino que esta responsabilidad recaía en la más alta posición de la alcaldía de! distrito de San Miguelito.

Corresponde ahora a esta Dirección resolver los remedios legales interpuestos, no sin antes expresar lo siguiente.

AI señor Carlos E. Ramos, se le llamó al procedimiento patrimonial, porque a título personal recibió algunos de los pagos de la obra relacionada con la construcción de las nuevas oficinas del Palacio Municipal del distrito de San Miguelito, II fase. El señor Ramos aparecía como representante legal de la sociedad VENTAS ECONÓMICAS, S.A., la cual igualmente fue condenada en forma solidaria con los otros involucrados por la suma total de B/. 187,374.85, suma que comprende la lesión causada al patrimonio del Estado que asciende a B/. 159,618.00, más el interés aplicado desde que ocurrió la irregularidad hasta la fecha de expedición de la Resolución de Reparos, el cual ascendió a B/. 27.756.85.

La Resolución Final de Cargo y Descargo Nº43-2000 de 22 de diciembre de 2000, ahora recurrida, señaló que el hecho irregular consistió en que el contratista (VENTAS ECONÓMICAS, S.A.), cuyo representante legal, como viene dicho, es el señor Carlos Ramos, utilizó planos y especificaciones modificadas después que se le adjudicó la construcción del proyecto denominado "Nuevas Oficinas del Palacio Municipal del Distrito Especial de San Miguelito, II Fase", obviando los procedimientos descritos para estos efectos en el. pliego de cargo, en el Código Fiscal y en los planos de construcción, lo que llevó a la construcción irregular del proyecto que fue aceptado por los funcionarios responsables de la obra provocando para que la Tesorería Municipal de ese Distrito desembolsara la suma de B/.159.668.00, por una obra que, según los peritos evaluadores, no reúne las condiciones de seguridad mínimas para proteger la vida y bienes de las personas que concurren a esas oficinas públicas, por lo que estos técnicos recomendaron reforzar o demoler las estructuras, hecho este último que ocurrió posteriormente según inspección efectuada por peritos durante el desarrollo del proceso.

Destaca la resolución final impugnada que una vez adjudicada la licitación pública y refrendado el contrato correspondiente (Nº01-92), los planos originales fueron modificados unilateralmente por el contratista, VENTAS ECONÓMICAS, S.A., sin que el contratante, municipio de San Miguelito, autorizara dichos cambios. Según la investigación de auditoría efectuada, dichos cambios y modificaciones a los planos originales de la obra trajeron como consecuencia deficiencias y anomalías en la estructura de la obra, hecho que fue plasmado en el informe técnico presentado por el Departamento de Ingeniería del municipio de San Miguelito. Posterior a este informe, la Universidad Tecnológica de Panamá y el Sistema Nacional de Protección Civil, elaboraron por su lado informes técnicos sobre la obra construida llegando ambas instituciones a la conclusión que la construcción representaba un serio peligro para las personas y podía colapsar de un momento a otro por lo que era recomendable su demolición.

Al confrontar la resolución recurrida con el recurso de reconsideración presentado por el señor Garios Ramos, bajo análisis, el Tribunal advierte que esta persona se le condenó en forma solidaria con la empresa que dirige por la lesión patrimonial causada al Estado. No cabe duda que los serios defectos de construcción presentados por la obra levantada conllevan responsabilidad no solamente para la sociedad contratista, en este caso VENTAS ECONÓMICAS, S.A., sino para la persona natural que la representó y se benefició, a título personal, con los fondos públicos desembolsados. Esa responsabilidad patrimonial, como viene expresado en el acto ahora impugnado, es solidaria para todas las personas involucradas directamente en la construcción de la obra demolida.

No basta con afirmar, como lo hace el recurrente, que la obra quedó asegurada en caso de deficiencias estructurales o fallas en la construcción, según la póliza de la compañía aseguradora, a fin de que el Estado se resarciera, eventual mente, de los perjuicios que sufriera, pues, aunque la póliza cubriera el valor total de lo desembolsado por el Estado (que normalmente no lo cubre, sino solo un porcentaje), ello no es excusa ni constituye un argumento de descargo para afirmar que no existe lesión patrimonial ni mucho menos responsabilidad patrimonial atribuible a las personas involucradas, en especial al contratista.

En el presente caso, al igual que en todos aquellos en que el Estado contrata los servicios de personas o profesionales para construir determinada obra. el contratista queda obligado a cumplir con determinadas especificaciones y compromisos así como terminar la obra en un plazo determinado. No cumplir con lo uno o con lo otro representa, además de la violación de normas contractuales, serios perjuicios para el Estado, cuantificables en muchos de los

casos económicamente.

En criterio del Tribunal lo ocurrido en el presente caso entrañó además de una seria negligencia administrativa de parte de personal del municipio de San Miguelito, también negligencia e irresponsabilidad de parte de la empresa contratista y la persona que la representaba, en este caso el señor Carlos Ramos, lo que finalmente acarreó pérdidas económicas para el Estado por la cual deben responder solidariamente los responsables del hecho. Por ello, procede confirmar la resolución recurrida en lo concerniente al señor Garios Ramos, quien no aporta elementos de juicios sólidos ni acompaña con el recurso material probatorio que convenza a este Tribunal sobre su ausencia de responsabilidad patrimonial.

Con respecto al otro recurrente, es decir, el señor Luis Oriel Díaz, el Tribunal observa, luego de una atenta lectura de (a resolución recurrida y más propiamente del expediente que, en efecto, le asiste la razón.

El señor Luis Oriel Díaz presentó durante el proceso, material probatorio que lo releva de responsabilidad patrimonial en el presente caso. En tal sentido demostró, mediante documentación, que cumplió a cabalidad sus funciones de analista de proyecto, en cuanto a la construcción del Palacio Municipal del distrito de San Miguelito se refiere. Así, consta a fojas 150, 151. 153. del infolio comunicaciones remitidas por dicha persona a ingeniería municipal informando las anomalías que presentaba la obra.

Consta, asimismo en el expediente a foja 8181 la declaración de la señora Brenda Vásquez, quien para ese entonces ocupaba el cargo de Jefa del

Departamento de Desarrollo Urbano del municipio de San Miguelito, en el cual laboraba el señor Luis Oriel Díaz. Según la declarante, el señor Díaz fue obligado a recibir la obra (debido a la ausencia del Director y Subdirector de Ingeniería Municipal) por parte del Alcalde de ese Municipio.

En torno al caso del recurrente el Tribunal advierte que. en efecto, se trataba de un funcionario de tercera categoría, (analista de proyecto o calculista), quien no tenía como función inspeccionar ni recibir obras municipales, ni aprobar u ordenar gastos. El Informe de Antecedentes lo involucró porque fue el funcionario del Municipio que recibió la obra tantas veces mencionadas, siguiendo.

Como quedó acreditado durante el proceso, órdenes superiores, que no pudo resistir.

Siendo esto asi, es decir, dada la existencia de material probatorio alegado por el recurrente el cual consta en el expediente el Tribunal considera que procede reformar el acto impugnado en cuanto a él se refiere, dejando sin efecto los cargos imputados y en consecuencia, relevándolo de responsabilidad patrimonial.

En mérito de lo expuesto, te Dirección de Responsabilidad Patrimonial, Pleno, de la Contraloría General de la República, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley;

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR la Resolución Final de Cargo y Descargo No 43-2000 de 22 de diciembre de 2000, en lo que respecta al señor Carlos Ramos, con cédula de identidad personal No 7-49-810 y en consecuencia no acceder a la reconsideración presentada por su apoderado legal.

Segundo: REVOCAR la Resolución Final de Cargo y Descargo No 43-2000 de 22 de diciembre de 2000, en lo que respecta únicamente al señor Luis Oriel

Díaz, con cédula de identidad personal Nº6-59-505 y mantenerla en todo lo demás.

Tercero: ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares dictadas sobre el patrimonio del señor Luis Oriel Díaz, con cédula de identidad personal Nº6-59-505, mediante Resolución DRP No 446-98 de 8 de octubre de 1998.

En consecuencia, procede comunicar a las entidades correspondientes lo arriba resuelto para los fines pertinentes.

Derecho: Artículo 44 del Decreto Nº65 de 23 de marzo de 1990.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

(fdo). Aurelio Correa Estribí

Magistrado Sustanciador.

(fdo). Ricardo R. Acevedo R.

Magistrado

(fdo). Antonia Rodríguez de Araúz

Magistrada

(fdo). CARLOS G. DE BELLO

Secretario General

 

RESOLUCION DRP Nº543-2006

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS (2006).

PLENO

LASTENIA DOMINGO

Magistrada Sustanciadora

VISTOS:

Esta Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República dictó la Resolución de Reparos Nº01-04 de 30 de enero del 2004 mediante la cual se ordenó el inicio del trámite para determinar y establecer la responsabilidad patrimonial que le pudiera corresponder a las siguientes personas y por los siguientes montos:

Persona Cédula Monto

Guadalupe Martínez de Berrío 3-80-1188 B/.8,532.04

Enrique Brooks 3-88-1607 B/.6,052.08

Fernando Gittens 3-72-310 B/.2,479.96.

La mencionada resolución se basó en el Informe de Antecedentes Núm.404-110-2002-DAG-DASS de 8 de octubre del 2002, relacionado con irregularidades en el proceso de pago de viáticos (alimentaria) a través del Fondo Fijo de Trabajo de la Coordinación Administrativa de la Caja de Seguro Social en la provincia de Colón, que comprende el período que corre desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1998.

La investigación de auditoría determinó la existencia de irregularidades en el procedimiento utilizado en la Coordinación Administrativa de autorizar, aprobar y refrendar desembolsos en concepto de alimentación por montos superiores a los establecidos en el Reglamento Interno de la Caja de Seguro Social lo que ocasionó perjuicio económico por un monto de cinco mil doscientos cincuenta y dos balboas (B/.5,252.00) a los fondos del Estado.

El siguiente cuadro refleja los pagos cuestionados:

Monto Pagado

Monto que debió pagarse.

Diferencia pagada de más.

Funcionarios de Contraloría

B/.413.00

B/.177.00

B/.236.00

Funcionarios y exfuncionarios

3,108.00

0.00

3,108.00

Funcionarios de la C.S.S.

3,339.00

1,431.00

1,908.00

Total.

B/.6,860.00

B/.1,608.00

B/.5,525.00

Según lo destaca la Resolución de Reparos que abrió este proceso, la Coordinación Administrativa autorizó y la Contraloría General de la República refrendó el pago de alimentación a diferentes funcionarios a razón de siete balboas (B/.7.00), cuando lo establecido en el Reglamento Interno de la Caja de Seguro Social era de tres balboas (B/.3.00), incumpliendo de esta manera el numeral 1° del artículo 43, Capítulo V, del referido reglamento.

Tales pagos fueron autorizados a funcionarios de la Contraloría General asignados a esa dependencia, por labores realizadas después del horario regular de trabajo, en concepto de alimentación, por un monto de cuatrocientos trece balboas (B/.413.00).

Destaca la Resolución de Reparos relacionada con este caso que a 28 funcionarios y ex funcionarios del Plan de Contingencia se les autorizó pagos por la suma de tres mil ciento ocho balboas (B/.3,108.00) a pesar de que realizaron labores en horario regular, que pertenecen al Ministerio de Salud y que fueron asignados por esa institución para realizar labores en la Coordinación Administrativa, reconociéndoles alimentación a razón de siete balboas (B/.7.00), cuando el reglamento interno establecía el pago de tres balboas (B/.3.00) diarios, siempre y cuando laboraran después del horario regular de trabajo; sin embargo, al revisar las listas de asistencia presentadas por la Administración para justificar el pago, observaron que a dichos funcionarios se les reconoció la alimentación por laborar jornadas regulares de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Se autorizó igualmente, el pago a veinticinco (25) funcionarios del Hospital Hugo Spadafora, en concepto de alimentación (cena) por realizar labores después de su horario regular de trabajo a razón de siete balboas (B/.7.00) en lugar de tres balboas (B/.3.00), causándose lesión por pago en exceso, de mil novecientos ocho balboas (B/.1,908.00).

El Informe de Antecedentes que sirvió de fundamento para abrir este proceso dejó constancia que la Unidad de Auditoría Interna de la Caja de Seguro Social asignada a la Coordinación Administrativa, presentó al jefe del Departamento de Presupuesto, señor Froilán Díaz, la solicitud y el detalle de los viáticos del personal de auditoría, donde solicitaron se les reconociera el pago de alimentación a razón de siete balboas (B/.7.00), por misiones realizadas en la Agencia de la Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, Centros de Salud y Sabanitas, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Con ocasión de dicha petición, el licenciado Idalberto Chiu, Coordinador Administrativo Provincial de la Caja de Seguro Social en Colón, procedió a formular consulta a la Dirección de Asesoría Legal, que mediante Memorando Nº D.DAL.M.531-99 de 19 de noviembre de 1999, suscrita por el licenciado Galo Macías, señaló que un funcionario público que preste servicio en su lugar habitual de trabajo solo es dable reconocerle gastos de alimentación cuando preste las labores fuera de su horario de trabajo, pero no contestó la solicitud respecto a la legalidad del pago de alimentación por el orden de siete balboas (B/.7.00) diarios.

El Informe de Antecedentes involucra como posibles responsables a Fernando Antonio Gittens, quien mediante Acta de Toma de Posesión de 1 septiembre de 1998 (f.263), asumió el cargo de Contador I, en la Auditoría Provincial y a través del Decreto Nº49-DDRH de 26 de febrero de 1999, se le suspende del cargo, sin derecho a sueldo, mientras dure el proceso de investigación de las irregularidades; a Enrique Brooks, quien fue nombrado mediante Decreto Nº50 de 26 de mayo de 1987 (f.268), como Asistente de Auditoría; y, a Guadalupe Martínez de Berrío, quien fungió como Coordinadora Administrativa de Colón, inició labores el 23 de noviembre de 1994 (f.269) y a través de la Resolución Nº1759-DNP de 1 de julio de 1999 (f.271), fue destituida del cargo por incumplimiento de sus deberes y la violación de las prohibiciones establecidas en el Reglamento Interno de la Caja de Seguro Social.

Consta en el expediente que la señora Guadalupe Martínez de Berrío, otorgó poder al licenciado Edwin René Muñoz, para que la representara en las investigaciones que realizó la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General de la República (f.279), y que los auditores hicieron entrega de la nota de comunicación de la investigación bajo examen a su secretaria Yasmín Aparicio, pero no recibieron respuesta.

Por su parte, el señor Enrique Brooks, mediante nota de descargos, visible a foja 282, aclaró que la fecha de su llegada a la Caja de Seguro Social, fue el 9 de noviembre de 1998; que, en esa época no se requería contar con autorización de ningún superior para la adquisición de viático, siempre y cuando fuese producto de un trabajo necesario, ello se comprueba sigue señalando- con la nota que se expidió posteriormente para suspender formalmente las horas extras, evaluaciones fiscales y otras, sin autorización previa. Agregó que a la fecha de su llegada ya se pagaban siete dólares (B/.7.00) diarios por viático; además, de que en el artículo 44 del Reglamento Interno de la Caja de Seguro Social, se señala que la Administración debería reglamentar los mismos y en ese momento la Coordinación Administrativa se basaba en la Ley de Presupuesto vigente que indicaba: desayuno tres balboas con cincuenta centésimos (B/.3.50), almuerzo siete balboas (B/.7.00) y cena siete balboas (B/.7.00).

Manifestó que todo el personal de la Contraloría General de la República trabajó sus horas para tener derecho a dichos pagos, prueba de ello fue que se depuraron las cantidades astronómicas de doscientos (200) expedientes generados a fin de año por dicha entidad y presentar una adecuada Ejecución Presupuestaria. Por esa razón, explica, se refrendaron los viáticos a funcionarios de la Caja de Seguro Social por el orden de siete balboas (B/.7.00), ya que la decisión de la Coordinación Administrativa se basaba en la Ley de Presupuesto y el artículo 44 del Reglamento Interno. Respecto al pago de viáticos al personal de contingencia, manifestó que dicho personal había finalizado su contrato, pero administrativamente se estaba gestionando su extensión que nunca llegó y la Coordinación Administrativa requería del servicio, proporcionando una cuenta por pagar. Sigue expresando que sobre ese tema se le formuló consulta, y su respuesta se basó en que cualquier empleado requiere de su pago; por lo tanto, esos empleados laboraron 8 horas diarias cobrando siete balboas (B/.7.00) el día en concepto de viático (almuerzo) sin interrupción y sustentado por cada jefe de unidad ejecutora y por la Unidad de Coordinación Administrativa, lo que, además, fue conversado con el licenciado Alcibiades Murillo Sanjur, jefe de Control Fiscal de la Caja de Seguro Social.

El señor Fernando Gittens no fue localizado en su domicilio, por lo que no se pudo entregar la nota de comunicación, según se dejó constancia a fojas 286 y 287.

La señora Edith Vargas, Jefa de Fiscalización Regional de Colón, mediante nota visible a foja 660, señaló que le correspondió refrendar los cheques en ausencia del titular del cargo, que la revisión que hizo del concepto y del monto, le indicaron que se ajustaban a lo establecido en la Ley de Presupuesto, por lo que no le llamó la atención como un hecho irregular. Agrega que si el monto a pagar se hubiera excedido al que establece la Ley de Presupuesto a los funcionarios públicos, con certeza le hubiese llamado la atención, pero no fue así.

Explicó que la reglamentación interna de la Caja de Seguro Social, que se emitió en el año 1986, jamás fue del conocimiento de ella, y que estuvo a cargo de la oficina de Auditoría de la Contraloría cuando la Caja de Seguro Social estaba integrada al Ministerio de Salud durante el período 1989 a febrero de 1991, aproximadamente, y siempre se pagó en base a la Ley de Presupuesto; que dicho reglamento, según tiene entendido, no se llegó a circular en Colón. Advierte que los fondos de la Caja de Seguro Social eran administrados por el Ministerio de Salud, bajo el criterio de integración, en lo que denominaron Sistema Integrado de Salud de Colón; que, Contraloría en Colón, no ha encontrado ninguna evidencia de la remisión de este instructivo por parte de la Administración del entonces Sistema Integrado de Salud como tampoco después de la desintegración por parte de la Caja de Seguro Social. Señaló que también desconocía lo contemplado en el Reglamento Interno relacionado con el pago de alimentación y que esos pagos se manejaban a discreción de la Administración (f.661).

El Informe de Antecedentes formula como irregularidad la autorización y refrendo de pagos en concepto de alimentación por montos superiores a los establecidos en el Reglamento Interno de la Caja de Seguro Social. Los pagos en exceso, fueron acreditados mediante los formularios de detalle de viáticos, gastos de viaje y transporte, los comprobantes de pago y los respectivos cheques cuyas copias son visibles de foja 21 a 655 del expediente.

El Reglamento Interno de la Caja de Seguro Social fue adoptado mediante la Resolución Nº15,674-98-J.D. de 9 de febrero de 1998, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, en uso de las facultades legales establecidas en el Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954, modificado por Ley 30 de 26 de diciembre de 1991, publicada en la Gaceta Oficial Nº23,496 de 9 de marzo de 1998. Según su propio texto, es de obligatorio cumplimiento para todo el personal administrativo de la institución (art. 43) y en aquellos casos no regulados se aplicarán las normas complementarias o aquellas que regulen casos o materias semejantes (art.77). Dicho reglamento, establece expresamente en su artículo 76, que la ignorancia de las disposiciones en él establecidas no servirán de excusa para su incumplimiento.

Destaca la Resolución de Reparos de este caso que el manejo de viáticos y alimentación para los funcionarios de la Caja de Seguro Social debió atender, en primera instancia, lo establecido en el Reglamento Interno; y, como quiera que el pago de alimentación y viáticos de los auditores y personal del Programa de Contingencia, procedía de los fondos de la Caja de Seguro Social, debió aplicarse lo consignado en el artículo 77 del mismo Reglamento, y aplicarse la norma reguladora de casos análogos, es decir, el mismo artículo 43, correspondiendo, entonces, el pago de alimentación a razón de tres balboas (B/.3.00).

Para apreciar mejor los hechos ocurridos y los resultados de esos hechos conforme al proceso disciplinario seguido en la Caja del Seguro Social se ofició con el número 960 S-225 de 15 de septiembre del 2003 al Director Encargado de la Caja del Seguro Social, solicitándole una copia actualizada del reglamento interno de personal y una certificación sobre los resultados y decisiones adoptadas dentro del proceso disciplinario que se llevó a cabo por las irregularidades que constituyen los hallazgos en el presente proceso de responsabilidad patrimonial.

La respuesta del Director General Encargado de la Caja del Seguro Social, doctor Rolando Villarreal G., figura en el expediente principal de fojas 705 a 818 y en ella se puede apreciar que estos hallazgos consistieron en el pago incorrecto en concepto de alimentación a funcionarios de la Institución, al personal del plan de contingencia llevado a cabo con dicha entidad y a funcionarios de Control Fiscal, atribuyéndosele responsabilidad administrativa a la licenciada Maribel C. de Garibaldi, Directora Institucional de Colón, a la señora Cecilia de Bethancourt, exAdministradora Encargada del Complejo Hospitalario Doctor Manuel Amador Guerrero, al doctor Publio A. De Gracia, Director Médico de la Policlínica Hospital de Sabanita, al licenciado Porfirio Ríos, Administrador de la Policlínica, Hugo Spadora Franco, al licenciado Fernando Guittens, Jefe Regional de Control Fiscal del Sector Salud y al licenciado Enrique Brooks, Jefe Regional de Control Fiscal del Sector Salud, por la suma de seis mil seiscientos treinta y siete balboas (B/.6,637.00), en concepto de los pagos incorrectos de alimentación.

El Informe de Antecedentes al recoger estas mismas irregularidades señala como personas involucradas a Guadalupe Martínez de Berrío por el monto de cinco mil doscientos cincuenta y dos balboas (B/.5,252.00), a Enrique Brooks, por el monto de tres mil setecientos treinta y dos balboas (B/.3,732.00) y a Fernando Guittens por el monto de mil quinientos veinte balboas (B/.1,520.00).

La Resolución de Reparos Nº01-04 de 30 de enero del 2004, fue notificada a las personas involucradas como se advierte a foja 834 vueltas del expediente.

A foja 839 consta poder otorgado por el señor Enrique Brooks al licenciado Aldo Saénz.

Posteriormente, mediante la Resolución DRP Nº172-2005 de 20 de julio de 2005 (f.1033) la Magistrada Sustanciadora admitió los testimonios del señor Rodolfo O. Palacios, con cédula de identidad personal Nº3-64-918, residente en Buena Vista, casa N°1, calle principal, provincia de Colón y del señor Julio Denis, con cédula de identidad personal Nº8-268-510, con residencia en Barriada Sagrada Resurrección, casa Nº376, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón para que comparezca con el objeto de que se ratifique de su informe.

Se advirtió que la defensa del señor Enrique Brooks asumía la carga de hacerlos comparecer en la fecha que oportunamente fijaría el Tribunal.

También la referida resolución admitió la prueba documental, consistente en informe contable, elaborado por el señor Julio Denis el cual será valorado más adelante.

Mediante Resolución DRP Nº175-2005 de 26 de julio del 2005, se fijo la fecha para la práctica de los testimonios admitidos.

De foja 1043 a 1048 consta la declaración rendida por el señor Julio Rigoberto Denis Hurtado, testigo aducido por la defensa del señor Brooks. En primer lugar el testigo se ratificó del peritaje del Informe de Antecedentes No. 404-110-2002-DAG-DASS. Destacó que es responsabilidad absoluta de la autoridad administrativa de la respectiva entidad autorizar el pago de viático.

Más adelante agrega que la diferencia o incongruencia establecida en el informe se basa en los documentos que aparecen en el expediente o en el Informe presentado por la Dirección de Auditoría General que no concuerdan o validan con los documentos examinados que aparecen debidamente detallados en el Anexo A de su peritaje y cuya suma asciende a dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro balboas (B/.2,444.00) y no a tres mil setecientos treinta y dos balboas (B/.3,732.00) como afirma el Informe de los auditores.

Expresa el testigo que según su detalle el reconocimiento del pago de viáticos según la Ley de Presupuesto se hizo a razón de siete balboas (B/.7.00) y según el Reglamento Interno debió ser a razón de tres balboas (B/.3.00) por día. Señaló que el carácter de la solicitud de viático en función a las aprobaciones hechas por el auditor Enrique Brooks evidentemente tienen una correlación con las autoridades de la entidad desde el momento que las mismas fueron aprobadas por la Administración y los respectivos departamentos de contabilidad y presupuesto.

Según el testigo por lo menos en su examen pudieron constatar que la práctica administrativa del reconocimiento de pago de viáticos, según la Ley de Presupuesto, por lo menos se daba desde febrero de 1996, período en la que ninguna de las autoridades de la Contraloría estimó que dicho pago constituyera una falta o delito, por lo que se prevé que su reconocimiento no violentaba ninguna disposición legal o constitucional; esto ocurrió, sostiene, de febrero de 1996 a diciembre de 1997, fechas anteriores al período del licenciado Enrique Brooks.

Por su parte, a fojas 1054-1056 consta la declaración rendida por el señor Rodolfo Octavio Palacios, testigo aducido igualmente por la defensa del señor Brooks.

Destacó que como auditor privado tiene aproximadamente unos 35 años de servicio y como auditor de la Contraloría aproximadamente 20 años de experiencia. A pregunta formulada en el sentido de si la Contraloría General de la República refrendó viáticos con base en la Ley de Presupuesto expresó que sí, pues es una normativa de la presupuestaria la cual cumplían conjuntamente con la aprobación de la Dirección Administrativa de las entidades en la que había laborado, tomando como base la Ley presupuestaria. Agregó que los cheques por él firmado nunca fueron catalogados como lesión patrimonial toda vez que la ley de presupuesto servía de base para refrendar los cheques emitidos por la administración de las entidades.

En cuanto a los conceptos de viáticos y alimentación manejados por la Contraloría General de la República expresó que son conceptos conflictivos debido a que se prestan para interpretaciones variadas al respecto y que incluso confunden al funcionario porque ambos se ven como una misma figura, pero el viático es más abarcador que la alimentación, porque incluye alimentación, hospedaje y transporte.

Finalmente, consta en el expediente visible a foja 1058 un análisis efectuado por la Sección de Auditoría y Bienes Cautelados de este Tribunal al Informe Pericial presentado por la defensa técnica del encausado visible de foja 847 a 850 con documentación adjunta de foja 851 a 1028. La conclusión a que arriban lo auditores de esta sección es que el monto establecido en el Informe de Antecedentes está correctamente establecido.

Corresponde ahora que este Tribunal decida el fondo de este proceso y a ello se dedica de inmediato, no sin antes advertir que en el trámite respectivo no se ha omitido el cumplimiento de solemnidades sustanciales que puedan influir en la decisión del expediente.

Como se advierte, la irregularidad en este caso consistió en dos aspectos recogidos en el Informe de Antecedentes, a saber: 1. En el procedimiento utilizado por la Coordinación Administrativa de la Caja de Seguro Social en la provincia de Colón de autorizar, aprobar y refrendar desembolsos en concepto de alimentación por montos superiores a los establecidos en el Reglamento Interno de la institución; 2. En el pago de viáticos a funcionarios del Ministerio de Salud, mediante el plan de contingencia, durante horas laborables, lo que ocasionó a juicio de los auditores perjuicio económico por un monto de cinco mil doscientos cincuenta y dos balboas (B/.5,252.00) a los fondos del Estado.

El siguiente cuadro refleja los pagos cuestionados:

Monto Pagado

Monto que debió pagarse.

Diferencia pagada de más.

Funcionarios de Contraloría

B/. 413.00

B/. 177.00

B/. 236.00

Funcionarios y ex funcionarios

B/. 3,108.00

B/. 0.00

B/. 3,108.00

Funcionarios de la C.S.S.

B/. 3,339.00

B/.1,431.00

B/. 1,908.00

Total.

B/. 6,860.00

B/. 1,608.00

B/. 5,525.00

Según lo destaca la Resolución de Reparos que abrió este proceso la Coordinación Administrativa autorizó y la Contraloría General de la República refrendó el pago de alimentación a diferentes funcionarios a razón de siete balboas (B/.7.00), cuando lo establecido en el Reglamento Interno de la Caja de Seguro Social era de tres balboas (B/.3.00), incumpliendo de esta manera el numeral 1 del del artículo 43, Capítulo V, del referido reglamento.

Tales pagos fueron autorizados a funcionarios de la Contraloría General asignados a esa dependencia, por labores realizadas después del horario regular de trabajo, en concepto de alimentación, por un monto de cuatrocientos trece balboas (B/.413.00).

Por otro lado, destaca la resolución de reparos relacionada con este caso, que a 28 funcionarios y exfuncionarios del Plan de Contingencia se les autorizó pagos por la suma de tres mil ciento ocho balboas (B/.3,108.00) a pesar de que realizaron labores en horario regular, que pertenecen al Ministerio de Salud y que fueron asignados por esa institución para realizar labores en la Coordinación Administrativa, reconociéndoles alimentación a razón de siete balboas (B/.7.00), cuando el Reglamento Interno establecía el pago de tres balboas (B/.3.00) diarios, siempre y cuando laboraran después del horario regular de trabajo; sin embargo, al revisar las listas de asistencia presentadas por la Administración para justificar el pago, observaron que a dichos funcionarios se les reconoció la alimentación por laborar jornadas regulares de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Se autorizó igualmente, el pago a veinticinco (25) funcionarios del Hospital Hugo Spadafora, en concepto de alimentación (cena) por realizar labores después de su horario regular de trabajo a razón de siete balboas (B/.7.00) en lugar de tres balboas (B/.3.00), causándose lesión por pago en exceso, de mil novecientos ocho balboas (B/.1,908.00).

De las personas encausadas la única que ejerció el derecho a defensa, como se ha visto, es el señor Enrique Brooks. De las pruebas testimoniales incorporadas al expediente se advierten los testimonios de Julio Rigoberto Denis Hurtado (f.1043) quien es contador de profesión, con más de veinte (20) años de experiencia de los cuales doce (12) se desempeñó como auditor en la Contraloría General de la República. De su declaración se desprende que en este caso no hubo irregularidad, pues en todo momento los funcionarios de fiscalización de la Contraloría, como es el caso del señor Enrique Brooks, actuaron conforme a la Ley de Presupuesto vigente para cada año fiscal en lo que respecta a las aprobaciones hechas en concepto de viáticos.

A su juicio una cosa es el pago de alimentación y otra muy distinta el pago de viáticos; por ello la Ley de Presupuesto del Estado establece un monto distinto al establecido en el Reglamento Interno de la institución investigada. Consideró que en el examen de auditoría realizado en este caso no se tomó en consideración el pago de viáticos según la Ley de Presupuesto de períodos anteriores en la que dicha práctica no constituyó un delito o falta alguna. Esto último se daba, agregó, desde febrero de 1996, período en que ninguna autoridad de la Contraloría estimó que dicho pago constituyera una falta o delito, por lo que se preveía que su reconocimiento no violentaba ninguna disposición legal o reglamentaria. Terminó señalando que no olvidemos que la Ley de Presupuesto está por encima de cualquiera disposición administrativa .

Por su parte, el testigo Rodolfo Octavio Palacios en su declaración visible de fojas 1054 a 1056, señaló que tenía aproximadamente treinta y cinco (35) años de servicio y como auditor de la Contraloría General veinte (20) años de experiencia. Expresó que los cheques firmados por él se basaban en las leyes presupuestarias y nunca fue investigado por lesión patrimonial en tal concepto. A su juicio una cosa es viático y otra alimentación. El viático, finalizó, es más abarcador que el de alimentación porque en él se incluyen alimentación, hospedaje y transporte.

Para el Tribunal luego de efectuar una atenta lectura de lo que consta en el expediente, en especial, las pruebas testimoniales aportadas por la defensa del señor Enrique Brooks, el presente caso reviste más la existencia de irregularidad administrativa que de lesión patrimonial causada al Estado. Conforme al Informe de Antecedentes que dio motivo para el inicio de este proceso, la lesión patrimonial la origina la diferencia de lo pagado en concepto de viático por la entidad administrativa tomando en cuenta lo dispuesto por la Ley de Presupuesto de la Nación y no lo dispuesto por el Reglamento Interno de la institución.

A juicio del Tribunal los funcionarios involucrados se les llamó al proceso porque en vez de aprobar y refrendar pagos en concepto de viáticos basados en el Reglamento Interno de la institución lo hicieron basándose en el monto dispuesto para tales efectos por la Ley de Presupuesto. Tales funcionarios y exfuncionarios no actuaron discrecional o arbitrariamente. Tampoco consta que se hayan beneficiado indebidamente de los fondos recibidos en tal concepto ni que no hubieran realizados las tareas que motivaron dicha erogación.

Ahora, se advierte que para determinar qué monto debía pagarse en concepto de viáticos, si el establecido en la Ley de Presupuesto de la Nación o el consagrado en el Reglamento Interno de la institución, es una cuestión de interpretación y en última instancia de coordinación administrativa interna de cada institución estatal. Pero resulta difícil atribuir lesión patrimonial a funcionarios por aprobar el desembolso fondos destinados a cubrir viáticos basados en la ley, en este caso de Presupuesto, máxime si esa fue la normativa utilizada en años anteriores al período investigado.

Con respecto al otro renglón descrito como irregular por la Resolución de Reparos, es decir, el relativo al pago de viáticos durante horario regular a funcionarios del denominado Plan de Contingencia, no teniendo derecho a ello, según lo advierte el Informe de Antecedentes de este caso, el Tribunal es del criterio, como afirma uno de los encausados, señor Enrique Brooks en sus descargos (f.282), que no existe lesión patrimonial causada al Estado.

En efecto, de fojas 237 a 241 del infolio, constan cuadros aportados por los auditores en los cuales se advierte que a la mayoría del personal de contrato se le rescindió el contrato a partir del 16 al 30 de noviembre de 1998. Luego de ello, estas personas continuaron laborando en espera, según afirmó el señor Brooks, de que se les renovara el contrato, lo que no ocurrió. Agregó que sobre ese tema a él se le formuló consulta, y su respuesta se basó en que cualquier empleado que haya laborado, tiene derecho a su pago; por lo tanto, esos empleados laboraron ocho (8) horas diarias cobrando siete balboas (B/.7.00) el día en concepto de viático (almuerzo) sin interrupción y sustentado por cada jefe de unidad ejecutora y por la Unidad de Coordinación Administrativa, lo que, además, fue conversado con el licenciado Alcibíades Murillo Sanjur, jefe de Control Fiscal de la Caja de Seguro Social.

De fojas 65 a 236 del expediente constan diferentes documentos relacionados a esta supuesta anomalía entre los cuales se advierten las listas de asistencia a su trabajo en diferentes Departamentos de la Caja de Seguro Social registrada por las personas del Plan de Contingencia por lo cual se le pagó viáticos. Se trata, por tanto, de una irregularidad administrativa antes que patrimonial, toda vez que la investigación acredita que, en efecto, estos exfuncionarios brindaron un servicio a la institución, y, comoquiera que el Ministerio de Salud no renovó los contratos ni pagó la correspondiente remuneración, la Caja de Seguro Social tuvo, necesariamente que utilizar otros medios para pagar el servicio prestado.

Por ello, esta Corporación de Justicia de los fiscal, con fundamento en los artículos 11 del Decreto de Gabinete N°36 de 1990 y los artículos 36, 38, 41 y 42 del Decreto Reglamentario N°65 de 23 de marzo de 1990 concluye que no existen los elementos suficientes y necesarios para atribuir responsabilidad patrimonial por lesión patrimonial causada al Estado a las personas llamadas al trámite en este proceso. Los hechos a que se refiere el Informe de Antecedentes de este expediente revisten características de irregularidad administrativa antes que acreditar la existencia de un perjuicio económico en contra del Estado.

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, pleno, de la Contraloría General de la República, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley;

R E S U E L V E:

Primero: DECLARAR que no existe responsabilidad patrimonial imputable a la señora Guadalupe Martínez de Berrío, con cédula de identidad personal N°3-80-1188; al señor Enrique Brooks, con cédula de identidad personal N°3-88-1607 y al señor Fernando Gittens, con cédula de identidad personal N°3-72-310.

Segundo: ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares dictadas contra el patrimonio de las personas mencionadas en el resuelto anterior.

Tercero: COMUNICAR a las entidades públicas y privadas lo resuelto mediante esta resolución.

Cuarto: ORDENAR la publicación en la Gaceta Oficial del presente acto una vez se encuentre ejecutoriado.

Fundamento de Derecho: artículos 2, 4, 9, 10, 12 del Decreto de Gabinete Nº36 de 1990, artículos 36, 38, 41 y 42 del Decreto Nº65 de 23 de marzo de 1990.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

(fdo). LASTENIA DOMINGO, Magistrada Sustanciadora

(fdo). LOURDES I. ARIAS, Magistrada

(fdo). OSCAR VARGAS VELARDE, Magistrado (CON SALVAMENTO DE VOTO)

(fdo). MARÍA CRISTINA DOVAL, Secretaria General

SALVAMENTO DE VOTO

Lamento disentir de la Resolución DRP N°543-2006 de 17 de noviembre de 2006, adoptada por la mayoría, mediante el cual se declara que no existe responsabilidad patrimonial imputable a los señores Guadalupe Martínez de Berrío, Enrique Brooks y Fernando Gittens y se ordena el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en su contra, porque, conforme a este fallo, los hechos que les atribuyen en el Informe de Antecedentes dan lugar a irregularidades administrativas antes que acreditar la existencia de un perjuicio económico al Estado.

Las irregularidades que originaron este proceso patrimonial son las siguientes:

1. El pago incorrecto de la alimentación de diversos servidores públicos a una tasa de siete balboas (B/.7.00), de acuerdo con la Ley del Presupuesto de Rentas y Gastos de la Nación, cuando el Reglamento Interno de la Caja de Seguro Social establecía una tasa menor de tres balboas (B/.3.00).

2. El pago indebido a servidores públicos y personas que prestaron servicios en el Plan de Contingencia, quienes recibieron gastos de alimentación por la suma de siete balboas (B/.7.00) dentro de la jornada ordinaria de trabajo, cuando el Reglamento Interno de Trabajo admitía el pago de los tres balboas (B/.300) para costear únicamente la cena en el caso de que se realizaran las labores después del cumplimiento de su horario regular de trabajo.

La tesis del fallo de la mayoría que hace prevalecer la ley sobre el Reglamente Interno de la Caja de Seguro Social, emitido por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y publicado en la Gaceta Oficial, me parece interesante y desde la óptica de la pirámide jurídica de Hans Kelsen es impecable, pero no se compadece con el control centralizado de la legalidad que reside en la Sala Tercera de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el texto de la Constitución Política de la República, avalada por la doctrina reiterada de esta alta corporación de justicia en materia contencioso administrativa.

Al tenor de la jerarquía piramidal del sistema jurídico, las leyes (y las demás normas que le siguen en la escala descendente), deben ceñirse a la Constitución Nacional, porque son de rango inferior a su letra y su espíritu, y los reglamentos (así como las otras disposiciones que prosiguen en la gradación descendente) deben ajustarse a los cánones legales, pues éstos son de superior rango a la preceptiva reglamentaria.

Por lo tanto, la ley, sea orgánica, sea ordinaria, que rebase el marco de la Constitución, ley fundamental del Estado, es notoriamente inconstitucional y el reglamento, sea de ejecución de las leyes, sea autónomo, sea de necesidad de urgencia, que exceda el cartabón de la ley es absolutamente ilegal.

Sin embargo, ante una incompatibilidad manifiesta entre una norma constitucional y una legal o entre una disposición legal y una reglamentaria, no tiene cualquiera de los tribunales del país que se le presente este conflicto de aplicación, no importa su categoría y su naturaleza, la facultad de aplicar la norma superior como ocurría en los inicios republicanos; hoy en día la Corte Suprema de Justicia, a través del Pleno o de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, es la única entidad de la administración de justicia que tiene encomendada la misión de decretar la inconstitucionalidad de esa ley o la ilegalidad de esa norma del reglamento, respectivamente.

En efecto, según el artículo 206, de la Carta Magna, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene la función de conocer y decidir la inconstitucionalidad de las leyes, los decretos, los acuerdos, las resoluciones y los demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquiera persona, o se lo someta a su consideración cualquier servidor público encargado de impartir justicia que advirtiere o se le advirtiere que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional.

La Corte Suprema, según el mismo artículo, ejerce la Jurisdicción Contencioso Administrativa para anular las resoluciones, las órdenes o las disposiciones que ejecuten, adopten o expidan los funcionarios públicos y las entidades nacionales, provinciales, municipales, y las entidades autónomas o semiautónomas en violación de la ley. A la Sala Tercera, de esta alta corporación, conforme al artículo 97 del Código Judicial, se le adscribe la competencia para resolver tales causas.

De este modo, no podría la Dirección de Responsabilidad Patrimonial desconocer lo dispuesto por el Reglamento Interno de la Caja de Seguro Social en materia de alimentación y aplicar en su defecto la Ley de Presupuesto porque se está arrogando una facultad que no le corresponde. En la práctica, este Tribunal está disponiendo que, en este aspecto, el reglamento vulnera la ley y que cabe dejarlo a un lado. Por tal motivo, concuerdo con la Resolución de Reparos Nº1 de 30 de enero de 2004, que ordenó el inicio del trámite para determinar y establecer la responsabilidad patrimonial por los hechos antes mencionados, cuando expresó lo siguiente:

El Reglamento Interno de la Caja de Seguro Social fue adoptado mediante la Resolución Nº 15,674-98-J.D. de 9 de febrero de 1998, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, en uso de las facultades legales establecidas en el Decreto Ley Nº14 de 27 de agosto de 1954, modificado por Ley Nº30 de 26 de diciembre de 1991, publicada en la Gaceta Oficial Nº23,496 de 9 de marzo de 1998. Según su propio texto, es de obligatorio cumplimiento para todo el personal administrativo de la institución (art. 43) y en aquellos casos no regulados se aplicarán las normas complementarias o aquellas que regulen casos o materias semejantes (art.77). Dicho reglamento, establece expresamente en su artículo 76, que la ignorancia de las disposiciones en él establecidas no servirán de excusa para su incumplimiento.

En consecuencia, el manejo de viáticos y alimentación para los funcionarios de la Caja de Seguro Social debió atender, en primera instancia, lo establecido en el Reglamento Interno; y, como quiera que el pago de alimentación y viáticos de los auditores y personal del Programa de Contingencia, procedía de los fondos de la Caja de Seguro Social, debió aplicarse lo consignado en el artículo 77 del mismo Reglamento, y aplicarse la norma reguladora de casos análogos, es decir, el mismo artículo 43, correspondiendo, entonces, el pago de alimentación a razón de tres balboas (B/.3.00).

Por las razones expuestas, respetuosamente salvo mi voto.

Fecha ut supra.

(fdo) OSCAR VARGAS VELARDE, Magistrado

(fdo). MARÍA CRISTINA DOVAL, Secretaria General

 

ACUERDO Nº 22

(DEL 11 DE OCTUBRE 2007)

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA UN CRÉDITO SUPLEMENTARIO DE INGRESOS Y GASTOS POR UN MONTO DE B/. 25,400.00 (VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 00/100) PARA REFORZAR RENGLONES CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO VIGENTE LOS CUALES, ACTUALMENTE, TIENEN SALDOS INSUFICIENTES .

EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTIRTO DE SANTIAGO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y

C O N S I D E R A N D O:

Que existen los fondos para realizar este Crédito Suplementario.

Que es obligación presentar al Consejo Municipal, para su aprobación, Créditos Suplementarios.

Que el monto solicitado será para incrementar partidas de funcionamiento del Consejo, Alcaldía, Tesorería y Corregiduría., toda vez que existan rubros con insuficiencia de montos los cuales hay que incrementar.

Que el monto solicitado será para incrementar el presupuesto, ya que el mismo refleja un superávit en los siguientes renglones: 8594112811 Circulación de Vehículos Particulares, 8594112812 Circulación de Vehículos Comerciales y 8594126001 Multa Recargos e Intereses.

Que el monto solicitado será para incrementar el presupuesto en los siguientes renglones de gastos: Consejo B/ 12,000.00; Administración B/. 8,100.00; Tesorería B/. 4,000.00 y Corregiduría B/. 1,300.00.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar a la Administración Municipal un Crédito Suplementario de B/. 25,400.00, para reforzar saldos insuficientes detallados a continuación.

Código

Detalle

Presup. Ley

Aumento

Presup. Modif.

Ingreso

8594112811

Circulación de Vehículos Particulares

126,500.00

11,000.00

137,500.00

8594112812

Circulación de Vehículos Comerciales

110,500.00

12,000.00

122,500.00

8594126001

Multas Recargos e Intereses

18,000.00

2,400.00

20,400.00

TOTAL

255,000.00

25,400.00

280,400.00

Gastos

CONCEJO

5.94.0.01.01.01.646

Municipalidades y Juntas Comunales

84,000.00

12,000.00

96,000.00

SUB-TOTAL

84,000.00

12,000.00

96,000.00

ADMINISTRACIÓ

5.94.0.01.02.01.141

Viáticos dentro del País

2,700.00

300.00

3,000.00

5.94.0.01.02.01.201

Alimento para Consumo Humano

4,300.00

1,000.00

5,300.00

5.94.0.01.02.01.203

Bebidas

700.00

200.00

900.00

5.94.0.01.02.01.221

Diesel

14,950.00

2,500.00

17,450.00

5.94.0.01.02.01.223

Gasolina

4,370.00

1,500.00

5,870.00

5.94.0.01.02.01.259

Otros Materiales de Construcción

4,180.00

1,300.00

5,480.00

5.94.0.01.02.01.272

Útiles Deportivos y Recreativos

1,500.00

300.00

1,800.00

5.94.0.01.02.01.611

Donativos a Personas

14,150.00

1,000.00

15,150.00

SUB-TOTAL

46,850.00

8,100.00

54,950.00

TESORERÍA

5.94.0.01.03.01.120

Impresión, Encuadernación y Otros

5,300.00

3,000.00

8,300.00

5.94.0.01.03.01.269

Otros Productos Varios

41,585.00

1,000.00

42,585.00

SUB-TOTAL

46,885.00

4,000.00

50,885.00

CORREGIDURÍA

5.94.0.03.02.01.120

Impresión, Encuadernación y Otros

600.00

500.00

1,100.00

5.94.0.03.02.01.232

Papelería

500.00

500.00

1,000.00

5.94.0.03.02.01.275

Útiles y Materiales de Oficina

770.00

300.00

1,070.00

SUB-TOTAL

1,870.00

1,300.00

3,170.00

GRAN TOTAL

179,605.00

25,400.00

205,005.00

ARTÍCULO SEGUNDO: Este acuerdo rige a partir de su aprobación y sanción.

FUNDAMENTO DE DERECHO: LEY 106 DE 1973. REFORMADA POR LA LEY 52 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1984.

DADO Y APROBADO POR EL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE.

H.R. ERIC RAMOS AIDA I. ORTEGA

PRESIDENTE CONSEJO MUNICIPAL SECRETARIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO

DESPACHO DEL ALCALDE

SANCIONADO

12-10-2007

RUBÉN PATIÑO R.

ALCALDE MUNICIPAL

JACQUELINE DE REYES

SECRETARIA GENERAL


Avisos

Por medio de la Escritura Pública No.29,405 de 27 de noviembre del año 2007, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, registrada el 4 de diciembre del año 2007, a la Ficha 550666, documento 1254484, de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, ha sido disuelta la sociedad BELWYN FINANCE S.A. L.201-262701

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Por medio de la Escritura Pública No.29,663 de 29 de noviembre de 2007, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, registrada el 5 de diciembre de 2007, a la Ficha 473679, Documento 1255868, de la Sección de (Mercantil) del Registro Público de Panamá, ha sido disuelta la sociedad ALUPAR FINANCE CORP. L.201-262984

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Por medio de la Escritura Pública No.28,914 deL 21 de noviembre del año 2007, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, registrada el 5 de diciembre del año 2007, a la Ficha 359091, Documento 1255723, de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, ha sido disuelta la sociedad BANJU LAJU MARITIME S.A. L.201-262986

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Edictos

EDICTO EMPLAZATORIO Jurisdicción Especial de Trabajo La Junta de Conciliación y Decisión No.13 Emplaza a: DISTRIBUIDORA INFINITY, S.A. y GISELLE DE FERNÁNDEZ Para que dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la última publicación de este Edicto en un periódico de la localidad, comparezca por medio de su Representante Legal o Apoderado Judicial, para hacer valer sus derechos en el juicio laboral interpuesto por Domingo Otero P. contra Distribuidora Infinity, S.A. y Giselle de Fernández. Se advierte al emplazado que de no comparecer al Tribunal dentro del plazo arriba indicado, se le nombrará un defensor de ausente, con quien se seguirán todos los trámites del juicio hasta su terminación. Por tanto, se fija el presente Edicto en lugar público de la Secretaría Judicial y copia del mismo se entrega al interesado para su publicación. Dado en la ciudad de Panamá a los veintiséis (20) días de noviembre de dos mil siete (2007). (fdo.) Manuel A. Cid Valenzuela Presidente de la Junta de Conciliación y Decisión No.13 (fdo.) Sr. Héctor González Rep. de los Trabajadores (fdo.) Celia Muñoz Rep. de los Empleadores (fdo.) Nick N. García Atencio Secretario Judicial. L.201-262688

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República de Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región No.2, Veraguas Edicto No.277-03 El suscrito funcionario sustanciador de la Dirección Nacional de la Reforma Agraria, en la provincia de Veraguas al público Hace Constar Que el señor (a) CLAUDIO FERNANDO ALMENDRAS DE LEON vecino(a) de Río Lajas del corregimiento de Arenas Distrito de Montijo, Provincia de Veraguas, portador de la cédula de identidad personal No.7-79-862, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria mediante solicitud No.9-8818 del 16 de junio de 1992 según plano aprobado No.906-02-11746, la adjudicación del título oneroso de una parcela de tierra patrimonial adjudicable con una superficie de 40 Has +867.20 m2 que forma parte de la finca No.135, inscrita al Rollo 14218, Doc. 12, de propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. El terreno está ubicado en la localidad de Lajas corregimiento de Arenas, Distrito de Montijo, Provincia de Veraguas, comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte Felipa E. Peña y Amado Campos Sur: Claudio F. Almendras y Servidumbre de 5.00 mts a Camino a Cambutal Este: Amado Campos Oeste: Felipa E. Peña y Francisco Peña. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de Montijo o en la corregiduría de --- Y copia del mismo se le entregará al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Santiago, a los 15 del mes de diciembre de 2003 (fdo.) Lilian M. Reyes Guerrero Secretaria Ad-Hoc (fdo.) Lic. Abdiel Abrego Funcionario Sustanciador. L.201-260064

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República de Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región No.2, Veraguas Edicto No.278-03 El suscrito funcionario sustanciador de la Dirección Nacional de la Reforma Agraria, en la provincia de Veraguas al público Hace Constar Que el señor (a) CLAUDIO FERNANDO ALMENDRAS DE LEON vecino(a) de Río Lajas del corregimiento de Arenas Distrito de Montijo, Provincia de Veraguas, portador de la cédula de identidad personal No.7-79-862, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria mediante solicitud No.9-0492 del 17 de agosto de 1998 según plano aprobado No.906-02-11745, la adjudicación del título oneroso de una parcela de tierra patrimonial adjudicable con una superficie de 45 Has +7315.01 m2 que forma parte de la finca No.135, inscrita al Rollo 14218, Doc. 12, de propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. El terreno está ubicado en la localidad de Lajas corregimiento de Arenas, Distrito de Montijo, Provincia de Veraguas, comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: Claudio F. Almendras Sur: Camino de 6.00 mts a Cambutal a Sierra y Área Inadjudicable, Claudio Almendras y Servidumbre de 5.00 mts de anc. Este: Servidumbre de 5.00 mts y Amado Campos. Oeste: Francisco Peña. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de Montijo o en la corregiduría de --- Y copia del mismo se le entregará al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en Santiago, a los 15 del mes de diciembre de 2003 (fdo.) Lilian M. Reyes Guerrero Secretaria Ad-Hoc (fdo.) Lic. Abdiel Abrego Funcionario Sustanciador. L.201-260061

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República de Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región No.2, Veraguas Edicto No.377-2007 El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de la Reforma Agraria, en la provincia de Veraguas al público Hace Saber Que el señor (a) ASENTAMIENTO CAMPESINO URRACA No.1, Presidente Gerardo Castro Castillo, vecino(a) de La Huaca, Corregimiento La Raya de Santa María, Distrito de Santiago, portador de la cédula No.9-49-459, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No.9-614 Ficha Catastral No.7525090030008, adjudicación de un título oneroso de una parcela de tierras baldías Nacionales, adjudicable con una superficie de 27 has +3855 m2 ubicadas en La Huaca, Corregimiento de La Raya de Santa María, Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Camino del Irlandés a La Huaca 8 metros, Andrés Núñez López. Sur: Faustino Castro Ortega, Camino de Servicio a la Huaca 6 metros. Este: Andrés Núñez López, Camino de Servicio a la Huaca de 6 metros. Oeste: Graciela Castro Ortega, Camino del Irlandés a La Huaca 8 metros. Para los efectos legales se fija este edicto en un lugar visible de este despacho y en la alcaldía del Distrito de Santiago y copia del mismo se entregará al interesado para que las hagan publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de 15 días hábiles a partir de la última publicación. Santiago, 13 de Noviembre 2007 (fdo.) Ana E. Adames Secretaria Ad-Hoc. (fdo.) Magíster Abdiel Abrego Funcionario Sustanciador. L.201-259517

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República de Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región No.2, Veraguas Edicto No.378-2007 El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de la Reforma Agraria, en la provincia de Veraguas al público Hace Saber Que el señor (a) ASENTAMIENTO CAMPESINO URRACA No.1, Presidente Gerardo Castro Castillo, vecino(a) de La Huaca, Corregimiento La Raya de Santa María, Distrito de Santiago, portador de la cédula No.9-49-459, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No.9-609 Ficha Catastral No.7525090010030, adjudicación de un título oneroso de una parcela de tierras baldías Nacionales, adjudicable con una superficie de 17 has +8747 m2 ubicadas en La Huaca, Corregimiento de La Raya de Santa María, Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Camino Noreste a La Huaca 10 metros, José Gabriel Mendoza Torres, Arquímedes Carrera Ramos. Sur: Román Fuentes Mendoza, Camino de Servicio Este a La Huaca 8 metros, Fidel Villarreal. Este: Arquimides Carrera Ramos, José Gabriel Mendoza Torres, Román Fuentes Mendoza. Oeste: Camino Noreste a La Huaca de 10 metros, Fidel Villarreal. Para los efectos legales se fija este edicto en un lugar visible de este despacho y en la alcaldía del Distrito de Santiago y copia del mismo se entregará al interesado para que las hagan publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de 15 días hábiles a partir de la última publicación. Santiago, 13 de Noviembre 2007 (fdo.) Ana E. Adames Secretaria Ad-Hoc. (fdo.) Magíster Abdiel Abrego Funcionario Sustanciador. L.201-259520

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República de Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región No.2, Veraguas Edicto No.379-2007 El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de la Reforma Agraria, en la provincia de Veraguas al público Hace Saber Que el señor (a) ASENTAMIENTO CAMPESINO URRACA No.1, Presidente Gerardo Castro Castillo, vecino(a) de La Huaca, Corregimiento La Raya de Santa María, Distrito de Santiago, portador de la cédula No.9-49-459, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No.9-610 Ficha Catastral No.7525090020005, adjudicación de un título oneroso de una parcela de tierras baldías Nacionales, adjudicable con una superficie de 2 has +8944 m2 ubicadas en La Huaca, Corregimiento de La Raya de Santa María, Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Camino de Servicio Este a La Huaca 8 metros, Román Fuentes Mendoza. Sur: Ramón Ávila, Fidel Villarreal. Este: Román Fuentes Mendoza, Ramón Ávila. Oeste: Camino de Servicio Este a La Huaca de 8 metros y Fidel Villarreal. Para los efectos legales se fija este edicto en un lugar visible de este despacho y en la alcaldía del Distrito de Santiago y copia del mismo se entregará al interesado para que las hagan publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de 15 días hábiles a partir de la última publicación. Santiago, 13 de Noviembre 2007 (fdo.) Ana E. Adames Secretaria Ad-Hoc. (fdo.) Magíster Abdiel Abrego Funcionario Sustanciador. L.201-259521

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República de Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región No.2, Veraguas Edicto No.380-2007 El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de la Reforma Agraria, en la provincia de Veraguas al público Hace Saber Que el señor (a) ASENTAMIENTO CAMPESINO URRACA No.1, Presidente Gerardo Castro Castillo, vecino(a) de La Huaca, Corregimiento La Raya de Santa María, Distrito de Santiago, portador de la cédula No.9-49-459, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No.9-607 Ficha Catastral No.7525090010019, adjudicación de un título oneroso de una parcela de tierras baldías Nacionales, adjudicable con una superficie de 15 has +3057 m2 ubicadas en La Huaca, Corregimiento de La Raya de Santa María, Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Camino del Norte a La Huaca 10 metros, José Del Carmen García Carvajal, José Gabriel Mendoza Torres. Sur: Camino Noreste a La Huaca 10 metros, Reyes Rodríguez Pardo, Miguel Trejos Campines, Daniel Antonio Núñez Cedeño, Fidel Villarreal. Este: José Gabriel Mendoza Torres, Camino Noreste a La Huaca 10 metros. Oeste: Camino del Pedernal a La Huiaca de 10 metros, Camino Norte a La Huaca 10 metros. Para los efectos legales se fija este edicto en un lugar visible de este despacho y en la alcaldía del Distrito de Santiago y copia del mismo se entregará al interesado para que las hagan publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de 15 días hábiles a partir de la última publicación. Santiago, 13 de Noviembre 2007 (fdo.) Ana E. Adames Secretaria Ad-Hoc. (fdo.) Magíster Abdiel Abrego Funcionario Sustanciador. L.201-259524

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República de Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región No.2, Veraguas Edicto No.382-2007 El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de la Reforma Agraria, en la provincia de Veraguas al público Hace Saber Que el señor (a) ASENTAMIENTO CAMPESINO URRACA No.1, Presidente Gerardo Castro Castillo, vecino(a) de La Huaca, Corregimiento La Raya de Santa María, Distrito de Santiago, portador de la cédula No.9-49-459, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No.9-612 Ficha Catastral No.7525090020019, adjudicación de un título oneroso de una parcela de tierras baldías Nacionales, adjudicable con una superficie de 41 has +8558 m2 ubicadas en La Huaca, Corregimiento de La Raya de Santa María, Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: José Del Carmen Aranda Ortega, Camino de Servicio a La Huaca 6 metros, Iris Concilia Peñalosa Olave, Máximo Barría, Edilma Villarreal de Castro, Jorge Carrera, Eduardo Vieto Carrera Ramos, Brigido Aparicio Pérez, Melania Castillo de Carrera, Francisco Marín Díaz, Antonio Pinzón. Sur: Instituto Nacional de Agricultura, Camino Viejo de La Huaca a Cañazas Abajo 10 metros. Este: Camino Viejo de La Huaca a Cañazas Abajo 10 metros, Antonio Pinzón, Victoriano Peralta González, Eugenio Marín, Domitilo Olave Pinzón, Marisol Pinzón Carrera, Donald González Pinzón, Adita Yorlenis Castro Ramos, Sofía Núñez de Castro, Tilcia Edilma Carrera de Alain. Oeste: Instituto Nacional de Agricultura, José Del Carmen Aranda Ortega, Andrés Núñez López. Para los efectos legales se fija este edicto en un lugar visible de este despacho y en la alcaldía del Distrito de Santiago y copia del mismo se entregará al interesado para que las hagan publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de 15 días hábiles a partir de la última publicación. Santiago, 13 de Noviembre 2007 (fdo.) Ana E. Adames Secretaria Ad-Hoc. (fdo.) Magíster Abdiel Abrego Funcionario Sustanciador. L.201-259528

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República de Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región No.2, Veraguas Edicto No.383-2007 El Suscrito Funcionario Sustanciador de la Dirección Nacional de la Reforma Agraria, en la provincia de Veraguas al público Hace Saber Que el señor (a) ASENTAMIENTO CAMPESINO URRACA No.1, Presidente Gerardo Castro Castillo, vecino(a) de La Huaca, Corregimiento La Raya de Santa María, Distrito de Santiago, portador de la cédula No.9-49-459, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No.9-611 Ficha Catastral No.7525090040004, adjudicación de un título oneroso de una parcela de tierras baldías Nacionales, adjudicable con una superficie de 31 has +3611 m2 ubicadas en La Huaca, Corregimiento de La Raya de Santa María, Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Río Santa María7 metros, Marcial Vásquez Alain. Sur: Camino del Pedernal a La Huaca 10 metros, Juan Francisco Alain Martínez. Este: Marcial Vásquez Alain, Franklin Fernando Olave Ramos, Juan Francisco Alain Matínez. Oeste: Camino del Pedernal a La Huaca 10 metros, Quebrada Joron, Río Santa María 7 metros, Manuel Augusto Villarreal De Frias. Para los efectos legales se fija este edicto en un lugar visible de este despacho y en la alcaldía del Distrito de Santiago y copia del mismo se entregará al interesado para que las hagan publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de 15 días hábiles a partir de la última publicación. Santiago, 13 de Noviembre 2007 (fdo.) Ana E. Adames Secretaria Ad-Hoc. (fdo.) Magíster Abdiel Abrego Funcionario Sustanciador. L.201-259531

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República de Panamá Ministerio de Desarrollo Agropecuario Dirección Nacional de Reforma Agraria Región No.2, Veraguas Edicto No.397-2007 El suscrito funcionario sustanciador de la Dirección Nacional de la Reforma Agraria, en la provincia de Veraguas al público Hace Constar Que el señor (a) CALIXTO SANTOS PEREZ vecino de Pixvae, Corregimiento Pixvae, Distrito de Las Palmas, portador de la Cédula No.9-82-2639, ha solicitado a la Dirección Nacional de Reforma Agraria, mediante solicitud No.9-0794, plano aprobado No.905-08-13163, la adjudicación de un título oneroso de una parcela de tierras baldías Nacionales, adjudicable, con una superficie de 12 Has +2759.07 m2, ubicadas en Playa Azul, Corregimiento de Pixvae, Distrito de Las Palmas, Provincia de Veraguas, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Camino de 12.00 metros a Lovaina a otros lotes, Finca No.29749, Documento 86, propiedad de Bahía Honda L.D.C. Sur: Área Inadjudicable. Este: Finca 1670, Documento 1, propiedad de Bahía Honda L.D.C. Terrenos Nacionales ocupados por Calixto Santos P. Oeste: Finca No.22,044, Documento 16, propiedad de Bahía Honda L.D.C. Para los efectos legales se fija el presente Edicto en lugar visible de este Despacho, en la Alcaldía del Distrito de Las Palmas, y copia del mismo se le entregará al interesado para que los haga publicar en los órganos de publicidad correspondientes, tal como lo ordena el artículo 108 del Código Agrario. Este Edicto tendrá una vigencia de quince (15) días a partir de la última publicación. Dado en la ciudad de Santiago, 27 de noviembre del año 2007 (fdo.) (fdo.) Lic. Abdiel Abrego Funcionario Sustanciador. Eneida Donoso Atencio Secretaria Ad-Hoc L.201-261355

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